MEXICALI, B.C.- Jueves 10 de Julio de 2014.- La Ley de Asociaciones Público-Privadas aprobada este jueves por los Diputados integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, mediante una Reforma Constitucional y la creación de un nuevo ordenamiento legal en la materia, detonará el desarrollo y la competitividad de Baja California, aseguró el Gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
El titular del Ejecutivo Estatal reconoció a los Legisladores locales, de todos los partidos políticos representados, por priorizar el desarrollo de Baja California y el bienestar de sus habitantes, al brindar su respaldo y aprobación a esta Iniciativa que tiene como propósito fundamental elevar la competitividad del estado para hacerlo mayormente atractivo a la inversión y la creación de empleos.
La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California, que se presentó a Iniciativa del Ejecutivo Estatal, contiene las disposiciones para brindar solidez jurídica a las relaciones contractuales derivadas de los Proyectos de Asociación Público-Privada (Proyectos APP), y para brindar transparencia y control en la entidad sobre los proyectos en operación.
La nueva legislación regulará debidamente la evaluación, aprobación, presupuestación y contratación de los Proyectos APP, ya que cubre diversos aspectos que los especialistas e inversionistas estiman claves, como el procedimiento de contratación, medios alternativos para la solución de controversias y la especificación básica del clausulado de los contratos APP. Además, gracias a la reforma realizada al artículo 100 de la Constitución Estatal se brindará mayor certeza y seguridad jurídica a los posibles inversionistas.
Al contarse con un marco legal para los Proyectos APP, conocido y aceptado por los bancos y agentes financieros, habrá certidumbre para todas las partes, se fomentará una mayor inversión en el sector de infraestructura en Baja California y se alentaría la participación privada en la planeación de proyectos prioritarios.
La nueva Ley permitirá a las entidades públicas o dependencias iniciar proyectos APP en infraestructura y servicios públicos, mismos que podrán estar dirigidos a atraer por invitación a entidades privadas, para presentar sus propuestas de conformidad con las bases publicadas en las convocatorias por las entidades públicas.
Además, se avanza en el rubro de transparencia, toda vez que la nueva Ley expresa debidamente la obligación de publicar en el portal oficial del Gobierno toda la información relativa a los Proyectos APP, con lo cual, tanto los posibles inversionistas como la sociedad en general, podrán tener acceso y corroborar la legalidad en la realización de dichos proyectos.
Determina además que las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de APP deberán convocar a una licitación pública y se precisa detalladamente que sólo podrán adjudicar proyectos de APP sin sujetarse al procedimiento de concurso, por ejemplo, cuando no existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento y que se realicen con fines exclusivamente de seguridad, o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad estatal, desastres, caso fortuito o fuerza mayor.
Otro aspecto importante de este nuevo ordenamiento que entrará en vigor una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, es el fortalecimiento de la proveeduría local al contemplar disposiciones encaminadas a promover que en los Proyectos APP deberá considerarse que, en igualdad de condiciones, se preferirá como proveedores o socios para el Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías, sobre aquellos que no cumplan con dicha característica, tal y como ya se realiza en los rubros relativos a la obra pública y en materia de arrendamientos, adquisiciones y servicios.
Asimismo, la nueva Ley prevé la posibilidad de que cualquier interesado, en forma unilateral pueda presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal competente, con lo cual se pretende estimular la creatividad del sector productivo y lograr soluciones innovadoras sin que el costo de la investigación y desarrollo recaiga en el Estado.
Por otro lado, se establece que las propuestas de Asociación Público-Privada, al presentar un proyecto, entre otros requisitos, deberán contener la descripción de beneficio social, la estimación de la inversión requerida de las entidades públicas, la viabilidad económica y financiera, y el beneficio del mismo en comparación con otras opciones disponibles. Con ello, se asegura que todo Proyecto APP este encaminado a cumplir los fines sociales del Estado, en beneficio de la comunidad.
Finalmente, indica que esta es una legislación de avanzada, atendiendo a que contempla que en el caso de divergencias las partes del contrato de Asociación Público-Privada tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo a través de diversos medios de solución de controversias ya probados en este tipo de proyectos, como son el Panel de Expertos, la Mediación, la Conciliación o el Arbitraje.
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