Palco de Prensa: Los compromisos políticos.

                                    Por : Gilberto LAVENANT

Durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, se creó el programa de verificación vehicular, bajo el argumento de que Tijuana y Mexicali eran de las ciudades más contaminadas del mundo. Los bajacalifornianos se estaban muriendo, según los osunistas, por el smog de los autos.

Algunas voces discordantes, pusieron de manifiesto, que las cifras que se manejaban en torno a la contaminación de la entidad, habían sido alteradas, mañosamente, exagerando, en especial, que los gases de los vehículos de motor, era el principal factor contaminante.

En base a esto, se estableció la obligación de los propietarios de vehículos de motor, para que acudieran a los centros de verificación vehicular, como requisito previo para el canje de placas y tarjetas de circulación.

Se recurrió a campañas mediáticas, se compraron espacios y tiempos en los medios, para infundir temor en los bajacalifornianos y además crearles un sentimiento de culpa, a fin de que cedieran a la exigencia de la verificación, y se diluyeran las versiones de que esto solamente era un programa recaudatorio, con el que Osuna Millán pagaría a Jorge Kahwagi, entonces consentido de la maestra Elba Esther Gordillo, el apoyo que le brindaron con el Panal, para triunfar en los comicios del 2007.

Este asunto, se manejó en completa opacidad. Nunca se quizo revelar los nombres de las empresas concesionarias, ni el contenido de las concesiones. La sospecha de que se crearon con simples fines recaudatorios, fue sumamente marcada. Se presume, que lograrían ingresos anuales por más de 350 millones de pesos. Sobre todo, con clientes cautivos.

Para nada importó, que les advirtieran que el programa sería ineficiente, en tanto que es mayor el número de vehículos chatarra, aún en circulación, que los registrados y con placas vigentes. Que además, la autoridad ambiental del estado, no tendría elementos y patrullas suficientes, para detectar y sancionar a los vehículos contaminantes.

De cualquier forma, los compromisos, son compromisos. Osuna Millán concluía en 2013 su gestión como gobernador y debía poner en marcha el programa de verificación vehicular. Por ello, antes de dejar el cargo, dejó todo listo para que, en la administración de Kiko Vega, a partir del 2014 los concesionarios empezaran a recaudar los millones estimados.

La crisis económica, provocada por la reforma hacendaria, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, en especial, la homologación del IVA, y el mar de dudas y sospechas en que se había venido desarrollando el tema de los verificentros, en la legislatura estatal llegaron a pensar en la posibilidad de eliminar la obligación de dichas revisiones, para el canje de placas.

El 15 de enero del presente año, se dió un gran paso para ello. Las comisiones conjuntas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Protección al Medio Ambiente, resolvieron, por mayoría de votos de sus integrantes, eliminar la eliminación de la verificación vehicular para el canje de placas y renovación de tarjetas de circulación.

Sin embargo, como siempre pasa, hubo negociaciones entre los actores políticos, y los panistas lograron sostener la verificación, al someterlo a votación del pleno. “Generosamente”, otorgaron un período de gracia de 100 días, durante el cual no sería obligatoria, en tanto analizaban el tema más a fondo. El próximo 3 de mayo, vence dicho plazo, luego de lo cual, los que no hayan llevado sus vehículos a verificar la emisión de gases contaminantes, además de que no podrán renovar sus placas, serán sancionados.

No hay argumentos sólidos, no solamente para que sigan funcionando los verificentros, sino además para sancionar a los automovilistas, supuestamente incumplidos. Lo que decían, temeraria y falsamente, de que el parque vehicular era la principal causa de contaminación en Baja California, quedó en una simple mentira.

A fines de marzo pasado, el Secretario de Protección al Ambiente, en la entidad, Carlos B. Graizbord Ed, declaró a los medios, que no es cierto, que Mexicali sea la tercera ciudad más contaminada del planeta, sino que anda arriba del número 30, considerando que en muchos lugares no llevan este registro, y que la principal causa de contaminación del aire en la entidad, son las tolvaneras,  las ladrilleras, la quema de llantas y pastizales. Dicho en otras palabras, no se justifica la creación y operación de los verificentros vehiculares.

Por si fuese poco, resulta que no existe, el dictamen de inconveniencia, que supuestamente emitió el Secretario de Protección al Ambiente del Estado, Sócrates Bastida Hernández, para acreditar la imposibilidad de que el gobierno estatal proporcionara directamente el servicio de verificación, y que es un requisito para poder concesionarlo a favor de terceros.

Esto, quedó al descubierto, debido a que el Maestro en Ciencias, Temoc Avila Hernández, solicitó, a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, copia del referido dictamen. Transferido dicho reclamo a la Unidad Central de Transparencia de la Secretaría de Protección al Ambiente, le respondieron que estaban imposibilitados para expedirla, por la sencilla razón de que no existe. Con todo descaro, indican que se está tratando de obtener la firma de un nuevo ejemplar, por parte del extitular de la dependencia.

En la comunicación, se advierte que ante la inexistencia de dicho dictamen, se corre el riesgo de una posible denuncia, por el solicitante de la información, que podría generar un procedimiento administrativo de responsabilidades, ante la Contraloría, y que “sería más gravoso para el Ejecutivo Estatal si se informa la inexistencia del mencionado dictamen”.

No cabe duda, de que, cuando existen compromisos políticos, las normas y los protocolos, salen sobrando. Todo esto acredita, que el interés de los verificentros, es recaudatorio, no la contaminación ambiental.