Por : Gilberto LAVENANT
Cuando los políticos, sean
aspirantes a la gubernatura o a alcaldías, son declarados electos, son muy remotas
las posibilidades de que algo impida que asuman sus respectivos cargos. Por lo
tanto, deben aprovechar el tiempo que les resta, antes de iniciar sus
gestiones, para integrar sus equipos de trabajo.
Lo recomendable, es seleccionar a
los mejores hombres o mujeres, tomando en cuenta su capacidad, experiencia y el
perfil, conforme a su desempeño profesional, para ubicarlos en las posiciones
en donde se presuma que podrán dar los mejores resultados.
Algo sumamente especial, se debe
revisar, a conciencia, la integridad física y moral, de cada uno de ellos.
Exhortarlos a que hagan un exámen de conciencia y a pedirles que, al menos una
vez en su vida, digan la verdad. Que confiesen si es que han cometido algún
pecado, que pueda ser impedimento, para integrarse a la función pública.
Muchos, se guardan presuntos “detallitos”,
bajo la tésis de que en el sistema político mexicano, es posible hacer de todo,
incluso cosas ilegales, y que nunca pasa nada. Ejemplos de impunidad, abundan. Las
historias de personajes, que son unos pillos, y que sin embargo gozan de plena
libertad, y de las riquezas mal habidas, alienta a muchos otros a hacer lo
mismo.
Pero, un día, se rompen las
reglas y se les cae el mundo encima. Como quien dicen, se les cae la vestimenta
y quedan bichis, o bien les “jalan el tapete” y caen estrepitosa y
bochornosamente. El caso del Secretario General de Gobierno, Guillermo Trejo
Dozal, y sus socios, en una empresa prestadora de servicios médicos, es ejemplo
de ello.
Este, es un asunto especial, pues
las investigaciones iniciaron mucho antes de que su amigo el Gobernador los
llamara a integrarse a su equipo de gobierno. Subestimaron los hechos y actuaron
con negligencia y sobrada soberbia. Seguramente supusieron que ellos no serían
la excepción en las reglas de impunidad. Sobre todo, hombres de confianza de
Kiko, el gobernador. Faltaba más.
Y, ya ven, les fallaron las
suposiciones. Trejo Dozal, contra su voluntad, tuvo que dejar la Secretaría
General de Gobierno y hoy, es el fugitivo más importante de Baja California.
Sigue pendiente el caso del Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante
Olache, que retornó a la función pública, hasta que pudo comprobar que
efectivamente no se libró orden de aprehensión en su contra. Ingenuamente,
piensa que ya está a salvo.
Ahora, toca el turno, a Antonio
Valladolid Rodríguez, Secretario de Planeación y Finanzas. Cuatro ciudadanos,
encabezados por Rubén Ovando Ulloa, de la llamada Corriente Crítica del PRI,
presentaron demanda de juicio político, desde el pasado 9 de abril, procediendo
a su ratificación en la misma fecha.
La demanda, cuya copia obra en
poder del columnista, está bien estructurada y debidamente fundamentada. Lo
acusan, de haber omitido asumir la Sindicatura Social del Ayuntamiento de
Tijuana, bajo el simple hecho de que le resultó más atractivo incorporarse al
equipo de Kiko. Mejor sueldo y mayor proyección política. Al menos, los dos
primeros años, para luego buscar la
candidatura panista a la alcaldía de Tijuana, en el 2016.
Cabe recordar, que el día del
evento de toma de posesión de los integrantes del XXI Ayuntamiento de Tijuana,
encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, causó confusión y desconcierto, la
ausencia, sin causa justificada, de Antonio Valladolid, para asumir la
Sindicatura Social.
Entonces, estando en el evento
Bernabé Esquer, el suplente, se le invitó para que asumiera el cargo, ante la
ausencia del titular. Algo lógico, pero apartado de las normas legales. Sobre
todo, porque en ningún momento se justificó la ausencia de Valladolid, y mucho
menos su imposibilidad para asumir la Sindicatura Social.
En estricto derecho, podría
decirse, que Esquer, está desempeñando un cargo, que no le corresponde. En todo
caso, Valladolid debió acudir a tomar posesión, inmediatamente después solicitar
licencia para retirarse del cargo, dejando en su lugar a su suplente.
Un conflicto, casi similar,
ocurrió con Perla del Socorro Ibarra, que no pudo asumir de inmediato el cargo
de Procuradora de Justicia, pues ostentaba el de Magistrada del Tribunal
Superior de Justicia. Tuvo que cubrirse el protocolo para lograr licencia que
le permitiera dejar su posición judicial.
En el caso de Valladolid, le
valieron gorro las formas. No se aguantó las ganas de ocupar de inmediato la
titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas y resultaría absurdo que
al mismo tiempo asumiera la Sindicatura Social. Algo absurdo.
Sin embargo, Valladolid, al desdeñar
la Sindicatura Social del Ayuntamiento de Tijuana, que seguramente le pareció
poca cosa, frente a la de responsable de las finanzas del gobierno estatal, que
ya había asumido, y ahora tendrá que enfrentar el juicio político.
El problema para Valladolid, es
que no objetó, ni impugnó, la constancia de asignación, que hizo en su favor el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, respecto
de la Sindicatura Social del XXI Ayuntamiento de Tijuana y por lo tanto estaba
obligado a asumir dicho cargo. Al no hacerlo, se está pidiendo que lo
enjuicien.
De resolverse procedente, no
solamente tendría que dejar la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
sino incluso sería inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración
Pública y se aniquilarían sus aspiraciones a la Alcaldía de Tijuana.
Estos, son los resultados de la
voracidad. Le hizo “fuchi” a la Sindicatura, por parecerle poca cosa y ahora
podría pasarle lo que al perro de las dos tortas, que se quede sin la una y sin
la otra.
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