Por : Gilberto LAVENANT
Luego del escándalo, provocado
por la revelación de que se había librado una orden de aprehensión, contra Guillermo
Trejo Dozal, Secretario General de Gobierno, el segundo en importancia. luego del
Gobernador Francisco Vega de la Madrid, han surgido múltiples especulaciones.
Antes de entrar el tema, cabe
observar que, ante el silencio del gobierno estatal, y en especial del propio funcionario
estatal, así como de los demás inculpados, se aplica aquello de que : “el que
calla, otorga”, o sea que tácitamente se confirma la certeza de este asunto.
Además, obviamente, no hubo
información o aclaración oficial, por la simple razón de que no hay nada qué
aclarar. En el texto de la copia de la orden de aprehensión, está perfectamente
precisado, cómo ocurrieron los hechos imputados a los ahora inculpados. Lo que
está claro, no se puede aclarar más.
Sin embargo, nadie puede acusar,
al aparato gubernamental, que encabeza Kiko Vega, de no haber hecho nada, para
tratar de frenar o evitar el escándalo. Lograron, en parte, sofocar el asunto,
pero no pudieron coptar a las redes sociales, que circularon la información
correspondiente, como si fuese un río desbordado, que todo arrolla a su paso.
Así mismo, es importante
destacar, que las órdenes de aprehensión, en el fuero común, se manejan con
todo sigilo. Solamente las conocen, el juzgador que la emite, el secretario de
acuerdos que le asiste, así como la estructura, de la Procuraduría de Justicia,
que interviene : agente del ministerio público y los policías ministeriales
asignados para ejecutar la orden de aprehensión.
Y si esto es un enorme secreto,
en materia de la justicia estatal, con mayor razón lo es en el ámbito federal.
La sola revelación, de la existencia de dicha orden, basta para revisar la
estructura operativa y empezar a “cortar cabezas”, de quienes hayan propiciado
tal indiscreción. Y claro, en este, como casi en todos los casos similares, se
aplica la “Ley de Hilados y Tejidos”, que advierte : “el hilo se revienta por
lo más delgado”. Y así será,
Luego que se encuentre “el hilo
roto de la madeja”, que dió lugar a la revelación de este asunto, a la opinión
pública, seguramente se sabrán muchas cosas, que en estos momentos constituyen
o generan meras especulaciones.
Muchos afirman, que esto es “fuego
amigo”, como se dice, cuando tal o cual información, procede del mismo equipo o
partido político. En este caso, se dá un detalle especial : Trejo Dozal, está
integrado en un equipo panista, pero no es panista.
Empero, para nadie es un secreto,
que nadie, del equipo kikista, lo soporta. Es un individuo soberbio. Incluso,
se dá más ínfulas que el propio Kiko Vega. Además, presúme que es más político,
que el Gobernador. Que es el poder tras el trono.
Se dice, que debido a tales
actitudes. En marzo pasado renunciaron dos de los principales asesores de Kiko
Vega, Salvador Morales Muñoz y Raúl Leggs Vázquez. Se sentían incómodos, como
si estuviesen incrustrados en un gobierno priísta. Aunque hubo quienes
señalaron que el roce o desacuerdos fueron con Mario herrera, Coordinador de Gabinete,
aunado a las discordias con Trejo Dozal, les resultó insoportable, y mejor
dimitieron.
Así es que, la revelación
respecto a la existencia de la orden de aprehensión, contra Trejo Dozal y demás
inculpados, efectivamente fue “fuego amigo”, en tanto que salió del propio
equipo kikista, pero que ya no soportaba la arrogancia del, hasta ahora,
Secretario General de Gobierno.
Aunque pudiesen salir, con que fueron
los priístas. Solamente que los más beneficiados con la salida de Trejo Dozal,
para asumir “su nueva designación”, en las celdas del penal, son los propios
panistas. Han de estar tirados en el suelo, revolcándose, a risotadas. Ni modo
que lo nieguen. Bueno, tienen la esperanza de que no les “salga peor, el
remedio, que la enfermedad”. No duden que Cuauhtémoc Cardona, está formado al frente de la lista de
los aspirantes a relevar al inculpado.
Por cierto, el columnista recibió
algunas observaciones y críticas, por no haber mencionado al Secretario de
Desarrollo Económico del Estado, Carlo Humberto Bonfante Olache, supuestamente
también involucrado en este asunto. Cabe observar que la orden de aprehensión
no lo señala como inculpado, aunque si se le incluye, en el oficio número
06-367-II-1.1/11253, a que se hace referencia en la foja 35 del citado documento,
mediante el cual, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo menciona como
otra de las personas que, junto con los demás indiciados, habían venido
realizando operaciones activas de seguro, sin contar con la autorización
correspondiente. Hechos estos, tipificados como delito federal.
También es justo observar, que la
actividad que realizaban, en apariencia no es ilícita, pero, conforme a lo
dispuesto en el artículo 141, fracción I, en relación con el diverso 3,
fracciones I y IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, sí constituyen delito y por lo tanto se sanciona con cárcel.
Además, en los términos de ley,
la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Federal, por el
Licenciado Flavio Carlos Valadez, en su carácter de Director de Delitos
Financieros, de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, de la
Subprocuraduría Fiscal de la federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, previa consulta con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En
pocas palabras, esto no es cualquier cosa, ni simples errores de apreciación.
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