Por : Gilberto LAVENANT
El lunes 5 de agosto, en un impresionante operativo, que se prolongó durante 4 horas, elementos del ejército, policía federal, bomberos, personal de obras públicas municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desalojaron a más de un centenar de personas que se encontraban viviendo en las bocas de desague del Canal del Río Tijuana.
El anuncio se había hecho desde tres días antes. No se precisó fecha, pero se dijo que quienes vivían al interior de la canalización, serían desalojados en los próximos días y que se les apoyaría de una manera humana, incluso con su traslado a las entidades de donde fuesen originarios.
El anuncio lo hizo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra. Señaló que esto se haría con el apoyo del gobierno federal, de casi 40 millones de pesos. Afirmó que eso se haría, para evitar que los repatriados se concentraran, en “El bordo”, aseverando que en su mayoría se convirtieron en adictos a las drogas.
También dió a conocer que a organismos civiles, de apoyo a migrantes, se les distribuirían recursos. Que se contemplaba identificarlos, saber quiénes eran, contactar a sus familiares y trasladarlos a sus lugares de origen.
Fue muy enfático al señalar que : “No es sólo sacar a las personas que están ahí, sino establecer y crear las condiciones, en otra parte, para que tengan condiciones humanas de vivir. Porque la forma en que duermen y viven, no es la forma, ni lo ideal para un ser humano”. Cuentan que los periodistas que escucharon tales declaraciones, se conmovieron, casi hasta las lágrimas.
Que un jefe policiaco, hable de resolver un problema social, resulta impactante. Sobre todo cuando Capella señaló, que el Alcalde Bustamante : “nos ha pedido que veamos este tema con ojos humanistas, totalmente”.
Organismos civiles a favor de los migrantes, al enterarse de tales intenciones, advirtieron que deberían respetarse los derechos de las personas a desalojar. Que sin un plan, eso sería un abuso, pues al fin y al cabo el canal era su casa. Que se les debería ofrecer un lugar en donde vivir, apoyarlos para retornar a sus lugares de origen e incluso proporcionarles atención médica a quienes tuviesen un problema de salud.
El lunes 5 de agosto, a partir de las 8:15 de la mañana, en una acción policiaca, al margen de sentido social o humanitario, se llevó a cabo el desalojo, con el uso de la fuerza pública y la destrucción de las guaridas. El sentido humanitario, brilló por su ausencia.
90 de ellos fueron detenidos por la policía municipal, bajo supuestas faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno. Los demás, simplemente fueron desalojados. No se les trasladó a centros de rehabilitación o algún albergue temporal, ni mucho menos se les apoyó para que regresaran a sus lugares de origen.
Pretendiendo justificar tales acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dió a conocer que el operativo se realizó con la intención de proteger a migrantes e indígenas. Que el Programa Nacional de Prevención a la Violencia y a la Delincuencia, es un modelo de prevención social, cuyo objetivo primordial es disminuir la violencia y la inseguridad en espacios territoriales, previamente definidos.
Lo cierto es que el problema social, se trasladó a la zona urbana. Muchos de los desalojados, se agruparon en donde pudieron. Zona Verdes, predios baldíos. Al día siguiente, muchos retornaron al canal, a reconstruir sus modestas viviendas. No había autoridad alguna que se los impidiese.
El Alcalde Bustamante, siguió con su rollo, declarando que el regreso a sus lugares de origen o su internación en un centro de rehabilitación, eran algunas de las alternativas que el gobierno municipal estaría dando a los desalojados.
Conmovió una de sus declaraciones : “Hicimos el operativo, porque todos estamos de acuerdo en que es un problema serio, desde hace mucho tiempo. En realidad, ya era insoportable, porque está afectando el lecho del río y sobre todo el lado humano, que me preocupa mucho”. De lengua me como un taco, dirían algunos.
Insistió en que la limpieza de la canalización, fue una labor conjunta con el Gobierno del Estado y con la Comisión Nacional del Agua y señaló que el gobierno federal les otorgó 58 millones de pesos para la prevención del delito, de los cuales 40 millones de pesos se irían directo a este programa, que incluía la atención a los deportados de Estados Unidos.
La realidad, fue otra totalmente distinta. Los grupos sociales que apoyaron a los desalojados, lo hicieron por su propia voluntad y con sus recursos. El DIF reportó que no le canalizaron, ni menores, ni adultos mayores.
El Secretario de Salud el Estado, Dr. José Bustamante, criticó severamente el desalojo y dijo que el gobierno municipal no le avisó. Funcionarios de CONAGUA, advirtieron que son ajenos.
10 días después del desalojo, el Alcalde Carlos Bustamante, ya no encuentra qué decir sobre este tema. Evidentemente le molesta. Lo absurdo es que, ésta semana, dijo que el operativo fue simplemente un ensayo. Para saber lo que tienen que hacer, en caso de que Conagua requiera limpiar la zona. Gulppp.
¿Y el sentido humanitario? ¿Y el problema social? ¿Y los 40 millones de pesos? Si le reclaman fallas en su administración, don Carlos seguramente dirá que estaba ensayando.
Y aspiraba a la gubernatura estatal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario