GOB BC

viernes, 4 de septiembre de 2015

Expone Reyes Ledesma que el conflicto territorial Ensenada-Rosarito se debe definir en los términos de la legalidad.

Legislador local se reúne con GTI


QPBC Ensenada a 04 de Septiembre del 2015.- El diputado local Armando Reyes Ledesma se reunió esta mañana con  los miembros del Grupo Interdisciplinario de Trabajo para la Defensa del Territorio de Ensenada (GTI) quienes desde hace 8 años han estudiado y colaborado con las autoridades municipales en este asunto. En la reunión se analizó el estado que guarda la Controversia Territorial por la cual el Congreso del Estado  habrá de resolver el conflicto territorial existente entre Ensenada y Playas de Rosarito. 

En la reunión se tomó en cuenta que el origen del conflicto es la información técnica equivocada que en 1995 le proporcionó la SAHOPE, ahora Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) al Congreso del Estado para que el Congreso emitiera el decreto que creaba el V Municipio. Que en 1995 la SAHOPE/SIDUE le informó al Congreso que la superficie repartible entre el nuevo municipio de Playas de Rosarito y Tijuana era de 1,762 Km2, no obstante que la ley establecía que la superficie del municipio de Tijuana era de únicamente 1,584 Km2.  
Durante el encuentro de trabajo y al ser cuestionado por  los integrantes del GIT de que si al votarse la decisión final de la Controversia Territorial el diputado Armando Reyes Ledesma -como representante de este Municipio-votará a favor de Ensenada, el legislador contestó que va a votar a favor de Ensenada por convicción jurídica, no por razones localistas ni políticas. 
Reyes Ledesma expuso que está consciente que en este conflicto la postura de Ensenada está apegada a la ley, y que también está consciente que ni él ni ningún diputado puede ni debe emitir su voto basado en localismos o intereses políticos, porque los 25 diputados bajacalifornianos, al igual que todos los funcionarios federales, estatales y municipales, están obligados a actuar conforme al principio de legalidad contenido en la Constitución, el cual ordena que las autoridades no pueden actuar conforme a su arbitrio, sino que su actuación siempre debe estar apegada y sujeta a lo que manda la ley.   

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