Por : Gilberto LAVENANT
Los funcionarios públicos, de cualquier nivel, y en especial los policías, que dado su bajo nivel de preparación, parecen ignorarlo, deben saber, y no olvidar nunca, que solamente pueden y deben hacer, lo que la ley les permite. Por lo tanto, cuando hacen algo que no tienen permitido legalmente, o se extralimitan, están cometiendo arbitrariedades.
Y las arbitrariedades, deben ser sancionadas. Lo mínimo que ameritan los arbitrarios, es el cese fulminante y además ser sometidos a un proceso penal, para que se les aplique la sanción correspondiente.
El día de ayer, funcionarios municipales del Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el priísta Carlos Bustamante Anchondo, desalojaron, con maquinaria pesada y el uso de la fuerza pública, a varias modestas familias, que tenían más de 10 años en la colonia Los Arenales, a espaldas de la Central Camionera.
Las fotos y videos muestran cómo derribaron las humildes viviendas, destruyendo todo a su paso, sin dar tiempo a los ocupantes de sacar sus pertenencias más elementales. Entre los escombros se observaban objetos de uso personal e incluso libros y cuadernos escolares.
El Secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Yee, pretendiendo justificar tales arbitrariedades, dijo que el desalojo fue para la construcción de una nueva vialidad. Debe saber –porque evidentemente lo ignora- que el fin, no justifica los medios. Incluso, que tales acciones configuran el delito de daño en propiedad ajena, así como el de abuso de autoridad, además de violación de garantías individuales, que deben ser sancionadas penalmente. ¿Y la PDH? Ni sus luces.
Nada justifica arbitrariedades como esa. Aunque las familias desalojadas, no fuesen propietarias de los predios que ocupaban, si lo eran respecto de las modestas viviendas que construyeron y los objetos que tenían en el interior. El desalojo, solamente es procedente mediante orden de juez competente. Hasta el momento, no han exhibido nada al respecto.
Los viejos políticos aún recuerdan a un viejo priísta, Ernesto Urchurtu Peralta, que fue dos veces Regente de la Ciudad de México, que fue designado por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, para un tercer período, pero que se vió obligado a renunciar, precisamente porque su método de limpieza de las zonas en las que se habrían de realizar nuevas obras, eran los arbitrarios desalojos. Se le conocía como el “Regente de Hierro”, pero por abusivo y arbitrario. Era sonorense y falleció en octubre de 1997. Ufff.
El Alcalde de Tijuana, con eso de su slogan de “una ciudad con orden”, en el cierre de su gestión, se está distinguiendo por el abuso y la arbitrariedad. Después de tres años de desorden, ahora quiere corregir la plana.
Pero ayer, en dicho desalojo, ocurrió algo sumamente lamentable y censurable. El periodista José Luis Camarillo, sumamente conocido, con un logotipo, en su camisa, de Uniradio Informa, empresa para la que labora, tanto en el pecho como en la espalda, realizaba su trabajo periodístico en el lugar, tomando fotografías, así como grabando escenas e incluso entrevistando a los afectados, cuando polícías municipales lo tomaron por asalto y cual si fuese un delincuente, entre varios, lo sometieron salvajemente, para impedir que siguiera adelante con su trabajo periodístico.
Las fotos y los videos, no dejan lugar a dudas. Fue un claro atentado al ejercicio de la libertad de expresión, además de abuso de autoridad. El periodista, no cometió delito alguno, ni siquiera faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno. Los gorilas, con uniforme policiaco, pretendieron despojarlo de su equipo fotográfico y de video. No es difícil identificarlos. Es más las autoridades policiacas, saben a quienes asignaron al lugar.
Todos, sin excepción, deben ser suspendidos de inmediato y se les debe iniciar un procedimiento administrativo para su cese definitivo, idependientemente de que se abra el proceso penal en su contra. La acción debe alcanzar a los jefes inmediatos e incluso al propio Secretario de Seguridad Pública, que son los responsable de tales arbitrariedades.
El Alcalde Bustamante, si realmente tuviese una idea clara de la gravedad del caso, de inmediato hubiese ordenado –esperemos que así haya sido- una investigación para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes, “caiga quien caiga”.
Quizás le parezca poca cosa los agravios al periodista, pero el atentado a la libertad de expresión es imperdonable. Porque podría parecer –y eso es un claro ejemplo- que en Tijuana –la ciudad con orden, según Bustamante- es un delito ser periodista.
Delitos los que cometen los arbitrarios, los saqueadores de las arcas municipales, los “gestores oficiales”, que reclaman generosas “propinas” para mediar en la obtención de concesiones, permisos y concesiones. Y nadie los molesta, andan sueltos.
Delitos los que cometen los funcionarios negligentes y corruptos, los que en tan sólo tres años se convierten en nuevos ricos, cual si fuesen exitosos empresarios. ¡Qué asco!
Bustamante ha de creer que los tijuanenses son tontos, que no se percatan de las irregularidades de su administración, una de las más grises de la historia política de Tijuana.
Debe saber que las quejas más recurrentes, planteadas por la ciudadanía, al Alcalde electo, Jorge Astiazarán, fueron precisamente relativas a los actos de corrupción de funcionarios y allegados del actual ayuntamiento.
La vejación en contra del periodista José Luis Camarillo, es el colmo de las arbitrariedades. Irónicamente, empleado de empresa de la familia del nuevo Alcalde. ¡Fuera todos los arbitrarios ! Y también sus jefes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario