PALCO DE PRENSA

    Los indiciados.

                                           Por : Gilberto LAVENANT

Luego de una serie de argucias legaloides, tráfico de influencias y artimañas, que se manejan en los ámbitos de la procuración y administración de justicia, el próximo 17 de julio el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, Magistrados federales, así como funcionarios estatales, deberán comparecer ante juez federal, para que declaren en relación a denuncia penal presentada en contra de ellos ante la delegación de la PGR.

El asunto es complejo, y está estrechamente relacionado con el incidente de inejecución de sentencia, en el que se hace constar la negativa de Osuna Millán para cubrir el monto de los daños ocasionados a la señora Ana Luisa Ontiveros López y a la Sucesión a Bienes de Pantaleón Ontiveros Méndez, a quienes durante la administración de Eugenio Elorduy, les despojaron de un terreno con la construcción del Corredor Milenio 2000.

Sin proceso de expropiación, les afectaron en sus bienes, por lo que recurrieron a la vía de amparo a reclamar el acto arbitrario. La sentencia dictada dentro del juicio de garantías, les resultó favorable a dichas personas, pero no pudieron recuperar el predio debido a que ya está siendo utilizado como vialidad, por lo que tuvieron la opción del cumplimiento sustituto, o sea cubrirles el valor de la afectación.

Le correspondió al Gobernador Osuna Millán, la responsabilidad de cumplir con la sentencia de amparo, negándose a ello reiteradamente, lo que conforme a la Ley de Amparo, dicho incumplimiento es equivalente a un delito, que implica, en su etapa final, determinar el desafuero, cese y enjuiciamiento del responsable. El asunto está en manos de la Ministro Olga Sánchez, quien deberá resolver aproximádamente a mediados del mes de agosto. Se dá casi como un hecho que Osuna Millán será separado de la gubernatura, antes de que concluya su gestión, y procesado penalmente.

Sin embargo, al márgen del procedimiento del incidente de inejecución de sentencia, en mayo del 2012 los afectados presentaron ante la PGR formal denuncia en contra del Gobernador Osuna Millán, y de otros funcionarios, por la presunta comisión de una serie de delitos, siendo registrada bajo número AP/PGR/BC/Tij/1605/12/M/VI.

La denuncia en mención, señala como inculpados o indiciados, además de Osuna Millán, al Lic. Inosencio Del Prado Morales, Magistrado Presidente del Quinto tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el Estado, al Magistrado federal Jesús Alfredo Silvia García, al Lic. Carlos Alberto Ferrer Espinoza, Juez Segundo de lo Civil del partido judicial de Tijuana, al exgobernador Eugenio Elorduy Walter y otras personas.

El caso es que el titular de la Mesa VI de Averiguaciones Previas de la Delegacion de la PGR, que recibió la denuncia, emitió acuerdo de consulta de reserva, lo que implica la posibilidad de archivo por falta de elementos que hagan presumir la comisión de delitos. Los ofendidos presumen que dicha resolución fue dictada, debido a que el delegado de la PGR, Rafael González Cervantes, fue Subprocurador de Justicia del Estado en Playas de Rosarito y por lo tanto trató de quedar bien con Osuna Millán, además de que es hijo del Lic. Sergio González Esparza, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario.

Con fecha 6 de septiembre del 2012, los ofendidos, acudieron a la vía del amparo, para combatir la determinación de consulta de reserva, respecto de la denuncia penal, dando origen al juicio de garantías 442/2012, tropezando de nueva cuenta, pues el titular de dicho tribunal federal, con fecha 23 de noviembre del 2012, les negó el amparo y protección de la justicia federal, con lo que se daba casi como un hecho que la denuncia penal iría a parar al bote de la basura, para complacencia de los inculpados.

Empero, bajo el dicho aquel de que la esperanza muere al último, los ofendidos interpusieron recurso de revisión en contra de la negativa del amparo. Para sorpresa de ellos, el 17 de junio del año en curso, o sea el lunes pasado, apareció publicada, en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución mediante la cual se revoca la sentencia del juez de amparo que había negado la protección de los ofendidos, y que  prácticamente confirmaba la consulta de reserva de la denuncia penal.

En la publicación se señala que : “En atención al oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado del Décimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el que resolvió : “PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena la reposición del procedimiento en los términos precisados…”Se repone el procedimiento para el efecto de que éste órgano jurisdiccional notique personalmente al Agente del Ministerio Público de la federación, adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de esta ciudad, la ampliación de la demanda de amparo, al que se le deberá correr traslado con una copia de la misma, a fin de que se le dé la intervención legal que corresponde. Se tienen como terceros perjudicados a Inosencio Del Prado Morales, en su carácter de Magistrado de Circuito adscrito al Quinto Tribunal Colegiado del Décimoquinto Circuito, así como a José Guadalupe Osuna Millán en su carácter de Gobernador del Estado de Baja California. Gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, para que se traslade a los domicilios señalados y comisione a quien corresponda para que emplace a juicio a los terceros perjdicados. Se fijan las nueve horas del diecisiete de julio de dos mil trece”.

De lo anterior se desprende que el juez federal que negó amparar a los ofendidos, para dejar sin efecto la resolución de consulta de reserva de la indagatoria relativa a la denuncia formulada contra el Magistrado federal y el Gobernador, deberá reponer el procedimiento, que al concluir, seguramente habrá de obligar al agente del ministerio público que se negó a integrar la indagatoria, que la integre, citando a declarar como indiciados, entre otros, a Osuna Millán, y turnarla ante juez penal en turno, con pedimento de orden de aprehensión.

Dicho en otras palabras, pronto, Osuna Millán y los otros funcionarios, habrán de comparecer como indiciados ante la PGR. Y conste, esto no es parte de las campañas negras relativas al presente proceso electoral, ni es una maniobra de los priístas. La justicia es lenta, pero tarde que temprano cumple su cometido : castigar a quienes delinquen.