QPBC Mexicali, B C Marzo 5.- Por separado, once diputados locales y periodistas bajacalifornianos presentaron este jueves, sendas iniciativas para la creación de una legislación con la finalidad de regular la publicidad institucional en el estado, transparentar el uso de los recursos en la materia y promover la equidad en la distribución de los mismos.
Representantes de organizaciones locales y nacionales de periodistas, entregaron al Congreso local más de 600 firmas de bajacalifornianos que apoyan una Iniciativa que se solicita con base en la Ley de Participación Ciudadana, para crear la Ley General de Transparencia en la Publicidad Institucional.
Esta propuesta de periodistas apoyada por cientos de ciudadanos bajacalifornianos, deberá ser analizada por el Congreso local junto con la que presentó el diputado del Partido (estatal) de Baja California (PBC), José Francisco Barraza Chiquete, presidente de la comisión de Comunicación Social del Poder Legislativo a la que se sumaron diputados del PAN, del Verde Ecologista y del Movimiento Ciudadano.
La Iniciativa Ciudadana presentada por periodistas, es avalada por organizaciones gremiales de todo el estado, la delegación Baja California de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), la organización Artículo 19-México, y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.
Tanto la Iniciativa Ciudadana y la propuesta de los diputados, contempla establecer las bases generales para la asignación, contratación y transparencia del gasto público en materia de comunicación social que realicen las instituciones públicas a través de cualquier medio de comunicación en el estado.
Los diputados que presentaron su iniciativa fueron Barraza Chiquete (PBC), Mario Osuna y Cuauhtémoc Cardona Benavides del PAN, Alcibiades García Lizardi del Movimiento Ciudadano (MC) y Fausto Gallardo García del PVEM entre otros.
El objetivo es dar mayor publicidad al trabajo que realizan las instituciones públicas y lo que es más importante, ofrezca cuentas claras sobre el destino de los recursos financieros para tal propósito.
Ambas iniciativas contemplan prohibir promover de forma particular a un servidor público, usando su nombre, imagen, o voz; presionar, o castigar, a los comunicadores sociales o a los medios de comunicación por sus líneas informativas.
El sustento de estas iniciativas se basa en acuerdos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Constitución federal,
La propuesta de ley, busca establecer un Consejo Ciudadano honorífico que evalúe y dé seguimiento a las políticas y programas de comunicación social de las diversas dependencias de los tres poderes estatales, los cinco municipios del estado y los órganos constitucionales autónomos.
Estos deberán informar plena y públicamente, los montos presupuestales destinados a este rubro; la distribución detallada de las erogaciones realizadas; los contratos celebrados mensualmente, además de los pagos realizados y el número de anuncios publicados o transmitidos en los medios de comunicación contratados.
Se contempla que ningún medio de comunicación en lo particular, podrá recibir más de 20 por ciento de la inversión anual en publicidad institucional; ser adjudicatario de un porcentaje mayor al 40 por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña; y recibir el 40 por ciento del presupuesto destinado a un tipo de medio de comunicación.
También plantea la creación de un padrón estatal de medios de comunicación, con el propósito de que se otorguen contratos únicamente a los que estén denidamente registrados, y proporcionar datos del catálogo y mapa de coberturas, de circulación o audiencia, periodicidad y tarifas de publicidad vigentes.
En el caso del Consejo Ciudadano de Comunicación Social, este tendrá las funciones de evaluación y seguimiento de lo que realicen las dependencias estatales en este rubro; además de la coordinación con las áreas de comunicación social de las diversas dependencias.
Los puestos en el Consejo serán honoríficos y será integrado por cinco periodistas de reconocido prestigio profesional, con una duración de tres años sin posibilidad de reelección.
El Consejo podrá emitir recomendaciones en materia de publicidad o institucional; recibir y turnar a autoridades competentes las denuncias en torno a la comunicación social institucional; y poder recomendar mecanismos para garantizar la libertad de expresión.
Inicialmente, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicación de la Legislatura, Barraza Chiquete; Juan Manuel Molina García; Gerardo Álvarez Hernández, y Miriam Ayón Castro, así como José Roberto Dávalos Flores,y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Alcibíades García Lizardi, manifestaron su aprobación a la iniciativa.
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