Por : Gilberto LAVENANT
Cuando salen a relucir las
diversas formas utilizadas por políticos para obtener ingresos indebidos
durante el desempeño de cargos en la administración pública, suele suponerse
que se trata de individuos ingeniosos, creativos, habilidosos.
No, nada de eso. Ellos, lo único
que aportan es su “comprensión” y aceptación de las propuestas que les hacen,
individuos sumamente peligrosos, que se han “especializado” en todo tipo de
trámites o maquinaciones, para realizar negociaciones deslumbrantes, tras las
cuales ocultan acciones fraudulentas.
Se podría decir que son “profesionales”
de la corrupción, que han logrado crear modelos para realizar ambiciosos
proyectos de obras diversas, tales como pavimentaciones o electrificación, por
citar un par de ellas, o bien ofrecen servicios de asesoría para lograr
financiamientos, para reestructurarlos, o conseguir fondos federales
especiales.
Constantemente recorren el país,
en busca de incautos, o de políticos proclives a la corrupción, a los que les
ofrecen excelentes ganancias, a cambio de un porcentaje del monto o valor del
proyecto, conocidos comúnmente como “moches” o “diezmos”, aunque recientemente ha
trascendido que el porcentaje se ha elevado del 20 al 35%.
En algunos casos, además del porcentaje
del monto de la inversión, exigen la contratación de una constructora de sus
afines, o despacho u oficina prestadora de servicios de asesoría, con lo que
logran mayores ingresos.
Estos “profesionales”, dicen ser
cercanos colaboradores de diputados federales, Secretarios, Subsecretarios de
determinada dependencia federal, o Directores de instituciones paraestatales, y
manejan una logística sofisticada. Directamente o a través de intermediarios,
hacen contacto con gobernadores o alcaldes, a quienes les presentan sus diversos
programas.
La mayoría de los funcionarios,
cede, ante la posibilidad de adquirir recursos especiales para la
administración que representan, y que de paso a ellos les habrán de redituar
cuantiosas utilidades. Por algo dicen que la política, es una de las
actividades más “rentables”. Es algo así como una fábrica de millonarios.
El papel que les corresponde
desempeñar, a los funcionarios que acceden a tales propuestas, es lograr las
autorizaciones necesarias para llevar a cabo estas maniobras, en gran parte
ilegales, como si fuesen algo natural y legal.
Por ejemplo, ese modelo de
celebrar contratos de arrendamiento, en lugar de compra-venta, respecto a
objetos que no son propiamente susceptibles del simple uso y goce temporal de
los mismos, como en el caso de las luminarias de Tijuana, es una de las modalidades
a que recurren para burlar mecanismos formales que parecen casi infranqueables
o con mayores riesgos, como el solicitar la aprobación de las legislaturas estatales.
La penuria económica de las
administraciones municipales o estatales, es otro de los factores que propician
este tipo de maniobras. Lo mismo puede decirse del enorme cúmulo de necesidades
sociales sin atender.
En los casos, aparentemente
positivos, los funcionarios pretenden trascender y por ello tratan de conseguir
recursos económicos, para hacer obras espectaculares o elementales, que en
condiciones normales no podrían llevar a cabo.
Las enormes deudas que arrastran
la mayoría de las administraciones estatales, al igual que muchas municipales,
como es el caso de las de Baja California, tienen su origen precisamente en
este tipo de situaciones. En todas ellas, la codicia de los políticos y sus aspiraciones
por lograr otras posiciones, han sido el factor común que les ha llevado a generar
deudas prácticamente impagables.
Cabe observar que el “merito” no
es exclusivo de alcaldes o gobernadores, sino también de regidores y diputados
locales, así como de Síndicos Procuradores o Controladores Estatales, cuya
función es vigilar el respeto de las normas jurídicas, así como observar el
buen uso y destino adecuado de los recursos públicos.
Unos y otros, se concretan a
solamente “levantar la mano” y a “taparse los ojos”, para aprobar cuanta
propuesta les plantea el alcalde o gobernador, y para disimular que no saben,
que muchos de los proyectos que aprueban o soslayan, son de uso y destino
dudoso.
Por su parte, los “gestores”, “promotores”
o “mediadores” de proyectos de relumbrón, engañosos, tramposos, van generando “escuela”,
mostrando a los políticos formas y estilos de saquear las arcas públicas.
Esta es una red amplísima de
simuladores, defraudadores y corruptos, que están llevando a la quiebra a los
gobiernos municipales y estatales del país. Igual o más nociva que las bandas
del crimen organizado.
Las consecuencias son
catastróficas, en un sistema político en el que corrupción e impunidad van de
la mano, pues al agotarse los recursos públicos, en parte por el saqueo
descarado, o por los altos intereses de los adeudos generados, los servicios
públicos cada día son más deficientes y las necesidades sociales se agudizan.
Los casos de corrupción, son
constantes y numerosos. Pero muchos de ellos ni siquiera alcanzan a ser materia
de una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia. Las que llegan a
serlo, terminan siendo archivadas. Las que trascienden a los tribunales
penales, concluyen con la absolución de los protagonistas. Pregunten en los
reclusorios, cuántos políticos corruptos tienen de huéspedes y sabrán que
ninguno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario