Por : Gilberto LAVENANT
Pasa el tiempo, la tecnología
avanza de manera extraordinaria, pero tales adelantos no se reflejan en la
administración pública. No solamente, porque adoptar sistemas modernos, la
mayoría de las veces tiene un alto costo, generalmente inaccesible para los
gobiernos, sino por el elemento humano, los gobernantes, que prefieren el desorden
y la oscuridad, por aquello de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
La rendición de cuentas y la
claridad, en el manejo de la administración pública, no pasan de ser meros
recursos discursivos, para simular que se tiene la intención de hacer bien las
cosas. En la práctica, la realidad, hacen todo lo contrario.
Lo lamentable, es que casi todo
es simulacro. Los órganos de control, dentro de la administración pública,
hacen como que actúan con rigor, son exigentes con detalles mínimos, pero las
cosas graves, delicadas, trascendentes, las pasan por alto, las dejan en el
olvido. Van a parar al llamado “archivo muerto”.
Por si fuese poco, hay un
ingrediente adicional, en todo esto. Los gobernantes, de los tres niveles de
gobierno, son inspirados por un espíritu imperialista, casi monárquico. Se
sienten dueños de la cosa pública. Gobiernan “por sus pistolas”, pasando por
encima de cualquier norma jurídica.
El Gobernador del Estado, maneja
a su antojo al gobierno estatal, no solamente al Poder Ejecutivo que
representa, sino también al Legislativo y al Judicial. El control lo ostenta,
por la simple y sencilla razón de que su área, es la recaudadora de recursos y
la encargada de distribuirlos. Entonces, bien dicen, el que parte y reparte, se
queda con la mayor parte.
Le importa, primordialmente,
tener bajo su control a los legisladores representativos de su partido, para
que avalen todas sus propuestas. Pero también, busca y logra el control, de los
legisladores de los demás partidos políticos, “maiceándolos”, o sea
otorgándoles prerrogativas, recursos especiales y otros favores.
En el caso del Poder Judicial,
las cosas son un tanto diferentes. Se trata de profesionales del Derecho,
muchos de ellos ajenos a la política, y no es tan sencillo su sometimiento,
porque sería sumamente grosero, que a la justicia la vistieran de colores
partidistas. Se dan casos, sin duda alguna, pero no es tan sencillo.
No obstante, el control de los
juzgadores, también se logra a través del manejo de los recursos. Se los otorga
“con cuenta-gotas”. Se los regatea, para, dado el caso, poderles condicionar
apoyos, a resolver, conforme a los intereses del ejecutivo.
El Gobernador del Estado, tiene
sus más remotos antecedentes, en la figura de los virreyes, amos y señores,
dueños de vidas y haciendas. Es tal su poder, que los integrantes de su corte,
e incluso los plebeyos, no lo contradicen. Como el caso del señorón aquel, que
pregunta a su ayudante : ¿Qué horas son? y la respuesta inmediata señala : ¿Las
que usted diga, señor?
Aunque sea a menor rango, la
figura imperialista también destaca en los gobiernos municipales. A este nivel,
el órgano de gobierno, es el Ayuntamiento, integrado por Regidores, Síndicos y
Alcalde. Legalmente hablando, este último, no puede hacer nada, si no cuenta
con la previa aprobación de su Cabildo.
Bueno, eso es lo que dicta la
ley. En la práctica, el Presidente Municipal, es como un reyecito, en la jurisdicción
del municipio que gobierna. Sus deseos, son órdenes. Nunca consulta a los
regidores del gobierno que encabeza. Simplemente, a la hora de formalizar la aprobación
de un plan, programa, propuesta o acción, les gira la consigna respecto al
sentido en el que deben emitir sus respectivos votos. Y ellos, dóciles que son,
simplemente levantan la mano, en señal de aprobación.
El Alcalde, es el representante legal
del gobierno municipal, el ejecutor de las acciones de gobierno. Pero es
solamente un voto, dentro de las sesiones de cabildo. Claro, le respaldan los
regidores de su partido, que conforme a las leyes electorales, resultan ser mayoría,
frente a los rivales políticos.
El llamado primer edil, es como
el administrador único de una sociedad mercantil. Solamente puede hacer, lo que
haya sido aprobado por la asamblea general de socios. Tiene la representación
legal, pero debe exponer a los socios sus proyectos, planes o programas, para
que, sometidos a votación, sean aprobados o rechazados. De lo contrario, no
puede mover ni un dedo, so pena de incurrir en serias responsabilidades.
Y es en el tema de las
responsabilidades, donde está la principal falla y causa de todo este desorden.
Los regidores, aprueban por sistema, cuanto se les plantea. Incluso aquello
hecho sin su previa aprobación. El Síndico, hace como que exige apego a la
norma, pero incurre en la ligereza de levantar la mano, en señal de aprobación,
en las sesiones de cabildo. Resulta un contrasentido, que luego cuestione lo
que él mismo aprobó y validó.
Si bien es cierto, que hay niveles
superiores de fiscalización, respecto del gasto público municipal, como si no
existieran. Dá lo mismo. El Organo Central de Fiscalización del Congreso del Estado,
que obligadamente revisa las cuentas públicas de los ayuntamientos, pese a las
numerosas observaciones que hace, recomienda a la Legislatura su aprobación.
Llegado el momento, los flamantes
diputados locales, cuando conocen el dictamen correspondiente de la Comisión de
Fiscalización, en cada caso, acorde a la recomendación del Orfis, simplemente
lo aprueban, sin cuestionamiento alguno y determinan enviarlo a la Sindicatura
correspondiente, para que atienda las observaciones hechas. Ahí queda todo.
Este, es un cuento de nunca
acabar. Todo se maneja en lo oscurito. Nadie se atreve a contradecir a los
monarcas en turno. Por eso siguen manejando las cuentas públicas, con sentido
imperialista, como si fuesen de su propiedad.
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