PLENO APRUEBA EL RECHAZO A SIETE INICIATIVAS

La Comisión de Gobernación las encontró inviables

Mexicali, B.C. jueves 5 de septiembre de 2013.- Los Congresistas locales ratificaron la negativa de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC) para aprobar siete Iniciativas presentadas por las diversas corrientes políticas presentes en la XX Legislatura.

Lo anterior forma parte de los asuntos abordados por el Pleno Legislativo durante la sesión ordinaria correspondiente a la presente semana, misma que fue presidida por el Diputado Gregorio Carranza Hernández.

Los respectivos dictámenes fueron sometidos a debate parlamentario por el Presidente de la CGLPC, Diputado Juan Montejano de la Torre, quien inició con el número 253, cuyo resolutivo estableció que no se aprueba la Iniciativa que pretendía abrogar el acuerdo que dio origen al Fiarum, organismo creado en julio de 1996.

De igual manera se resolvió el dictamen 254, con el que se abordó una Iniciativa que tenía por objeto adicionar un título sexto a la Ley del Régimen Municipal para el Estado.

Tampoco se aprobaron las reformas propuestas a las fracciones XIX y XX del artículo 8 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, cuya iniciativa se trató con el dictamen número 257.

Igual suerte corrió una Iniciativa de Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Legislativo de Baja California, la cual fue rechazada por la CGLPC y aprobada en ese sentido con el dictamen 258, por 16 votos a favor y siete en contra.

Por lo que respecta una Iniciativa cuyo propósito era reformar diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, se ventiló con el dictamen 263, el cual fue aprobado por 23 votos a favor y uno en contra del Diputado independiente, Marco Antonio Vizcarra Calderón.

Finalmente, se aprobaron los dictámenes 264 y 265; el primero de estos se refería a una Iniciativa para adicionar el artículo 305 bis del Código Penal del Estado, en tanto que el segundo de ellos proponía diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial; de la Procuraduría de los Derechos Humanos; de Instituciones y Procedimientos  Electorales; Ley Orgánica de la UABC y Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, que al igual que las anteriores, fueron consideradas inviables.