La impunidad oficial.
Por :
Gilberto LAVENANT
La justicia, es una de las prestaciones, a
cargo del Estado o gobierno, y a favor de los gobernados, con más deficiencias
o ineficiencias. Es uno de los valores fundamentales de todo orden jurídico y
tiene por objeto el bienestar de los ciudadanos y la convivencia armónica.
Cuando se violan los derechos de una persona,
o se le causa un daño, físico o moral, la obligación del Estado o gobierno, es
atender el reclamo, hacer la indagatoria correspondiente y ejercer acción
penal, en los casos en que se acredite que efectivamente hay elementos para
presumir la comisión de uno o más delitos.
Esta tarea corresponde al área de la
procuración de justicia, precisamente a cargo de la Procuraduria de Justicia,
dependiente del Ejecutivo del Estado, o sea del Gobernador. La aplicación de
las sanciones, se dá en el ámbito de la administración de justicia, a cargo del
Poder Judicial, por conducto de los juzgadores.
Los principales problemas, por deficiencias,
ineficiencias y triquiñuelas, surgen precisamente en la procuración de
justicia, en donde el grado de impunidad es enorme, exagerado, algo así como
del 98%. Es fácil corroborarlo. Basta una auditoría administrativa a la
Procuraduría, a cargo de Rommel Moreno Manjarrez.
Lo grave es que no solamente es ineficiente
la institución, sino que además se maneja con sentido político. Cuidado que
alguien presente una denuncia contra algún político, porque la indagatoria
nunca se concluye o integra. En todo caso, se deja que prescriba el supuesto
delito cometido o simple y sencillamente desaparece el expediente.
El ejemplo más reciente de esto, es el
accidente automovilístico, registrado la mañana del martes 14 de abril del
2013, provocado por el exalcalde panista Jorge Ramos, al conducir un vehículo,
tipo pick up, con exceso de velocidad, embistiendo a un auto, que circulaba en
condiciones normales, y en el que viajabn varias personas, que obviamente
resultaron lesionadas. Entre ellas un niño de apenas 5 años de edad.
El político, salvo el susto o impresión, no
sufrió lesión alguna, pero para protegerlo y no ser presentado a la Agencia del
Ministerio Público a que rindiera declaración y luego ser internado en la
cárcel preventiva, fue llevado al hospital del ISSSTECALI, dizque para
observación médica y supuestamente bajo resguardo policial.
Luego habría de depositar una fianza, recupera
su libertad, pero toda vez que no se podía determinar la gravedad de los
lesionados, se requería el perdón de estos, para que quedara libre de
responsabilidad penal. El sistema así lo permite. El caso es que los ofendidos,
se han negado a otorgarle el perdón y no obstante que ha transcurrido un mes,
el Ministerio Público que conoció del caso, sigue “investigando” y por lo tanto
no ha hecho la consignación correspondiente, o sea no ha ejercido acción penal,
para su proceso correspondiente por Juez Penal en turno.
Su filiación partidista equivale a un fuero,
además de que a partir de que se inicie proceso en su contra, se le inhabilita
políticamente y debe ser excluído de los “candidatos de lista” a una diputación local.
Lo peor, es cuando el hecho, presuntamente
delictivo, lo comete una funcionaria de la Procuraduría de Justicia, pues
resulta absurdo que la supuesta indiciada, investigue el asunto en el que
aparece como protagonista. Entonces, menos aún cumple la institución con su
responsabilidad de procurar justicia.
A mediados del mes de febrero, la
Subprocuradora de Justicia, en Mexicali, María Elena Andrade Ramírez, en un
canal de televisión abierto, aseveró que los abogados de la capital del estado,
son ineptos, incapaces y desconocedores del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Algo sumamente grave, pues seguramente nadie solicitará los servicios de
quienes la propia autoridad encargada de la procuración de justicia, afirma que
son unos buenos para nada.
Los presidentes de dos colegios de
profesionales del derecho, Pedro Ariel Mendívil García, del Colegio de Abogados
Penalistas de Mexicali, y Hermán López Franck, del Colegio de Abogados de
Mexicali, al considerarse agraviados, presentaron querella formal ante el
Agente del Ministerio Público, en contra de dicha funcionaria estatal, por la
presunta comisión de los delitos de difamación y calumnias, que el Código Penal
local sanciona con hasta dos años de cárcel.
Este asunto, está siendo atendido por el
Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde los abogados pretenden, no solamente que
se le sancione penalmente, sino demostrar que no es cierto lo que dijo, o sea
que no son ineptos, ni incapaces, ni mucho menos desconocedores del NSJP, y
están en espera de que sea sancionada como corresponda.
Pero la funcionaria de procuración de
justicia, no muestra preocupación alguna, pues cuenta con el respaldo del
titular de la Procuraduría, o sea su jefe, Rommel Moreno Manjarrez, quien
omitió suspenderla, mientras concluía el caso, y además desestima la gravedad.
Doña María Elena, seguramente, está que se
muere de risa. Considera que su filiación partidista le otorga fuero, para no
recibir sanción alguna. Como quien dice, está “blindada”. Olvida que la
administración de justicia está a cargo de un poder distinto al del ejecutivo
estatal, o sea al Poder Judicial, donde las cuestiones políticas, salen
sobrando.
Sobre todo, que los colegios de abogados
estarán vigilando, que en este caso concreto, la justicia sea una realidad,
determinando la destitución de la funcionaria “boquisuelta” y aplicando la
sanción correspondiente.
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