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lunes, 31 de marzo de 2014

Palco de Prensa: La corrupción.


                                  Por : Gilberto LAVENANT

El mal mayor del mundo entero, y en especial de la sociedad mexicana, es la corrupción. Es algo peor que el cáncer. Se parece a los vicios crónicos, como la adicción a las drogas tóxicas, porque es alucinante.

La corrupción seduce, pues plantea la posibilidad de obtener ingresos, muy por arriba de lo que se percibiría con un trabajo normal y legal. Como ejemplos de ello, sumamente nocivos, hay tantos corruptos, en su gran mayoría cual si fuesen exitosos empresarios, autores de infinidad de latrocinios, y, sin embargo, en lugar de estar en prisión, siguen operando, para ocupar puestos políticos, que les permitan incrementar  sus riquezas, mal habidas.

Hay una sentencia popular, que advierte : “en arca abierta, hasta el más santo peca”. La codicia enajena a cualquiera. Imaginarse la diferencia, entre el inicio y el final, de una gestión administrativa, municipal o estatal, de tres o seis años, según corresponda, empezando con los bolsillos casi vacíos, con una mano en frente y otra atrás, como suele decirse, y concluir convertido en millonario. Cualquiera cae.

Hasta el más honesto de los individuos, no resiste la tentación. Y no es para menos, en el escándalo político, suscitado al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador Arturo Ledezma Romo, y compañía, salió a relucir, que los ingresos indebidos del gobierno municipal, ascienden a unos 80 millones de dólares. Cierto o falso, seguramente, esta revelación, ocasionará que ahora sean muchos más los que se interesen por la política. Pueden pensar, que la política es sucia, repugnante, pero sumamente redituable.  

Viene al caso, comentar esto, porque lo que se suponía que eran simples “leyendas urbanas”, sobre el grado de corrupción en la administración pública, en particular en el gobierno municipal de Tijuana, superan todas las presunciones al respecto. Lo dijo el Alcalde Astiazarán, cuando estalló, ante la supuesta extorsión o chantaje de que fue objeto, por los Ledezma Romo y colaboradores : “yo creía que eran simples historias, pero es una realidad”.

Sin embargo, ¿por qué “florece” la corrupción en la administración pública? ¿por qué, durante la gestión administrativa, los actos de corrupción pasan desapercibidos? ¿Entonces, para qué sirve la Contraloría del Gobierno Estatal o las Sindicaturas de los Ayuntamientos? o, en su caso, ¿para qué sirve el órgano de fiscalización de la legislatura estatal, conocido como Orfis?

Por principio, habría qué reconocer, que la corrupción es tan común, que ya casi nadie se sorprende. La ven casi como algo natural y muchos contribuyen a ella. En lugar de frenarla, rechazarla o denunciarla, la soslayan, la solapan o hasta la propician. Irónicamente, en la administración pública, los individuos honestos, parecen apestados. Nadie quiere tener trato con ellos.

A nivel gubernatura, basta que se diga que son instrucciones del gobernador en turno, para vencer cualesquier resistencia. A nivel municipal, siendo el Ayuntamiento un órgano de gobierno colegiado, las mayorías pasan por encima de las minorías que cuestionan. Sobran pretextos o argumentos, para tratar de justificar la aprobación o tolerancia de movimientos o acciones sucias.

Parece que los órganos de control del gasto público, padecen de los mismos males : miopía, negligencia, codicia, frivolidad, amor irrefrenable por el dinero, falta de ética y ausencia de moralidad, además de que están en manos de individuos, proclives al dinero fácil.

Tan mal andan las cosas, que a fin de presumir que se combatirán, se habla de la creación de figuras anticorrupción. A nivel federal, una de las propuestas de Peña Nieto, fue en ese sentido : crear el zar anticorrupción. Los órganos de control de las dependencias federales, fueron rebasados. La Secretaría de la Función Pública, es solamente como un “espantapájaros”.

A nivel estatal, la Contraloría del gobierno del Estado, no atrapa ni siquiera ratoncitos. El órgano de fiscalización superior, de la Legislatura Estatal, el llamado Orfis, parece fue creado para validar irregularidades. A nivel municipal, los Síndicos Procuradores, suelen ser cómplices,  de los funcionarios corruptos.

De manera absurda, dizque para hacer constar la legalidad de los actos jurídicos, por ejemplo en el caso de Tijuana, el Síndico Procurador forma parte del cabildo y levanta su manita, en señal de aprobación de una propuesta.

En el asunto de las luminarias de Tijuana, la Síndico Yolanda Enríquez, también suscribió el contrato de arrendamiento, de forma tal que sería corresponsable de los ilícitos que se configuren con tales hechos, en caso de que lleguen al ámbito judicial.

Esta semana, integrantes del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, en reunión con el diputado perredista, Roberto Dávalos, le propusieron la creación de una Secretaría de Desempeño Gubernamental y Anticorrupción del Estado de Baja California. Una carga más en el gobierno.

Lo que se requiere, no son nuevas leyes o instituciones encargadas de combatir la corrupción. Se requiere voluntad política de los gobernantes, para ser vigilantes del buen uso y destino de los recursos públicos. Se requiere, acabar la impunidad y aplicar la ley a secas. Se requiere tener vergüenza. Se requiere llevar un registro fiel de corruptelas y de personajes involucrados en actos de corrupción. Basta ya de meras simulaciones.

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