Por : Gilberto LAVENANT
La noticia relativa a la
falsificación del Dictamen 289, de la Comisión de Fiscalización del Gasto
Público, de la XX Legislatura Estatal, en base al cual fueron aprobadas las
Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2012, del XX Ayuntamiento de Tijuana,
encabezado por Carlos Bustamante Anchondo, generó controversias, especulaciones,
reclamos y, sobre todo, cuestionamientos.
Como dijo el Alcalde de Tijuana,
Dr. Jorge Astiazarán Orcí, cuando estalló por el acoso de los hermanos Ledezma
Romo, que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local,
estimados en 80 millones de dólares, muchos dirían, que ya habían escuchado
hablar de corrupción, pero que suponían, eran simples “Leyendas urbanas”. Conocido
el caso del falso dictamen, ahora tendrán qué reconocer, que es cierto.
Algunos defensores del exalcalde
Bustamante Anchondo, manifestaron al columnista, que no hubo nada irregular en
ese asunto, puesto que es la costumbre, cuando quedan observaciones pendientes
de solventar o resolver, por parte de la Sindicatura del Ayuntamiento, que en
el dictamen del siguiente año, se vuelven a mencionar los mismos temas.
A los bustamantistas, cabe
decirles, aclararles y precisarles, que no se trata de ninguna mala
interpretación. El Dictamen 289, relativo a la Cuenta Pública 2012, del
Ayuntamiento de Tijuana, es falso. Se excedieron en el uso del “copy paste”, pues
de 32 observaciones, 31 son mera repetición de otras tantas del Dictamen 287,
relativo a la Cuenta Pública 2011. El mismo texto, los mismos números, tanto
por concepto de ingresos, como de egresos, y solamente se sustituyó el año 2011,
por el 2012.
Por demás absurdo e imposible,
que ahora se pretenda hacer aparecer, que tanto en el 2011, como en el 2012,
hubo los mismos ingresos en un tema determinado, o los mismos egresos. Las
supuestas coincidencias, en 31 casos, no admite justificación alguna.
Así es que no hay duda. Está más
que confirmado, el asunto de la falsificación. La aprobación, “pactada”, se efectuó
el 7 de febrero del 2013, cuando que, conforme al informe de resultados del Orfis,
relativo a la Cuenta Pública 2012, de fecha 18 de diciembre del 2013, el
entonces Tesorero del XX Ayuntamiento, Sergio Rosete Weben, apenas 6 días antes
de la aprobación, presentó la documentación correspondiente a la Cuenta Pública
2012. Que alguien explique, cómo es que en 6 días, las revisaron y
dictaminaron, para su inmediata aprobación.
Surgen múltiples
cuestionamientos, que deben tener respuestas. Citemos algunos de ellos.
¿Por qué se recurrió a la
falsificación del Dictamen 289, si apenas 6 días antes habían recibido la
documentación correspondiente ?
¿Qué es lo que se trató de ocultar
o disimular, con la burda falsificación, a base del “copy paste” ?
Siendo el Alcalde Bustamante, el
principal responsable de la administración municipal y por lo tanto el más interesado
en que nadie descubriera supuestas o presuntas irregularidades, en las Cuentas
Públicas del ejercicio fiscal 2012, del XX Ayuntamiento, es evidente que fue el
promotor de tal falsificación y aprobación.
Entonces, ¿a quien le hizo la indecorosa
propuesta, que pudo haber sido rechazada por cualquiera de los diputados
integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XX
Legislatura ?
¿Qué dió Bustamante, a los
diputados, para que se animaran a incurrir en un acto ilícito, además de
indigno, como el falsificar un dictamen, sin haber fiscalizado las documentación
del XX Ayuntamiento de Tijuana, correspondiente al ejercicio fiscal del 2012?
Habiéndose llevado a cabo, tales
hechos, a unos meses de los comicios para Gobernador de la entidad, en la que los
contendientes principales eran el priísta Fernando Castro Trenti y el panista
Francisco Vega de la Madrid, ¿qué relación tuvieron con dicho evento electoral?
Si el triunfador en los comicios,
fue el panista Kiko Vega, ¿será acaso, que ya estaba pactada la derrota
electoral del priísta Castro Trenti y lo demás fue una mera simulación?
Nadie puede negar, que la XX
Legislatura, operaba bajo el dominio del castrotrentismo y el supuesto
beneficiado con tal irregularidad, lo fue Bustamante, de filiación priísta.
¿Qué tan cuantiosa sería la
propuesta, por parte del Alcalde Bustamante, para que fuese capaz de vencer la resistencia,
presunta dignidad e intereses partidistas, de todos los diputados integrantes
de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XX Legislatura ?
Cabe recordar los nombres de
tales legisladores : los priístas, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda,
Nancy Sánchez Arredondo y María Elia Cabañas Aparicio; los panistas María del
Refugio Rodríguez Rubio y Máximo García López, así como la petista, Claudia
Josefina Agatón Muñiz, “hija adoptiva” del castrotrentismo.
Porque, aunque digan y juren lo
contrario, es evidente que en esta negociación, la “prestación” de tan especial
servicio, tuvo un costo. Ni modo que digan que fue gratis, porque entonces
quedarían en calidad de tontos y de “facilitos”.
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