Por : Gilberto LAVENANT
Si
alguien quiere saber, qué es una faramalla, además de que se le describe como “una
charla artificiosa, encaminada a engañar”, se puede citar, como ejemplo, aquel
apantallador evento, que se llevó a cabo el miércoles 22 de enero del año en
curso, en el Cuartel Morelos, de la II Zona militar, en el que se instaló la
Comisión Intersectorial para la Prevención Social del Delito y Seguridad
Ciudadana de los Bajacalifornianos. Nombre larguísimo y rimbombante. Hasta ahí.
Los políticos
suponen, que los criminales son moscas, y los quieren matar a periodicazos. En
todo caso, que los atemorizarán cuando los funcionarios responsables de las
diversas áreas, relativas con la seguridad pública, y que saldrán corriendo.
Sobre todo, cuando hablan de coordinación y de redoblar esfuerzos.
El clima
de violencia que se ha desatado en este principio de año, muestra claramente,
que esto no funciona así. Que los discursos son simplemente “rollos”, que la
coordinación no existe y que la ineficiencia es más que evidente. Por lo tanto,
ante los nulos resultados, las excusas y pretextos sobran. La versión oficial,
más usual : se están matando entre ellos, son pugnas entre bandas, porque se
pelean el control de las zonas.
En dicho
evento, el Gobernador Francisco Vega, dijo que este novedoso esquema de
participación conjunta, entre instancias de gobierno, organismos empresariales
y de la sociedad civil, serviría como órgano auxiliar del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, “para fortalecer las estrategias contra la delincuencia y
generar mejores políticas públicas que permitan elevar la calidad de vida de la
población”. Plapp, Plapp. Plapp.
Vega explicó que la instalación de la Comisión, se daba como resultado del Pacto Político-Social para Establecer la Estrategia Estatal para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Ciudadana de los Bajacalifornianos signada entre el Gobierno del Estado y los cinco alcaldes. Si, aquel evento mediático, cuando apenas eran Alcaldes electos y carecían de facultades y funciones.
También enfatizó que con estas acciones, se coordinarán las instituciones estatales y municipales, responsables de la educación, acceso a servicios básicos, desarrollo económico, entre otros más que serán auxiliares en la articulación de estrategias enfocadas a la prevención del delito y la generación de más oportunidades que impacten en la calidad de vida. Ufff, larguísima la pretensión. Mera retórica.
Así mismo, indicó que se está apostando –desde que se asoció con el empresario casinero, Jorge Hank Rhon, para meterle zancadilla al priísta Castro Trenti, a fin de que fracasara en sus aspiraciones por la gubernatura de la entidad, ya le dá por apostar a todo- a la prevención, sin descuidar ninguna otra acción de gobierno, y advirtió que tienen qué generar empleos y programas sociales integrales, que estén acompañados de becas escolares, transporte, programas de salud y de asesoría jurídica, que sean más acertados para llevar a las familias a mejores condiciones de vida y combatir de esta manera la incidencia delictiva”. No dijo para cuando sería esto, pero si alguien se topa con él, díganle que se apure, antes de que Baja California se convierta en otro Michoacán.
Por
cierto, en dicho evento, la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla
del Socorro Ibarra Leyva, presentó la estrategia integral de la dependencia a
su cargo, misma que contempla, entre otros ejes, fortalecimiento a la
capacitación, profesionalización e investigación tecnológica de la policía
investigadora, así como la modernización de los servicios periciales, y un
reforzamiento en lo referente al Nuevo Sistema de Justicia Penal para el
estado. Excelente, pero díganle que se apure, porque esto está que arde.
Que, por el momento, al menos frene estas matazones.
Y para quienes han puesto en tela de duda la actuación del Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, conocido como “el manager” de los Pepos, dicho funcionario dió a conocer que en el Programa Rector Estratégico para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Ciudadana 2014-2019, se establecen 62 estrategias y 314 acciones concretas a desarrollar, medibles por la ciudadanía. Por el momento, lo único que se puede medir, o mejor dicho, contar, es el número de muertes violentas.
Total, para acabar pronto, no obstante tantos planes, programas, estrategias y participantes, en dicha Comisión Intersectorial para la Prevención Social del Delito y Seguridad Ciudadana de los Bajacalifornianos, la violencia está en todo su apogeo y no se observa resultado alguno.
Irónicamente,
mientras se hacen “castillos en el aire”, en materia de seguridad pública, el
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, se está “muriendo de hambre”, por falta
de recursos. La última vez que recibió recursos, fue en marzo del 2013, apenas
750 mil pesos, de un total de 2 millones que debió haber recibido.
El
Presidente de dicho organismo, Jonathan Díaz Castro, explica que reciben
recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, y actualmente no tienen para
cubrir la renta de oficinas, el sueldo de sus empleados y gastos necesarios
para su operación. Señala que esto, parece poner en duda lo prioritario de la
labor que realizan.
Esa es la
cuestión. Por un lado, fabulosos encuentros de funcionarios públicos,
comprometiéndose a realizar ambiciosos programas de trabajo, para prevenir la
comisión de delitos. Por la otra, la realidad, además de la retórica política,
no aportan recursos para que tales intenciones sean una realidad.
De paso,
las corporaciones policiacas en la entidad, de los tres niveles de gobierno,
han caído en un estado de desprestigio, desorganización, abusos de autoridad,
falta de mandos capaces y eficientes, lo que han aprovechado los malosos, para
darse rienda suelta. Y es que las faramallas, no engañan a nadie, menos aún a
los criminales.
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