Palco de Prensa: El Bloque ciudadano.

                                          Por : Gilberto LAVENANT

El pasado 28 de febrero, hace ya casi dos meses, el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, provocó un escándalo político, al revelar que desde el día en que tomó posesión, estaba siendo hostigado, acosado y extorsionado, por los hermanos Ledezma Romo, o sea el Síndico Procurador, Arturo, y el empresario de las carteleras publicitarias, Miguel, señalando, entre otras cosas, que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local.

Muchos pensaron que, siendo esto tan delicado, en los siguientes días el edil acudiría a la agencia del ministerio público del fuero común, a hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, no fue así. Parece ser que, luego del encontronazo, las partes involucradas, dejaron dejar todo por la paz. Sin embargo, olvidaron que este no es un asunto entre particulares, que se pueda dejar en un simple : “usted disculpe”, sino entre funcionarios públicos, que deben rendir cuentas de sus actos a la ciudadanía que gobiernan.

En vano fueron los intentos de los periodistas, por saber cuándo y cómo, Astiazarán formalizaría lo denunciado verbalmente. Incluso, días después, como tratando de aclarar que “no se echaba para atrás”, el Alcalde dijo tajante : “lo digo y lo sostengo”.

Pero cuando le reclamaron lo de formalizar la denuncia, simplemente dijo que los presuntos delitos que se pudiesen configurar, a partir de sus señalamientos, deberían ser investigados de oficio, o sea sin necesidad de escrito alguno. Representantes de la PGJE de inmediato respondieron que no era cierto, que había intereses de carácter personal y que requerían que el edil acudiera a denunciarlos.

Total, no pasó nada. Quedaban en el aire dos cosas, sumamente serias. Que la corrupción en el gobierno municipal, es tan enorme, que produce ingresos ilegales por 80 millones de dólares. El Alcalde dijo que sabía de ese tema, pero que pensaba que era puro cuento. “Ahora sé que es una realidad”, comentó.

El otro punto grave, es que hubiese un presunto chantaje o extorsión, de parte del Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, -junto con su hermano Miguel- encargado de velar por el buen uso y destino de los recursos públicos. Y era más que un absurdo, que fuese el promotor de la corrupción, para que le atendieran sus exigencias.

Y conste, a quienes se enteraron de lo declarado por Astiazarán, no les quedó duda alguna, respecto a que dijo la verdad. Ni modo que ahora salgan con que sufre desvaríos, alucinaciones o desviaciones. Gravísimo sería que un Alcalde tuviese ese tipo de desiquilibrios mentales.

Caló tanto esta situación al interior del Palacio Municipal, que el Cabildo en pleno decidió integrar una Comisión Especial de Investigación, designando como Secretario Técnico de la misma, al Regidor Héctor Riveros. El tiempo ha demostrado, que no se trataba de investigar, para aclarar, sino de enredar, para confundir y diluir.

Al ver que pasaban los días y que nadie acudía a las instancias legales correspondientes, fue un tercero, ajeno a este escándalo político, quien acudió al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente.  

La denuncia fue formulada el pasado 14 de marzo, por el C.P. Alberto Escourido Moreno, Presidente de 100 por Tijuana, A.C., siendo registrada, como acta circunstanciada 750/14/211/ac, y luego se abrió la averiguación previa 67/14/204/AP.

La instancia investigadora, le negó al denunciante acceso al expediente de la indagatoria e incluso le rechazaron cualquier probanza que pretendiera aportar, para enriquecer o abundar la denuncia, argumentando que ya tienen todo, ejemplares de periódicos donde se publicaron las notas alusivas a las declaraciones de Astiazarán e incluso videos. Se desconocen las actuaciones.

El tema del escándalo político, entre Astiazarán y el Síndico Ledezma Romo, y el reclamo de que se investiguen y aclaren los hechos, y que se proceda en consecuencia, ha generado un enorme interés, entre dirigentes e integrantes de múltiples organizaciones políticas y sociales de Tijuana.

Y es que no es para menos. Hablar de ingresos ilegales de 80 millones de dólares, hace presumir un alto grado de corrupción en el gobierno municipal.

Ese interés está dando lugar a la formación de un Bloque Ciudadano, para llevar este asunto, hasta sus últimas consecuencias. Se habla de la participación de dirigentes e integrantes de organizaciones como Grupo 100 por Tijuana, A.C., Unidos por Tijuana. Cien años de  Esfuerzo, A.C., Colegio de Profesionales y Estudiosos del Derecho, A.C., Colegio de Economistas, Foro Cívico Tijuanense, Ciudadanos por el Derecho de la Ciudad, A.C., Asociación de Descendientes de los Defensores de la B.C. 1911, A.C., Colegio de Jóvenes Abogados de Tijuana, A.C., Asociación de Colonos de Playas de Tijuana, Asociación de Colonos de Camino Verde y Tijuana Activa, A.C., entre otras.

Ya tuvieron una primera reunión. Este día, miércoles 23 de abril, a partir de las 19:00, será la segunda reunión de este Bloque Ciudadano en formación. La cita es en conocido restaurant, ubicado sobre el Boulevard Agua Caliente, en contra esquina del terreno en donde se ubicaba el Toreo de Tijuana. El del muchacho grandote.

Ahí, se dará a conocer, el informe de la Comisión de Seguimiento de la Denuncia presentada ante la procuraduría de Justicia, contra quien resulte responsable, por la presunta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa. De manera especial, se dará oportunidad al columnista, Gilberto Lavenant, autor de Palco de prensa, para que les exponga el polémico tema sobre el absurdo arrendamiento de las luminarias de Tijuana. Cuando los ciudadanos se unen, se logran grandes cosas.