GOB BC

sábado, 22 de octubre de 2016

PROPONE DIPUTADA AGATÓN REFORMAR CÓDIGO PENAL PARA ELEVAR PENA EN DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La corrupción invade a todos los sectores públicos y privados, genera altos costos para la sociedad

Diariamente se exponen en las noticias actos de gobernadores, lo cual es alarmante
 


QPBC Mexicali, viernes 21 de octubre de 2016.- “La corrupción por muchos años, ha sido el “as” bajo la manga del sistema político, que ha servido para legitimar irónicamente a los nuevos gobernantes, controlar a los simpatizantes, reprimir adversarios, reducir las injusticias, promover actividades económicas, y acentuar los errores legales”, indicó la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz.
Mencionó que en este tema, se ha dañado y desprestigiado claramente, la figura de la administración pública en el país y en Baja California, marcada por una fusión completa entre las élites políticas, la alta burocracia y los empresarios; que ha favorecido el desarrollo de la  “corrupción institucionalizada”, causada por el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada con fines privados, el clientelismo, el abuso de autoridad, y el nepotismo.

Así lo expresó la legisladora del PT, al presentar ante el Pleno, una Iniciativa de Reforma al Artículo 307 del Código Penal local, que establece el tipo y punibilidad del delito de tráfico de influencias, proponiendo modificar el primer párrafo de dicho artículo, aumentando la punibilidad para el servidor público que haya cometido este delito.

Esto por considerar que la concepción del tráfico de influencias es sumamente genérica, ya que deja abierta la posibilidad que a través de lo enunciado, no pueda distinguirse plenamente la acción de cometer este delito, omitiendo circunstancias específicas que debieran estar perfectamente encuadrados en este tema.

Por tales motivos, Claudia Agatón plantea que: “se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de orden público, al servidor público que por sí o por interpósita persona, haga las siguientes actividades: Promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, entre otras.
 
En su exposición de motivos, señaló también que lo delicado y preocupante de la corrupción, es que no sólo invade a todos los sectores de la sociedad tanto públicos como privados; sino que son altos los costos que genera para la sociedad.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, los actos de corrupción cuestan a México en total 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Resaltó que se han dado a conocer en el país, casos sobre distintos actos de corrupción llevados a cabo por todo tipo de funcionarios de los tres niveles, así como en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Ejemplo de ello, los encontramos diariamente en las noticias sobre actos de corrupción, materializados por gobernadores y exgobernadores de los estados en nuestro país, por solo decir algunos casos, lo cual es sumamente alarmante”, puntualizó.