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viernes, 5 de agosto de 2016

SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y NO SE PERMITIRÁ LA MEDIACIÓN PARA ESTE DELITO

  • Los inicialistas son las diputadas Nereida Fuentes y Rosa Isela Peralta, así como el legislador Roberto Dávalos

 

Mexicali, B. C., jueves 4 de agosto de 2016.- Con una votación unánime de parte de los legisladores, el Pleno del Congreso local aprobó diversas reformas al artículo 242 bis del Código Penal del Estado, mediante las cuales se establece que el delito de violencia intrafamiliar se perseguirá de oficio, además de que “en ningún caso el Ministerio Público remitirá para mediación, o proceso alternativo de solución a las víctimas de violencia familiar”.
            Las reformas venían contenidas en el dictamen número 61de la Comisión de Justicia, las cuales fueron producto de una conjunción de iniciativas de las diputadas Nereida Fuentes González y Rosa Isela Peralta Casillas, así como del legislador Roberto Dávalos Flores.
            Por otra parte, se inscribe que la persona que dolosamente ejerza actos de violencia física o psicológica, deberá sujetarse a “tratamiento integral psicológico o psiquiátrico especializado dirigido a su rehabilitación, así como también deberá pagar este tipo de tratamiento hasta la recuperación total de la víctima”.
            Asimismo, se dispone que deberá entenderse como violencia física, “a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro”; además, que la violencia psicológica será “toda acción u omisión reiterada, ejecutada por cualquier medio distinto al contacto físico, que con el propósito de perturbar, degradar o controlar la conducta de una persona le afecte psíquica o emocionalmente”.
            Por último, esta propuesta de reforma al Código Penal de Baja California aprobada por el Poder Legislativo el día de hoy, establece que “cuando proceda, el agente del Ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial correspondiente el embargo de sueldos o salarios al agresor, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias”.
            El dictamen fue leído en la máxima tribuna por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, diputado Juan Manuel Molina García. Las reformas aprobadas serán enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.