Por : Gilberto LAVENANT
Ayer
estalló un escándalo, al interior del edificio del Palacio Municipal, sede del
XXI Ayuntamiento de Tijuana. El Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo,
anunció la suspensión provisional de dos funcionarios, de primer nivel, del
área de obras públicas del gobierno municipal, y luego notificó igual medida en
contra del Secretario General de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz.
Visiblemente
molesto, el principal funcionario del gobierno municipal, luego del Alcalde
Jorge Astiazarán, respondió que eso era un “secuestro político” de la
administración, al suspenderlo y excluirlo de sus funciones como cabeza de los
asuntos de gobierno.
No se
recuerda, en la historia política de Tijuana, que haya habido algún conflicto
de esta magnitud en el gobierno local. Padilla señaló, como lo hizo Aztiazarán
recientemente, que el Alcalde no permitirá que intereses mezquinos prevalezcan
sobre los de la ciudadanía.
Si bien
es cierto, que la Sindicatura Municipal, tiene la obligación de vigilar las
acciones y conductas de los servidores públicos municipales, en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, así como las omisiones que sean contrarias a las
leyes o que causen un daño patrimonial, básicamente para velar por el buen uso
y destino de los recursos públicos, en este caso, es más que evidente que
exageró y que se trata de un asunto personal, en una cuestión de antipatía en
contra de Padilla muñoz.
Sin
embargo, también resulta evidente su intención de dañar la imagen del gobierno
de Astiazarán, para el que el Síndico Procurador ha significado un serio dolor
de cabeza, pues no acepta recomendaciones, ni conciliación alguna. Podía haber
dialogado en privado con el Alcalde, para exponerle las presuntas
irregularidades detectadas, en base a las que procedió a suspender a tres de
los principales funcionarios del XXI Ayuntamiento.
En lugar
de eso, convocó a conferencia de prensa y exhibió casi como malhechores a los
funcionarios suspendidos. Ledezma Romo, evidentemente lo disfrutó, como
diciendo : “qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede”.
En el
caso de los dos funcionarios de obras públicas, se trata de Marcia Eugenia
Salcido Moreno, Directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, y Marco
Antonio Vuelvas Díaz, Subdirector. Ambos, en relación a supuestas
irregularidades en procedimiento de licitación para realizar obras de
pavimentación en la Calle Segunda, en la zona central, suspendidas esta semana
por la Sindicatura.
Era
relativamente sencillo, hacer las observaciones y exigir la corrección a las
faltas detectadas. Pero, está a la vista la intención del daño político, más
que velar por el respeto a la ley y el uso adecuado de los recursos públicos.
Ya lo había advertido el propio Alcalde el pasado 5 de febrero, que existen
intereses mezquinos, al interior y al exterior del gobierno, que pretenden
frenar el desarrollo.
La otra
acción del Síndico Ledezma, la suspensión del Secretario General de Gobierno, aunque sea fundada, es con un afán personal de
venganza, con quien ha tenido fricciones. Se recuerda que el propio Padilla ordenó
clausurar una puerta, a través de la cual el Síndico podía acceder al elevador
del edificio, sin tener que recorrer el pasillo exterior, por el hecho de que
permitía a Ledezma Romo penetrar al interior de la Secretaría General de
Gobierno.
Ayer
mismo, trascendió que la suspensión de Padilla Muñoz, deriva de una investigación
en torno a la actuación de este como Director de Desarrollo Social Municipal,
en la administración de Jorge Hank, ante la presunción de un daño patrimonial
por un monto de 207 mil pesos, al indemnizar a 5 empleados, que supuestamente carecían
de ese derecho, de los cuales 4 laboran en el XXI Ayuntamiento.
El
aspecto personal se destaca, pues los hechos que imputa Sindicatura al
Secretario de Gobierno, ocurrieron hace varios años y por lo tanto tuvo que escudriñar
varios expedientes, para verificar la información, en que supuestamente basa la
determinación. Para nada tomó en cuenta, que el suspendido, es el brazo derecho
del Alcalde Astiazarán y sumamente amplia su responsabilidad en la operación de
la administración municipal.
Irónicamente,
hoy vence el plazo para que Sindicatura determine si los funcionarios del XX
Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Carlos Bustamante, incurrieron en
algúna responsabilidad, para proceder en su contra, y respecto a lo cual ha
guardado silencio, al grado de que ya ha sido acusado de estar protegiendo al
exAlcalde.
Sin
embargo, o para mayor gravedad, el aludido, o sea Padilla Muñoz, olvidando
aquello de que “el que se enoja pierde”, se lanzó en contra del Síndico
Ledezma, lo llamó extorsionador, chantajista, y lo culpó de estar entorpeciendo
el desarrollo de Tijuana. Incluso, lo retó a un debate público. Esto sí que es
un escándalo político.
Era tan sencillo, adoptar una postura seria,
madura, y manifestar que las instrucciones del Alcalde eran en el sentido de
respetar las leyes, que si se incurrió en alguna falta, en la que se basan las
suspensiones, se corregirían o se asumirían las consecuencias. En materia
penal, cuando un individuo agrede a otro, con razón o sin ella, incurre en el
delito de lesiones o injurias, y debe ir
a la cárcel. Pero si el agredido responde, y agrede a su agresor, entonces
ambos van a la cárcel, por lesiones en riña. Faltó madurez y sensatez, de ambas
partes.
Lo más lamentable de esto, es que apenas han
transcurrido tres meses, desde el inicio de la administración del Alcalde
Astiazarán, y estos enfrentamientos desprestigian y trastornan programas y
acciones de gobierno. Urge, que se deje en claro que no se tolerará que se
transgreda la ley, ni el orden. El colmo es que el Síndico Procurador no está
bajo la autoridad del Alcalde y parece “un chivo en una cristalería”. Ese sí
que es un problema serio.
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