Por : Gilberto LAVENANT
Podría parecer remoto, que los comicios del 7 de julio pudiesen ser anulados, total o parcialmente. Sin embargo, todo puede ocurrir. Aún aplica aquello de que “del plato a la boca, se cae la sopa”.
El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, durante el presente proceso electoral recibió 127 impugnaciones, según lo dió a conocer el Magistrado Presidente, Armando Bejarano Calderas.
De esas, 8 fueron en contra de los resultados de las elecciones, presentadas ante los Distritos Electorales y de las cuales solamente dos ya se están sustanciado ante el Tribunal. Una, la más importante, ante el propio IEPCBC.
Las impugnaciones se presentan ante la autoridad responsable del acto que las origina, les dá el trámite administrativo y luego las remite al Tribunal de Justicia Electoral.
Las dos que ya se ventilan ante dicho tribunal, fueron interpuestos por la Alianza Unidos por Baja California, respecto a los cómputos correspondientes a los Distritos I y II de Mexicali. Tentativamente en el Distrito I ganó José Francisco Barraza Chiquete, por el Partido Estatal de Baja California y en el Distrito II la panista Mónica Bedoya Serna.
Sin embargo, existen otras ocho impugnaciones contra los resultados electorales, que aún se están sustanciando. Se estima que en un par de semanas serán resueltos, y quienes las plantean tienen 30 días más para acudir a otras instancias.
De todas las impugnaciones, hay tres en especial que generan inquietudes y expectativas. Una de ellas, planteada por el expanista Juan Manuel Molina, quien contendió por el Partido Movimiento Ciudadano y reclama como propia la diputación plurinominal que se pretende asignar a Claudia Casas Valdez, quien contendió por el Distrito XVI, por parte del MC. El quejoso dice que los votos fueron manoseados, para arrebatarle la diputación.
Otro caso complejo, lo es la impugnación formulada con la intención de que al peredista José Luis Pérez Canchola le asignen la diputación plurinominal que pretenden asignarle al panista Gerardo Alvarez. El representante de la Alianza Unidos por Baja California, impugnó los resultados electorales del Distrito VIII, pero inexplicablemente fue relevado por la dirigencia panista, y el nuevo representante de inmediato retiró la impugnación, aparentemente para impedir que Pérez Canchola mejorara su votación, lo que le daría mejores derechos que Alvarez para lograr la diputación.
La tercera impugnación, quizás la más relevante, fue la presentada por Felipe Ruanova Zárate, quien contendió por la gubernatura estatal, en representación del Partido Movimiento Ciudadano. Cabe observar que Ruanova, quien fue algo así como “una piedra en el zapato” para el panista Kiko Vega, hizo lo que los priístas pretendieron hacer, pero que los altos jerarcas del priísmo nacional se los impidieron.
Esta impugnación fue presentada a las 19:20 horas del 20 de julio, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Señala como autoridad responsable al Consejo General de dicho instituto e impugna la declaración de validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento de la constancia de mayoría al panista Kiko Vega.
El texto de la impugnación, está contenido en 58 hojas tamaño carta. El columnista recibió copia de la misma.
Ruanova manifiesta que tiene interés legal o jurídico, “porque al combatir la ilegalidad de un acto de la autoridad electoral que me genera un perjuicio, al haberme impedido el acceso, en condiciones de equidad e imparcialidad, a un proceso electoral en el que se garantizaran los principios constitucionales en materia electoral, se hace necesario que mediante el dictado de una sentencia se revoque el acto reclamado para el efecto de que se me restituya en el derecho político electoral violado”.
En el capítulo de agravios, el ahora excandidato del MC a la gubernatura, señala que le causa agravio, el “que a pesar de las diversas irregularidades denunciadas en el proceso electoral de la elección de Gobernador en Baja California son contrarias a una disposición constitucional, dichos actos o hechos, al afectar o viciar en forma grave y determinante el proceso comicial en la entidad, conducen a la invalidez de la elección por ser contraria a los principios de la Ley fundamental, lo que no fue considerado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California”.
Ruanova advierte que fueron múltiples y graves las irregularidades presentadas durante el proceso electoral. Luego hace referencia a las mismas, empezando por el llamado Plan Baja Azul, que merece comentario aparte. La campaña de dismitificación de la política, identificada por la expresión “Abra sus ojos”. Los actos anticipados de campaña. La intromisión del Gobernador del Estado. La limitación para conocer las propuestas de los candidatos, al aplicar el llamado apagón analógico. La violación a la libertad del sufragio, por compra o coacción del voto. Las “campañas negras”. El uso del Call Center, durante el período del veto electoral y la irregularidad en el Programa de Resultados Electorales preliminares.
Reclama formalmente la nulidad de los comicios y denuncia como responsables de las irregularidades que señala, a diversos actores políticos, encabezados por el Gobernador Osuna Millán, los partidos políticos integrantes de la Alianza Unidos por Baja California. De ello, ofrece múltiples probanzas.
Ya es muy fuerte el supuesto de la concertacesión. Que el gobierno de Peña Nieto hizo un trueque con PAN y PRD, en los comicios del 7 de julio : gubernatura por Pacto por México. Negociación que, aparentemente, no obliga al denunciante, Ruanova Zárate.
Difícil la tarea del Tribunal Electoral.
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