Coordinador de la bancada del PRI, propone adición a la Constitución local para evitar bonos o gratificaciones para servidores públicos por la conclusión de su encargo, y terminar con abusos de poder en asignaciones como las llamadas del “haber retiro”
Tijuana, 1 de marzo de 2016.- El diputado David Ruvalcaba Flores, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, que coordina actualmente, promueve en el Congreso del Estado una reforma Constitucional, para imponer “candados” contra compensaciones injustificadas a servidores públicos.
La iniciativa tiene un mensaje claro contra el Poder Judicial del Estado en sus pretensiones de las llamadas “pensiones vitalicias” o “haber retiro” en proporciones exorbitadas, y sobre todo, que las pretenden sean hereditarias hasta tercera generación de las familias de los magistrados.
Todo ello, advierte el legislador priista, son “malos manejos del presupuesto público que ponen en riesgo la calidad de vida de los bajacalifornianos”; “por ello, no debemos seguir permitiendo asignaciones injustificadas de bonos o gratificaciones para servidores públicos por la conclusión de su encargo, ya que a lo largo de su mandato han recibido la justa remuneración que por ley le corresponde”.
Ruvalcaba Flores propone adicionar una fracción al artículo 97 de la Constitución Política del Estado, “a fin de que ninguna autoridad o servidor público podrá establecer dentro del Presupuesto de Egresos, el pago de bonos anuales, gratificaciones o cualquier otro tipo de percepción adicional a la de la remuneración de cualquier servidor público con motivo de la conclusión de su mandato”.
El propósito es terminar con abusos de poder en asignaciones como las llamadas del “haber retiro”, que se proponen los magistrados del Poder Judicial del Estado.
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI señaló con claridad la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de recursos, el apego al mandato, las asignaciones presupuestales, y con ello dar cumplimiento a criterios de austeridad y disciplina presupuestal y financiera.
Expuso que esta iniciativa tiene por objeto pagar una deuda que se tiene con los bajacalifornianos desde hace tiempo, concerniente a la austeridad y el buen uso del dinero del pueblo, “puesto que somos la voz del pueblo y nos debemos a él”.
“El reclamo de la sociedad bajacaliforniana nos demanda que se haga el uso responsable y eficiente del presupuesto público, atendiendo a los principios de austeridad, certidumbre, racionalidad y de la legalidad; su voz nos conmina constantemente a los servidores públicos en general a hacer uso racional de los recursos públicos, atendiendo el beneficio de las mayorías y no de unos cuantos”, resaltó.
“Por ello insto a los integrantes de la XXI Legislatura a que rectifiquemos y pongamos fin a los abusos de asignaciones discrecionales por parte de las autoridades públicas que se auto determinan prestaciones incongruentes, y que correspondamos a la confianza depositada por los ciudadanos en nosotros”, expuso.
“La aprobación de un haber de retiro a favor de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es una situación que de nueva cuenta ha confrontado a la sociedad bajacaliforniana por la falta de claridad y transparencia en que este se otorgó, mismo que se tradujo de manera inmediata, en un inmediato rechazo por parte de la opinión pública”, prosiguió.
Dijo que los escasos argumentos que se sostienen a favor de un haber de retiro para quienes integran el máximo órgano jurisdiccional en el Estado, son considerados carentes de racionalidad, frente a las altas remuneraciones que ya ostentan en aras a la función que desempeñan.
“En ese tenor, es oportuno considerar que esta soberanía, no puede ser ajena ni actuar como un espectador frente la ciudadanía, la cual hoy en día reclama a una revisión exhaustiva y constante del marco normativo que encierra a la función pública y exige incorporar medios de control para evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, y procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes del Estado, municipios y organismos constitucionalmente autónomos”.
