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jueves, 17 de septiembre de 2015

FIRMAN CONVENIO PARA ARMONIZAR LEGISLACIÓN ESTATAL CON LEYES FEDERALES EN EL RESPETO A DERECHOS DE LA NIÑEZ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Es signado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los Ayuntamientos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos


El convenio de colaboración fue impulsado y organizado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Julio César Vázquez



QPBC Tijuana, B. C., jueves 17 de septiembre de 2015.- Con el impulso y organización del presidente del Congreso del Estado, diputado Julio César Vázquez Castillo, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración para armonizar la legislación estatal con la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue suscrita por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los Ayuntamientos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

          “En el marco de este convenio las partes acuerdan que propondrán los mecanismos para apoyarse mutuamente en la realización de actividades académicas, científicas, culturales, de investigación, de capacitación y difusión, así como de estudios, cursos, foros, talleres y conferencias y demás labores de naturaleza similar vinculadas con el cumplimiento del convenio”, informó en su discurso el titular de la Mesa Directiva de la XXI Legislatura local.
          Vázquez Castillo, quien además funge como presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Tercera Edad y Niñez del Poder Legislativo, indicó también que este acto marca el inicio de una nueva etapa en la que gobierno y sociedad trabajarán coordinadamente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los niños bajacalifornianos, con el fin de que puedan crecer y desarrollarse plenamente y alcanzar todo su potencial, afirmó.
          En ese sentido, abundó el legislador que los objetivos fundamentales de la armonización legislativa estatal con la Ley General serán el reconocer a las personas con discapacidad, a la niñez y a los adolescentes como sujetos titulares de derechos, así como establecer la forma y los mecanismos en que estos serán promovidos, respetados y garantizados por la familia, la comunidad y el Estado mexicano.
          En el evento, que se realizó en el Centro Estatal de las Artes de esta ciudad, estuvieron presentes el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y la señora Brenda Ruacho de Vega, presidenta del DIF estatal, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vázquez; la licenciada Diana Díaz Montiel, de Unicef México, funcionarios estatales y municipales, además de organizaciones civiles de apoyo a personas con discapacidad.
          Asimismo hicieron acto de presencia los alcaldes Jorge Astiazarán Orcí, de Tijuana; Silvano Abarca Macklis, de Rosarito; César Moreno González de Castilla, de Tecate; además del regidor David Reynoso González, en representación del presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; la directora de Desarrollo Social Gabriela Cuevas Galván, en representación del munícipe ensenadense Gilberto Hirata Chico, y la presidenta de la CNDH, Melba Olvera Rodríguez, además de las legisladoras Rosalba López Regalado, Mónica Bedoya Serna y Rosa Isela Peralta Casillas.
          Al hacer uso de la voz, el titular del Ejecutivo y los alcaldes de Baja California coincidieron en felicitar la labor del diputado Julio César Vázquez por su capacidad de convocatoria para la realización de este importante evento, mediante el cual se fortalecerán –dijeron– los mecanismos de colaboración para llevar a cabo las acciones en pro de defensa de los derechos de la niñez y las personas con discapacidad.
          Al finalizar la firma del convenio Diana Díaz, representante de Unicef México, dio un curso dirigido a secretarios técnicos de los diputados de la XXI Legislatura y a funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, donde se les explicó la manera de lograr una mejor y más productiva armonización de las leyes estatales con las federales en materia de protección de los derechos antes citados.
         

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