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lunes, 22 de junio de 2015

Palco de Prensa: Los intereses de Uber.

Por : Gilberto LAVENANT
El funcionamiento del servicio de transporte de pasajeros, conocido como Uber, cuya contratación se efectua mediante un teléfono móvil, y que algunos identifican como los nuevos “táxis piratas”, cotinua generando controversia y especulaciones.
Uno de los principales puntos a discusión, es en  cuanto a la falta de control de este nuevo servicio, por parte de la autoridad competente. En el caso de los municipios de Baja California, las direcciones de vialidad y transporte de los ayuntamientos.
Quienes están a favor del servicio, dicen que, aplicando aquello de que “lo que no está prohibido por la ley, está permitido”, señalan que en tanto que la legislación que regula el transporte en la entidad, no refiera, para nada, a Uber, no requiere permiso o concesión, para su existencia y operación.

Además, alegan que es un servicio privado de transporte, pues no se ofrece al público en general, sino solamente a quienes tienen un teléfono móvil, que cuente con el aditamento informático para la contratación, y además una tarjeta de crédito para el pago del servicio.
La legislación contempla el servicio privado de transporte, tanto de personas como de carga, pero solamente para quienes requieren trasladar a su personal, de un lugar a otro, o para distribuir o entregar materiales, como en el caso de las ferreterías.
No habla, de transporte privado para terceros, lo que constituye un servicio público, que se oferta en general, aunque se preste en base a contratación específica. Por lo tanto, la autoridad reguladora del transporte público, debe emitir un criterio respecto a Uber, y en caso necesario, hacer las modficaciones correspondienets a la ley.
La autoridad municipal no explica, ni mucho menos justifica, el por qué no se han hecho las adecuaciones legales. Lo grave, es que al prestar el servicio a terceros, nadie verifica, si los vehículos reunen medidas de seguridad y, sobre todo, si cuentan con las coberturas de riesgos, en cuanto a responsabilidades o daños a terceros.
Curiosamente, las autoridades policiacas, constantemente advierten, que muchos delitos se cometen, utilizando táxis “piratas”, clonados o robados, pero nadie puede garantizar, que no se corre el riesgo de que se utilice un vehículo Uber, para actividades ilícitas, si no existe control alguno respecto a ellos.
Ante la falta de controles, respecto a vehículos que rpestan servicio de transporte público, legales o ilegales, son enormes los riesgos para los usuarios, que pueden ser víctimas de ilícitos diversos. Y en estos casos, la responsabilidad recae en la autoridad municipal, que no ha podido, o no ha querido, controlar esta situación.
Y si no pueden, controlar a los vehículos de transporte público, legales o ilegales, que pueden ser identificados por colores, siglas o números, menos aún los vehículos de Uber, que supuestamente carecen de aspectos sucesptibles de identificar.
Sin embargo, se cuestiona, si es que realmente no pueden controlarlos, o la verdad es que no quieren hacerlo. En el caso del servicio público, en su mayoría surge de compromisos políticos. En otros, de negociaciones al margen de la ley. Someterlos a control, implica fastidiar intereses de actores políticos o incluso de malandros.
Tratándose de vehículos Uber, que prestan el servicio, sin control alguno, pues incluso no cuentan con permiso o concesión, carecen de número, colores o siglas de identificación, y no parece haber interés alguno de parte de las autoridades, para controlarlos, han empezado a circular “leyendas urbanas”, que tratan de justificar dicha tolerancia. Dicen que detrás de Uber, existen personajes de elevada solvencia económica, en algunos casos hasta amistades o familiares, a quienes no se atreven a molestar.
Y, aunque se molesten, los funcionarios que se sientan aludidos, deben saber que la desinformación, y la inacción, no solamente propician irregularidades, sino que además propician los rumores, especulaciones o chismes. Por algo, dicen : “no hagas cosas buenas, que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas”.
Conocedores del tema del transporte público, comentan que resulta sumamente sospechoso, que no se utilicen los adelantos tecnológicos para el control de vehículos de transporte público. Como, por ejemplo, colocar a los vehículos, hologramas infalsificables y que mediante electores electrónicos, permitan detectar y verificar, la legalidad de los mismos y la identidad de los permisionarios. O localizadores satelitales.
Así mismo, reformar el Código Penal vigente en la entidad, para equiparar al fraude, y castigar severamente, a quienes utilizan táxis clonados, “piratas” o supuestamente amparados. Es evidente que si existen, es porque los han tolerado. Así es que ni se quejen.
Cabe observar que, al menos en Baja California, y en particular en Tijuana, no se observa intención alguna, de parte de las autoridades municipales, o de los legisladores locales, de someter a control el transporte público de pasajeros. En el Distrito Federal están trabajando sobre este tema, a fin de hacer las adecuaciones legales pertinentes o necesarias.                             
En la capital del país, dada la enorme población, el problema del transporte público, es mayúsculo. Allá no solamente opera Uber, sino otras modalidades, identificadas como Cabify, Yaxi y Easy Táxi.
En tanto lo permitan, el servicio de transporte público de pasajeros, seguirá siendo un desastre. Bueno, dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

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