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sábado, 31 de agosto de 2013

Palco de Prensa: Las disyuntivas.


                                           Por : Gilberto LAVENANT

Dado el caos generado en la capital del país, por grupos de manifestantes que bloquean, paralizan y trastornan la vida cotidiana, con manifestaciones y acciones violentas contra instituciones y particulares, son muchos los mexicanos que plantean la disyuntiva : o se sigue tolerando, hasta provocar una anarquía general, o se les frena y somete al orden, de manera enérgica, sin que implique arbitrariedades.


Hay quienes, no obstante las barbaridades en que se ha incurrido, las avalan, y en el caso de los integrantes de la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, afirman que están en todo su derecho a salir a manifestarse y defender sus derechos. El líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, se sumó ayer a quienes están al lado de dichos individuos.

No se discute, si tienen derecho a manifestarse en contra de lo que consideran puede ser lesivo para ellos, como la pretendida evaluación, bajo amenaza de cese. Lo que se condena, es que se despojen de su condición docente, de educadores, de formadores de nuevas generaciones, y se conviertan en ejemplo de barbarie, salvajismo, y sinrazón.

¿De qué sirve, tener instituciones de gobierno, sordas, ciegas, tibias o complacientes  ? ¿De qué sirve tener normas jurídicas, que no se respetan o que no se aplican?

La anarquía no conduce a nada bueno. El desorden, la agresión, el salvajismo, no justifican, para nada, los presuntos objetivos de tales acciones.

Tres son los poderes en que se divide el gobierno mexicano. El legislativo, que crea, modifica o cancela leyes. El judicial que resuelve los conflictos en los tribunales, aplicando el derecho. Y el ejecutivo, el que tiene la facultad de administrar recursos, proporcionar servicios y velar por el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

Que cada uno cumpla con sus respectivas funciones. El legislativo, que deje de actuar en atención a consignas o compromisos partidistas. Que los legisladores, al proponer nuevas leyes y someterlas a votación, lo hagan pensando en el interés general.

Someter a evaluación a los docentes y cesar a quienes reprueben, es una propuesta drástica, pero simplista. Que se aplique la ley de premios y castigos. Existen muchas formas de evaluar a los docentes. Los alumnos los evalúan, los padres de familia también, el trabajo mismo sirve de pauta para determinar quien cumple y lo hace bien.

Docentes faltistas, pues que se les hagan los descuentos correspondientes. Si las faltas son reincidentes, pues que se les suspenda y en última instancia, que se les cese. Las autoridades educativas de cada plantel, tienen en sus manos esa responsabilidad. Por el contrario, a los docentes responsables, cumplidos, capaces, que se les otorguen estímulos.

Las autoridades complican las cosas, cuando pretenden, mejorar la educación, aplicando medidas extremas, drásticas. Sobre todo, porque deben predicar con el ejemplo, y muchos funcionarios de la educación, no están debidamente capacitados, son designados por simple amiguismo o compadrazgo, pero carecen por completo de nociones sobre el tema de la educación y sobre todo de experiencia docente.

Pero los legisladores no observan esto. Simple y sencillamente aprueban o desaprueban, según los compromisos de sus partidos con quien plantea tales propuestas. Si la propuesta proviene del Ejecutivo, le ponen precio a su posicionamiento. Si se los pagan, se suman. Si no les dan lo que piden, hacen valer la disidencia.

Es urgente y esencial, que entiendan que la educación no se mejora, por simple decreto. Que la problemática educativa, no se genera tan sólo por la incapacidad o incapacidad de los docentes, sino también por la deshonestidad e incapacidad de las autoridades.

Sobre todo, que gran parte de la problemática educativa, es el reflejo de la problemática social. Familias desintegradas, la promiscuidad, la pobreza, el bajo nivel cultural, la incapacidad de los padres de familia, para formar adecuadamente a sus hijos.

Pero volviendo a la disyuntiva de orden o desorden, de Estado de Derecho o anarquía, de reclamos enérgicos, pero sin violencia o agresión a terceros, de una autoridad tibia y negligente, o una enérgica, firme y responsable. Ante acciones extremas, soluciones extremas.

Si los maestros de la CNTE, y los integrantes de muchas otras organizaciones sociales, continúan libremente trastornando la vida cotidiana de los capitalinos. Si utilizan garrotes y piedras, como razones para exigir respeto a sus derechos, van a propiciar que las autoridades lleguen a reprimirlos y gran parte de la sociedad lo avale y aplauda.

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, esta semana sugirió a los gobiernos federal y del Distrito Federal, el uso de “tanquetas de agua”, para disolver las manifestaciones de protesta. Luego habrá quienes califiquen de represoras dichas medidas. Que digan que son violatorias de derechos.

Un activista social, Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que ante las movilizaciones y plantones de los integrantes de la CNTE, las autoridades deben aplicar la ley.

Y no precisamente la “ley del garrote”, sino la que sea aplicable en cada caso. Desde una simple falta a los ordenamientos policiacos, hasta la consignación ante jueces penales competentes, en casos de comisión de ilícitos.    

Los ciudadanos, una gran mayoría, reclaman la aplicación de la ley, a secas, para acabar con la anarquía. Pero sin incurrir en arbitrariedades. Es urgente, antes de que sea demasiado tarde.
                                                                                 

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