Por: Gilberto LAVENANT
Casi una semana después, de haber sido clausuradas las obras del pretendido y controvertido proyecto del Zócalo 11 de Julio, en el predio que ocupa el Parque Benito Juárez, en Tijuana, los integrantes del patronato, encabezada por Carolina Aubanel Riedel, aparecen con un desplegado, plagado de mentiras y verdades a medias, tratando de eludir responsabilidades y desviar la atención.
Para empezar, cabe precisar que la suspensión no fue en atención a quejas de los usuarios del Parque, como lo anuncio el Secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tijuana, Roberto Sánchez, sino por sentencia interlocutoria, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, dentro de juicio promovido por el grupo de ciudadanos que han luchado, desde que se anunció la creación de “la Plaza del capricho”.
En este asunto específico, el 16 de febrero del 2015, José Guadalupe Luna y otras personas, presentaron demanda de nulidad, en contra de los actos del Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, concretamente la licencia o permiso de uso de suelo, de fecha 19 de febrero de 2010, con base al cual se realizaban las obras.
Inicialmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, les negó la suspensión provisional solicitada, pero durante el desarrollo del juicio, se acreditó que se estaban realizando las obras reclamadas, que afectaban las condiciones del Parque Benito Juárez, incluso la tala de árboles.
Posteriormente, se puso de manifiesto que las obras las realizaba el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, pero sin contar con permiso para ello. Una vez que se acreditó esto, se otorgó la suspensión provisional solicitada, que no fue atendida de inmediato por el gobierno municipal, lo que le mereció una multa al Alcalde.
Al dictarse la resolución correspondiente, en este asunto, registrado bajo Expediente 68/2015, de fecha 18 de Septiembre del año en curso, se decretó la suspensión definitiva de las obras, advirtiendo al Alcalde Astiazarán, que sería sancionado, si no daba cumplimiento a la misma.
Por eso, el martes 29 de Septiembre, personal de la Secretaria de Desarrollo Urbano, procedió a colocar mantas con leyenda de “Clausura”, anunciando que estarían al pendiente del desarrollo del procedimiento.
Cabe observar, que la demanda fue enderezada exclusivamente en contra del Alcalde Astiazarán, como representante del gobierno municipal de Tijuana y responsable de autorizar o negar la realización de dichas obras.
El procedimiento fue procedente, porque se requirió a la autoridad municipal que exhibiera toda la documentación que acreditara el sustento de las obras, y no lo hizo, al no contar con la misma. El proyecto, promovido por el patronato del “Zócalo 11 de Julio”, fue iniciado y desarrollado, en forma irregular, sin contar con la correspondiente licencia de construcción.
Se apoyaban, en el hecho de que las obras las realizaba el Gobierno del Estado, en su primera etapa en predios bajo su dominio, pero carecían de facultades para modificar las condiciones del Parque Benito Juárez, de dominio municipal. En especial, la tala de árboles.
Se complicaron las cosas, para las autoridades municipales y estatales, cuando los defensores del Parque Benito Juárez, decidieron acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En principio, se argumentó que los quejosos se habían equivocado, que erróneamente referían el predio que ocupa el Palacio Municipal
Las propias documentales exhibidas, además de inspecciones oculares, acreditaron que efectivamente se estaba dañando el Parque Benito Juárez y por ello se ordenó la suspensión definitiva de las obras.
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno municipal, al dar a conocer oficialmente la suspensión de las obras, revelaron, que sí se estaba afectando la zona arbolada del Parque Benito Juárez. Que 163 árboles fueron extraídos de esa zona y reubicados en otras partes de la ciudad, principalmente en los alrededores de la Unidad Deportiva del CREA y en la glorieta Tomás Aquino. Incluso, que fueron talados otros 6, de los cuales 5 perecieron, al no resistir al cambio.
Esto contradice las versiones de los integrantes del Patronato, quienes constantemente aseguraban que las obras del Zócalo, no afectarían los árboles. Que incluso se sembrarían más.
Pero nada se les puede creer a los integrantes de dicho Patronato, encabezado por doña Carolina Aubanel, quienes han manejado con enorme opacidad este proyecto, cual si fuesen los dueños de Tijuana.
El tema, da para mucho, aunque es un tanto complicado, por los intereses de todos los involucrados, que ahora aparecen, mediáticamente, defendiendo un proyecto, sin sustento, que está destinado al fracaso.
En su “carta aclaratoria”, plagada de mentiras y verdades a medias, dicen, por ejemplo, que “El litigio, que ahora intenta clausurarlo, basado en información y datos sin fundamento, no prosperará. La razón y la verdad no pueden ocultarse”.
Como asegurando, que los defensores del parque, engañaron a la autoridad que decretó la suspensión definitiva, cuando que la verdad es que carecen de facultades para realizar dicho proyecto. Como ellos mismos dicen : “La razón y la verdad no pueden ocultarse”.
Acostumbrados a mentir, amparados en la soberbia, creen que todos están obligados a creer en sus mentiras. Todo, por simples caprichos.
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