Por Nancy Sánchez Arredondo
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció la semana pasada un
programa denominado "Borrón y cuenta nueva", a través del cual se
ofrecen cancelar alrededor de $2,400 millones a usuarios de agua
potable que mantienen adeudos hasta el 2013.
Aparentemente se trata de un programa social que busca apoyar
económicamente a aproximadamente 221 mil usuarios que se encuentran
registrados entre los deudores, pero creo es importante dejar en claro
algunos puntos.
De entrada, dicho programa no es de ninguna forma, una graciosa concesión.
Tampoco, hay que decirlo, puede presumirse exista la claridad y
transparencia a la que se supone está comprometido el gobierno panista
y que presumió desde la toma de protesta.
Para sustentar nuestra primera observación, es fundamental tener muy
claro que a diferencia de lo que sucedía anteriormente con las
promesas de campaña, cuando los candidatos no tenían candado alguno
para el cumplimiento de sus promesas de campaña, hoy la Ley contempla
compromisos y obligaciones al respecto.
La XX Legislatura de la que tuve a bien formar parte, impulsó la
Reforma Electoral donde se modificó la Constitución Estatal en su Art.
5 Apartado A, para que los compromisos de campaña quedan inscritos en
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja
California, órgano que les dará seguimiento anualmente para corroborar
su cumplimiento.
Está claro pues, que esta acción del Ejecutivo del "Borrón y Cuenta
Nueva" no es un acto de providencia ni de caridad pública, sino que es
obligado por ser un compromiso de campaña y que de no cumplirlo
quedaría evidenciado como faltante en su ejercicio de gobierno.
Decimos que falta a la transparencia porque no ha quedado claro
quiénes serán los beneficiados con este "borrón y cuenta nueva".
Habrá que preguntarse de las 221 mil cuentas que serán impactadas con
este beneficio, si verdaderamente son familias que se justifica la
condonación, o se encuentran beneficiarios que tienen la posibilidad
de pagar y se les condona por simpatías políticas o pago a favores.
De ser este el caso, estaría afectándose las finanzas estatales.
Esperemos que entre los alrededor de 755 mil bajacalifornianos
beneficiados con esta medida, al menos se encuentren incluidas las 99
mil personas que viven en pobreza extrema en Baja California o que la
mayoría formen parte del millón de personas consideradas en pobreza.
No olvidemos que desde hace tiempo, en el Partido Revolucionario
Institucional hemos impulsado la condonación de adeudos de agua a
personas con menores ingresos y que por su precaria condición
económica les resulte imposible pagar el servicio, mucho menos con
recargos y multas.
Lo anterior deja en evidencia la plena incongruencia con lo que hemos
visto transcurrir estos primeros meses de gobierno.
Un gobierno que por un lado afecta, en evidente actitud recaudatoria
la economía de los ciudadanos cobrándoles los tramites de verificación
vehicular, sin importar si pasa o no el trámite y por el otro, en un
programa electorero se premia a "malapagas", sin reconocer el mérito
de quienes si cubren puntualmente su adeudo de agua.
Pero además que dejan de ingresar cerca de 2,400 millones de pesos a
las finanzas estatales y por otro se solicita un incremento a la deuda
pública estatal por cerca de 3 mil millones de pesos.
Algo pues no embona en este proceder gubernamental.
Como lo menciono líneas arriba, habrá que seguir con lupa estas
condonaciones y los criterios que se siguieron para realizarlos.
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