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ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 25 DE
FEBRERO DEL 2014.- Ante el
Congreso del Estado presentaré un acuerdo para que la Comisión Estatal del Agua
explique la razón por la que cancelo el proyecto de la derivación a Ensenada
del Acueducto de Rio Colorado a Tijuana. Ese documento existe a pesar de que ahora lo
nieguen para engañar y someter a los ensenadenses pretendiendo que renunciemos
a un derecho humano como lo es el derecho al agua potable, expresó este día el
Diputado del PT Armando Reyes Ledesma.
Además, dijo el legislador
ensenadense, de ser necesario acudiremos ante el Congreso de la Unión para que
Eduardo Ledesma Romo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en
Baja California aclare y fundamente jurídica y técnicamente cuando y porque se
cancelo la entrega de los 9 millones de metros cúbicos anuales que le
corresponden a Ensenada procedentes de la Mesa arenosa de Andrade, para
asignárselos a Tijuana y Mexicali como lo señalo ante medios de comunicación.
“Insisto en que los ensenadenses
no podemos cruzarnos de brazos y conformarnos a que nos den un trato de
segunda, ya no únicamente en materia económica sino que ahora también en
materia del agua potable necesaria para el desarrollo de la ciudad, el
crecimiento económico de la región y lo más importante para garantizar la salud
de los habitantes de Ensenada” expresó Reyes Ledesma.
Ahora resulta que sí hay agua
subterránea suficiente para el abasto de la ciudad sin correr el riesgo de
abatir el manto freático. “Necesitamos información técnica y científica que
sustente esa aseveración; Mientras tanto no debemos aceptar que se gasten
millones de pesos en una obra que pretende depositar en territorio de
Ensenada las aguas residuales de Tijuana” subrayó.
En unos días solicitare una
reunión con el alcalde Gilberto Hirata Chico para acordar una estrategia social
y jurídica para exigir la dotación de agua que merece Ensenada y de ser necesario
implementar un amparo por el derecho al Agua Potable que se le está negando a
Ensenada. Basándonos en acuerdos internacionales que reconocen el derecho al
Agua como un Derecho Humano, en la Constitución, y en las Leyes de Salud y de
Agua.
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