El problemón.
Por : Gilberto LAVENANT
El Gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, está
metido en un problemón. En serio, sin exageraciones, se trata de un problema
mayúsculo, que puede ser la base para que promuevan
un juicio político en su contra. A la mejor, ni siquiera alcanza a terminar su
gestión.
Un problema, es una controversia, una dificultad, un
conflicto, que se puede suscitar en cualquier momento, o que el propio
individuo puede propiciar, al no tomar las precauciones más elementales, al
realizar actos para los cuáles carece de facultades o sea al excederse en sus
funciones, cegado por la soberbia, la avaricia, la ignorancia o el poder
público.
El caso que nos ocupa, es el relativo al transporte
público y las 3 concesiones otorgadas en días pasados por Osuna Millán, autorizando
rutas intermunicipales, en la zona metropolitana de Tijuana, Playas de Rosarito
y Tecate, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el 3 de mayo del año
en curso.
Bueno, entremos en materia, para determinar la seriedad y
alcance de este problemón. Resulta que Osuna Millán otorgó las 3 concesiones,
que implican el uso de 195 autobuses, más 39 de reserva, por 20 años, sin tener
facultades para ello, pues la Ley de Transporte del Estado así lo advierte, en
caso de que los municipios hayan celebrado convenio sobre este tema. Es más, ni
siquiera tomó en cuenta a los Alcaldes. Actuó como si fuese virrey.
Obviamente, olvidó que el 8 de noviembre del 2011, los
alcaldes de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, suscribieron un convenio de asociación
de municipios, precisamente para atender y resolver asuntos que atañen a dichos
municipios, entre estos los relativos al Sistema Vial Metropolitano y el
Transporte. El columnista tiene copia de dicho convenio. De ahí pues que el
Gobernador, carecía de facultades para otorgar dichas concesiones.
Sin embargo, supuestamente ante el reclamo de los
transportistas afectados, o sea los que no fueron beneficiados por la
concesiones, las cancela de un plumazo, sin fundamento, ni motivación alguna.
Esto, con la obvia intención de que las empresas concesionarias, acudan al
amparo y logren, por esa vía, que un juez federal obligue al gobernador a
volver a otorgar dichas concesiones.
Simple, por una parte hace como que atiende los reclamos,
pero por otra toma una decisión, deliberadamente, con un desaseo total, sin
fundamento jurídico alguno, para que los transportistas, con los que negoció
las tres concesiones, las recuperen. De otra manera, tendría que “regresar las
entradas”. Es tan burda la maniobra. Plan con maña, dicen.
Sin embargo, el problemón consiste, en que al generar un
conflicto respecto al servicio de transporte público, puede ocasionar el
fracaso del proyecto de modernización del transporte público, promovido o
impulsado por el Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, que implica la llamada
Ruta Troncal Número Uno, para la cual el gobierno federal ya había otorgado 600
millones de pesos.
Esta aportación será cancelada, cuando trascienda el
conflicto jurídico generado por Osuna Millán. Un proyecto de 1,600 millones de
pesos, al bote de la basura, “gracias” al Gobernador panista. Esto implica un
severo daño patrimonial a Tijuana, que dejará en el aire, detenida en el
tiempo, la pretensión de modernizar el transporte.
Este proyecto, prácticamente quedó anulado, porque,
además del conflicto legal generado con las 3 nuevas concesiones, Osuna Millán,
las empalmó sobre el trazo de la Ruta Troncal, lo que hará aún más complejo el
conflicto legal.
El gobierno de Osuna Millán, asegura que el problema
generado por las 3 concesiones otorgadas, quedó resuelto, al cancelarlas, lo
cual fue publicado el 10 de Mayo en el Periódico Oficial, lo que no es cierto.
Si las canceló, pero tan burdamente, que las concesionarias, podrán acudir a la
vía de amparo, para recuperarlas.
En caso de no recuperarlas, ya han advertido que
reclamarán al Gobierno Estatal, encabezado actualmente por Osuna Millán, el
pago de 50 millones de dólares, por concepto de daños y perjuicios, bajo el
argumento que esa cantidad gastaron para operar las concesiones. Claro, Osuna
Millán, ni se preocupa por eso, pues dentro de poco dejará las gubernatura y
será su sucesor, quien cargue con esa responsabilidad.
Así como al municipio de Tijuana, le ocasionó daños
patrimoniales por un monto de 600 millones de pesos, que el gobierno federal
aportó para la Ruta Troncal, al Gobierno Estatal le ocasiona un daño
patrimonial por 50 millones de dólares que reclamarán, como pago por daños y
perjuicios, los concesionarios, presuntamente afectados, al cancelar dichas
concesiones de un tajo, sin fundamento alguno.
Es lógico suponer que el otorgamiento de las 3
concesiones, no fue gratis. Se estima que Osuna Millán y sus colaboradores,
obtuvieron unos 3 millones de dólares por esta negociación. Excelente cantidad
para salir de apuros en esta contienda electoral. Un motivo más, para promover
juicio político en su contra.
Los legisladores locales, ya dieron el primer paso en ese
sentido. Ayer tomaron el acuerdo de mandar llamar al Secretario General de
Gobierno, Francisco García Burgos, para que explique los parámetros utilizados
para el otorgamiento de las 3 concesiones y para su posterior cancelación.
Seguramente en los próximos días integren una comisión
investigadora. Obviamente se tendrá que citar a las empresas transportistas
beneficiadas, para que digan cuanto les costó “el milagrito” de la concesiones.
En base a los resultados, vendrá la solicitud del juicio político en contra de
Osuna Millán. Ese es, a grandes razgos, el problemón en que se metió. Y ni modo
que salga con que “no le busquen chichis a la gallina”. En pleno proceso
electoral, esto es sumamente delicado. Ahora dirá : ¡Cierren los ojos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario