Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
Dicen que es de humanos cometer errores, y de sabios corregirlos. Sin presunción alguna de sabiduría, el columnista reconoce que incurrió en un error, al señalar que el Gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, puede ser sometido a juicio político, por el problemón en que se metió, al otorgar tres concesiones para el transporte intermunicipal, sin tener facultades para ello y que luego canceló, abruptamente, sin fundamentación, ni motivación alguna, con la evidente intención de que, por la vía del amparo, los concesionarios recuperen las concesiones.
Es cierto, en cuanto a que Osuna Millán está metido en un problemón. En un problema mayúsculo, y que si bien en Baja California el Gobernador no puede ser sometido a juicio político, sí puede ser denunciado penalmente.
En relación con este asunto, se puede señalar la presunta comisión de delitos tales como simulación de acto jurídico, asociación delictuosa, abuso de autoridad, daño patrimonial al ayuntamiento de Tijuana, en caso de que el gobierno federal cancele la aportación de 600 millones de pesos para la ruta troncal, daño patrimonial al gobierno estatal, en caso de que los concesionarios reclamen el pago de 50 millones de dólares, por dizque daños y perjuicios, debido a la cancelación de las mentadas concesiones, así como daño patrimonial a los cientos de transportistas que podrían ser desplazados y dejados sin empleo, al imponerles dichas concesiones. Y podría haber más.
Efectivamente, el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Baja California, no incluye al Gobernador entre los diversos funcionarios públicos de la entidad, que pueden ser sometidos a juicio político.
Así mismo, el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, advierte que : “El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del órden común”.
Para el caso de los funcionarios que sí pueden ser sometidos a juicio político, el artículo 9 de dicha normatividad, observa que es procedente, “cuando en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, si incurre en alguna de ocho causas que apunta.
Entre ellas, resultan aplicables las siguientes :
VI.- La usurpación de atribuciones.
VII.- Cualquier acción u omisión en contra de la Constitución Política del Estado o de las Leyes estatales que atente contra el patrimonio o se cause perjuicios graves a la Administración Pública Estatal o Municipal o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, y,
VIII.- Por violación a los reglamentos estatales o municipales que altere la estabilidad política o administrativa del Estado o Municipio respectivo, atente contra su patrimonio o interfiera la prestación de los servicios públicos municipales.
La Ley de Transporte Público del Estado, reconoce al Gobernador como autoridad en esta materia, y conforme al artículo 4, lo faculta, entre otras cosas, para “establecer sistemas o autorizar rutas, itinerarios y tarifas y expedir los permisos y concesiones respecto del transporte público intermunicipal, dentro del territorio del Estado”, pero advierte claramente que esto será solamente : “cuando no existan convenios relativos a la prestación del servicio público del transporte entre Municipios conurbados”.
El 8 de noviembre del 2011, los alcaldes de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, suscribieron un convenio de asociación de municipios, precisamente para atender y resolver asuntos que atañen a dichos municipios, entre estos los relativos al Sistema Vial Metropolitano y el Transporte. Por lo tanto, el Gobernador, carece de facultades para otorgar dichas concesiones. O sea “usurpó atribuciones” que no le corresponden.
Pero no solo eso, omitió consultar o comentar con los alcaldes, que les iba a imponer concesiones, y en el caso de Tijuana, las rutas autorizadas las empalmó sobre el trazo de la Ruta Troncal Número Uno, y otras ya autorizadas con anterioridad, para cuya realización el gobierno federal aportó 600 millones de pesos, monto que puede ser cancelado, ante el conflicto jurídico generado por Osuna Millán.
La otra cuestión es que siete días después de publicadas en el Periódico Oficial del Estado, las concesiones, las cancela abruptamente, pero en forma simplista y burda, sin fundamento ni motivación alguna, lo que dá pie para que los concesionartios acudan a la vía del amparo y recuperen las concesiones. Plan con maña, pues. Lo que, de ocurrir, abortaría el proyecto de modernización del transporte público en Tijuana, con las pérdidas enormes, directas e indirectas, para los tijuanenses.
Pero el dolo, va más allá. En caso de que los transportistas, no logren recuperar las concesiones, por la vía del amparo, ya han advertido que reclamarán al Gobierno Estatal, el pago de 50 millones de dólares, por supuestos daños y perjuicios.
El columnista se permite anticiparles, que en los próximos días “lloverán” las denuncias penales y de corte político en contra del Gobernador Osuna Millán y sus colaboradores, involucrados en este asunto. El asunto es tan grave, es un problemón, pues, que llegará incluso hasta la Secretaría de Gobernación, pues esto incidirá en el actual proceso electoral.
No cabe duda de que eso de ¡Abre los ojos! o de ¡Conmigo la gente manda! es una burda farsa. Incluso, en esta maniobra se basa el “Proyecto Monraz” del transporte público. Un negociazo. Y todavía no asumen los cargos.
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