Por : Gilberto LAVENANT
Tanto anduvo pregonando el gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, con eso de ¡Abre los ojos! que logró que muchos bajacalifornianos los abrieran y se percataran que trazó una estrategia electoral, para que su partido, el PAN, logre conservar la gubernatura estatal durante los próximos seis años.
El Plan Baja Azul, como se identificó a esta trama político electoral, encabezada por el propio osuna Millán, bajo la identidad de “El almirante”, fue puesto al descubierto mediante una denuncia presentada ayer ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en la capital del país, al presumir que el gobierno estatal desvió en esto, apróximádamente 1,300 millones de pesos.
Este asunto no es cualquier cosa, como lo indica el hecho de que la denuncia fue presentada por diputado Gregorio Carranza, del PANAL, Presidente de la Legislatura estatal, así como por el diputado Alfonso Garzón Zataráin, vicepresidente. Como era de esperarse, fue avalada y secundada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, según lo anunció ayer mismo el dirigente nacional priísta, César Camacho.
Tan serio es esto, que a unos días de que se lleven a cabo los comicios para elegir gobernador, cinco alcaldes y 25 diputados locales, este asunto es más que suficiente para reclamar la nulidad de las elecciones, una severa sanción a los partidos que integran la Alianza Unidos por Baja California, PAN, PRD, PANAL y PEBC, así como la cancelación de las candidatura de Francisco Vega de la Madrid y demás candidatos aliados.
La noticia relativa a dicha denuncia, circuló ayer por la tarde, como reguero de pólvora. Los diputados locales, acudieron a la FEPADE, en cumplimiento a punto de acuerdo tomado al respecto en pleno de la legislatura. Al escrito de denuncia acompañaron testimonios y documentales que acreditan el desvío de recursos del gobierno estatal, para favorecer a Kiko Vega y demás candidatos de la Alianza Unidos por Baja California.
El Plan Baja Azul, según información de los legisladores, surgió en el 2011. Cuando menos unos 600 funcionarios estatales resultan involucrados e incluso utilizaron instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica Estatal, así como los llamados CECYTES. El objetivo era comprometer a 400 mil electores a favor del candidato a la gubernatura del PAN-PRD.
Advierten que en este operativo se utilizaron recursos públicos para la compra de gasolina, utilización de vehículos públicos, infraestructura, maquinaria para la instalación del sistema de llamadas telefónicas, conocido como Call Center y muchos otras actividades. Si alguien preguntaba de donde les llamaban durante la madrugada, supuestamente a favor del candidato priísta, Fernando Castro Trenti, quizás con esto tengan la respuesta.
En conferencia de prensa, celebrada ayer en la capital del país, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, dió amplios detalles del Plan Baja Azul. Dijo que tienen constancias, respecto a la serie de operaciones coordinadas por funcionarios públicos estatales, en las que se utilizaron recursos humanos y materiales públicos, para el pago de brigadistas en la difusión de acciones de gobierno y la intención de comprometer a los electores para que voten por los candidatos del PAN el domingo 7 de julio.
Dijo que uno de los desvíos de recursos, se realizó con dinero del Programa Empleo Temporal, con un presupuesto estatal de 36 millones de pesos, los que sirvieron para pagar a los brigadistas, con nivel séptimo de la nómina del gobierno estatal.
Explicó que se destinaban sueldos de entre 12 y 20 mil pesos a coordinadores y brigadistas encargados de las operaciones ilegales. Camacho aseguró que tienen una lista de todos los miembros de esa estructura paralela, que el gobierno estatal creó con fines electorales.
Aseveró que en el listado, se incluyen nombres, domicilios, correos electrónicos y teléfonos de coordinadores municipales, distritales, enlaces institucionales, jefes de sección, brigadistas y movilizadores, que comenzaron sus operaciones desde diciembre del 2011. Ayer mismo circuló en las redes, una gráfica, en la que se presenta el organigrama del Plan Baja Azul, cuyo autor la denomina : “La Ruta del Fraude”, la que puede ser observada en la siguiente dirección
En la gráfica, aparecen como principales operadores del Plan Baja Azul, el Gobernador Osuna Millán, su secretario particular José Andrés Pulido Saavedra, el Secretario General de Gobierno, Francisco García Burgos y César Torres, del Departamento de Informática. Sin embargo, también aparecen muchos otros funcionarios con comisiones específicas. Se estima que son aproximádamente 600 funcionarios estatales involucrados en esto.
También se señalan los programas oficiales de donde se obtuvieron los recursos, tales como Beca Progreso, Empleo Temporal, un Fideicomiso. Incluso se menciona el Programa de Desmitificación de la Política, conocido por el lema : ¡Abre los ojos!
Así mismo, se menciona que las coordinaciones distritales del Plan Baja Azul, se asignaron a los titulares de las diversas dependencias estatales. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene a su cargo el Distrito Electoral I, la Secretaría de Desarrollo Social, los distritos VIII, XI y XII, el ISSSTECALI, el XVI.
La situación es tan delicada, que en los próximos días podrían venir a Baja California funcionarios de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, e incluso el propio Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.
Con razón alguien decía por ahí que el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, no tenía metidas las manos en este proceso electoral. Bueno, las manos no, sino todo él y su gobierno. Con esa estrategia, y con recursos públicos, cualquiera gana. Hasta Kiko Vega.
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