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martes, 30 de julio de 2013

EL PLENO DEL CONGRESO APROBÓ 18 DICTÁMENES Y RECHAZÓ TRES

         Todos procedentes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

Mexicali, B.C. martes 30 de julio de 2013.- El Pleno de la Vigésima Legislatura sometió a debate 21 dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 18 de los cuales fueron aprobados por los Congresistas locales.
Lo anterior formó parte de los asuntos abordados este día durante la sesión ordinaria que condujo el Diputado Gregorio Carranza Hernández, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la XX Legislatura.

Entre los asuntos abordados figura el dictamen número 210, mediante el cual se aprobó de manera unánime la reforma a los artículos 22 y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali).
Las modificaciones se refieren al cobro de las cuotas y aportaciones, las cuales podrán hacerse exigibles a las dependencias oficiales a través del procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal del Estado.

En este caso se establece que en caso de incumplimiento, los responsables de  entregar dichas aportaciones serán sujetos a las sanciones establecidas en el Capítulo Decimoquinto de esta Ley.

Además, con las reformas al artículo 136, se establece que las sanciones pecuniarias previstas en los artículos anteriores, podrán hacerse exigibles a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución que prevé el Código Fiscal del Estado.

Todo ello, con independencia de la responsabilidad administrativa en que pueda incurrir el servidor público y que se encuentra establecida en el Título Tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, además de aquellas implicaciones de carácter civil y penal.

Entre los asuntos sometidos a debate también se presentó el dictamen 211, cuyo inicialista pretendía reformar el artículo 121 de la Ley del Notariado del Estado, a fin de obligar a quienes ejercen esta actividad para que en ejercicio de su función, se determinen particularidades en la práctica de diligencias y fe de hechos respecto a bienes inmuebles, pero la iniciativa fue rechazada por 21 votos en contra.

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