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jueves, 8 de octubre de 2015

Juzgue usted: De regreso

Han pasado poco más de tres años desde mi publicación anterior, y a partir de ahora, pretendo reintegrarme a este ejercicio editorial.


Juzgue Usted es el título de la columna que he escrito desde 1994 en períodos intermitentes, analizando y comentando temas de importancia general particularmente en temas vinculados con seguridad y justicia local, regional y nacional; sin embargo, es a partir de enero de 2005 cuando semanalmente comienzo a publicar en un diario local a partir de haber sido seleccionado -previo concurso- para ello.
Y aclaro, todas las colaboraciones desde entonces han sido de manera gratuita.
A partir de 2008 cambio del diario verde al azul –qué paradójico- y comienzo a publicar dos veces por semana; cuatro años después tomo un descanso editorial a partir de abril de 2012 considerando la carga de trabajo que para esas fechas tenía en el Consejo de la Judicatura Federal, donde me desempeñé en ese lapso como secretario técnico.

 Para julio de ese mismo año regresé a Baja California colaborando con el V Ayuntamiento de Rosarito en la Dirección de Seguridad Pública de donde, a la conclusión del mandato constitucional del alcalde Javier Robles, me incorporé a la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos –hoy Comisión Estatal-, donde continúo laborando a pesar de las incomodidades y oposiciones de algunos –lo que en su momento comentaré a detalle-.
Paralelamente a mi actividad como servidor público y como editorialista, en mi estancia en el DF publiqué tres libros: Con las alas rotas –medio siglo de procuración de justicia en Baja California-; La caída –análisis criminalístico del desplome del Learjet 45-, y Que la nación se lo demande –cronología de la fallida guerra presidencial de Felipe Calderón contra el crimen organizado-.
Hoy pretendo retomar la publicación de esta columna dos veces por semana -igual a cuando le puse pausa en 2012-, y con la misma intensidad que entonces, motivado fundamentalmente por la exacerbada incompetencia que se vive en las áreas de seguridad y justicia en nuestro estado, así como por el incremento delincuencial que se respira con marcado énfasis en Tijuana, producto de la ineficacia de las instituciones encargadas de prevenir delitos y perseguir delincuentes, de la desfachatez de las autoridades responsables que piensan que el mundo es color de rosa, y por diversas razones más de las que iremos dando puntual cuenta de ello en un análisis crítico y exhaustivo pero sobretodo propositivo, sin dejar de resaltar la irresponsabilidad y negligencia de servidores públicos que no se dan cuenta –o lo disimulan bien- de la ineficacia de su desempeño por lo que tampoco muestran visos de rectificar el rumbo.
Baja California padece una grave crisis de inseguridad que se ha recrudecido en los últimos dos años. Tijuana y Mexicali son la muestra más evidente, sin soslayar en lo absoluto a los otros municipios. Las policías preventivas tanto municipal como estatal no previenen la incidencia y, por el contrario, esta aumenta de forma dramática por más que pretendan dibujar otro esquema y maquillar las cifras tanto el estado –SSPE- como el municipio –SSPM-. La impunidad que resulta de la mala prevención se agudiza e intensifica con la ineficacia de la PGJE y el visible colapso del NSJP (Nuevo Sistema de Justicia Penal), en donde el nivel de incompetencia –asuntos no resueltos- rebasa el 80 por ciento de los delitos cometidos; esto es, de cada cien delitos, más de 80 quedan rezagados no sólo sin resolver sino sin investigar, y de los pocos que llegan a ser enjuiciados, muchos obtienen su libertad por deficiencias en la integración de averiguaciones previas y de carpetas de investigación, en su caso.
Aquí iremos viendo a detalle los números y puntualizando respecto de las cuentas alegres. Compartiré la visión y reflexión porque no es posible que las cosas sigan tan mal y no se rectifique el rumbo pues, como siempre he insistido en ello, así como no se debe jugar con la seguridad pública, tampoco debe de ser botín de manejo político a conveniencia de los gobernantes ni de los encargados de esta, porque las instituciones son fuertes y sólidas a base de eficiencia y eficacia, probada y sostenible, y no de manejo mediático ni de pedidos a la carta.
Pero no sólo el poder ejecutivo tiene la responsabilidad de manera exclusiva sino que también inciden otros actores, como algunos diputados del congreso local que, con su actuar, obstruyen el avance de la justicia. Continuará.
Fuente: http://www.encuentro29.com/vercolumnas.php?artid=163077&relacion=relacionada&cat=403

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