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Mexicali, B. C., jueves 1 de agosto de 2013.- La Vigésima
Legislatura de Baja California aprobó de manera unánime el dictamen 217 que
contenía una iniciativa de reforma propuesta por el Diputado Juan Vargas
Rodríguez, en la que se definen nuevas responsabilidades para el Síndico
Procurador de cada uno de los ayuntamientos del Estado.
La reforma consiste en adiciones al artículo 8 de la Ley de
Régimen Municipal, entre las que destaca que cuando la Auditoría Interna
encuentre irregularidades graves o, en su caso, haya presentado denuncia penal
por las mismas, el Síndico Procurador deberá informar al Congreso y al Órgano
de Fiscalización Superior (Orfis) en un plazo de cinco días hábiles, contados a
partir de que se detecten.
Asimismo, en la exposición de motivos Vargas Rodríguez
refirió que dicho funcionario municipal deberá recibir del Orfis las
observaciones resultantes de la revisión de las cuentas públicas del
Ayuntamiento, para que así proceda en conformidad con lo establecido en la Ley
de la materia.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización
del Gasto Público propuso también que el Síndico Procurador deberá recibir del
Congreso los dictámenes derivados de las cuentas públicas correspondientes; lo
anterior, para su debido cumplimiento.
El Legislador Juan Vargas justificó estas modificaciones
legales, con el argumento de que el Congreso local requiere de un mejor marco
jurídico para llevar a cabo un control más eficiente en lo administrativo,
legal y sobre todo presupuestal, de las cuentas públicas de las entidades
fiscalizables.
Aseguró, además, que están en rigurosa congruencia con la
realidad administrativa y social, en cuestión de vigilancia y transparencia que
se debe rendir en la revisión de los gastos que se efectúa a cada uno de los
municipios de Baja California.
Estas reformas aprobadas por la Vigésima Legislatura a la
Ley de Régimen Municipal, serán enviadas al Poder Ejecutivo para ser publicadas
en Periódico Oficial del Estado.
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