MEXICO.- Ante la presentación de la iniciativa de Ley Federal de
Zonas Económicas Estratégicas (ZEE) que, de acuerdo al texto de la ley, tiene
como objetivo transformar áreas históricamente rezagadas en el ámbito económico
en regiones altamente productivas por medio del establecimiento de reglas de
comercio e inversión diferenciadas (Ver Tabla 1). Las tres regiones planteadas
para ser ZEE son: el corredor industrial inter-oceánico del Istmo de
Tehuantepec, municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas.
Dicho esto, son seis las entidades que se incluirán en este esquema (Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco). La creación de las ZEE
representa la apuesta en materia económica de la segunda mitad del sexenio de
Peña Nieto, y el éxito de la política de crecimiento económico de esta región
del país está atado a la implementación de un proyecto que operará bajo tres
ejes fundamentales:
(1) un entorno aduanero especial con acceso a insumos libres
de aranceles e impuestos;
(2) una fuerte inversión en materia de infraestructura; y,
(3) una serie de incentivos fiscales (v.gr. reducción y
exoneración de impuestos corporativos) en compañía de un entorno administrativo
favorable.
Objetivos ZEE
 |
| Mapa Oficial fuente Cidac |
Es importante mencionar que la motivación de la iniciativa
no es espontánea. La primera mención de las ZEE por parte del gobierno federal
se dio a finales de 2014 con el decálogo presentado por el presidente Peña
Nieto tras los sucesos de Ayotzinapa. La idea encuentra su fundamento legal en
los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos con la introducción del concepto de “competitividad” al texto
constitucional, así como con la estrategia transversal de “Democratizar la Productividad”
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Además, la creación de estas zonas
significa la apuesta nacional en el marco del desafío que representa la
competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica.[1]
En este sentido, la iniciativa tiene el propósito de
establecer las bases de la política industrial que contribuyan a la integración
de los procesos de innovación a los nuevos flujos comerciales hacia el mercado
asiático. No obstante, resulta importante destacar cómo la aprobación de la Ley
y la creación de las ZEE serán insuficientes para detonar el crecimiento y,
especialmente el desarrollo económico y social de estas regiones, si no se
atienden sus problemas históricos estructurales, cuya resolución es esencial
para el desarrollo industrial de cualquier área geográfica.
A nivel internacional, la ZEE emblemática y más popular es
la de Shenzhen al sur de China, misma que fue creada en 1979 como el proyecto
de apertura de mercado y comercial de Den Xiao Ping. El “milagro de Shenzhen”
logró atraer miles de inversionistas por medio de la fuerte inversión de
infraestructura del Estado y la explotación de ventajas competitivas como una
amplia oferta de mano de obra barata, excepciones fiscales y acceso a tierras y
recursos naturales. El éxito de estos esquemas ha llevado a que 3 de cada 4
países en el mundo cuente con algún esquema de ZEE y, actualmente, existen ya
más de 4,300 de éstas en el orbe.[2] Sin embargo, al igual que existen ZEE que
han resultado benéficas para el crecimiento económico en países como China,
Panamá (v.gr. la Zona Libre de Colón en Panamá creada en 1948 vinculada con el
Canal de Panamá y que se ha convertido en una zona estratégica en el desarrollo
del país), Uruguay, Honduras y Argentina, el concepto no es una receta
infalible y tiene sus limitantes.
La decisión de una empresa para invertir no sólo evalúa los
aspectos comunes del modelo de ZEE (facilidades fiscales y de infraestructura),
sino toma en consideración toda una serie de características como: el Estado de
derecho, la seguridad, el tipo de capital humano disponible, los requisitos
regulatorios y burocráticas para establecerse, desarrollarse y paulatinamente
expandirse. Asimismo, no todas estas características pesan por igual, algunas
inclusive son condicionales a otras (Figura 2). A continuación se evalúan las
dimensiones del Estado de derecho y el capital humano en las entidades
federativas consideradas en la iniciativa del gobierno federal.
Figura 2. Pirámide de Necesidades de una Empresa
Estado de derecho y seguridad
Uno de los aspectos esenciales del Estado de derecho es el
marco regulatorio de las regiones, ya que es éste el que determinará la
certidumbre de los inversionistas al establecerse. En este sentido, de acuerdo
con el ranking de Doing Business 2014 del Banco Mundial[3], de las seis
entidades contempladas dentro de las ZEE propuestas sólo Chiapas se encuentra
entre las 10 con mejores prácticas regulatorias a nivel nacional. Por su parte,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Michoacán ocupan las posiciones 29, 24, 15, 13, y
12, respectivamente. Por ejemplo, en términos de cumplimiento de contratos -una
característica particularmente importante en estas regiones proclives a las
disputas comerciales- Guerrero ocupa el lugar 28 y Oaxaca la posición número
29. A ambas entidades les toma en promedio 369 días resolver un conflicto
comercial, 1.44 veces más que a Nuevo León o Sinaloa. Otro desafío en este
rubro es que el marco regulatorio genere condiciones propicias, no sólo para la
atracción de grandes capitales propios de las llamadas “empresas ancla”, sino
también para pequeñas y medianas empresas aptas para el desarrollo de
encadenamientos productivos que consoliden el desarrollo de industrias dentro
del país.
En términos de seguridad, destaca la situación de los
estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que, de acuerdo a la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de Seguridad 2015 (ENVIPE 2015) cuentan con tasas
de incidencia delictivas altas. Es decir, la violencia e inseguridad son
problemas que están lejos de estar resueltos y dificultan la capacidad de
producir y transportar bienes dentro de estas nuevas ZEE. La presencia de
grupos del crimen organizado y las altas tasas de criminalidad representan
costos que no necesariamente se verán compensados por los beneficios fiscales y
de inversión dentro de las ZEE.
Capital humano y productividad laboral
La iniciativa de ZEE prevé facilidades en términos de
capital humano. Ejemplo de ello es la capacidad de establecer sus propias
políticas educativas y curriculares en todos los niveles educativos -previa
aprobación de la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas
Estratégicas- o la determinación de asignar el 20% de un fideicomiso especial,
conformado en su mayoría de la recaudación estatal, a un fondo para programas
de desarrollo de capital humano. Si bien dichas disposiciones apuntan al
desarrollo de más y mejor capital humano en la región en el mediano y largo
plazo, hay que analizar con cautela el estado actual del mismo que, en teoría,
sostendrá la actividad productiva de la inversión esperada en los primeros años
de las ZEE.
En este rubro, para los estados de las ZEE, en promedio,
únicamente el 19.7 % de su población tiene la secundaria completa y sólo el 11%
cuenta con un título profesional. Esto contrasta, por ejemplo, con el caso de
Nuevo León que tiene el 29% y 20%, respectivamente. Es decir, la falta de mano
de obra mediana y altamente calificada será un desafío que deberá superarse
para garantizar que las empresas puedan encontrar y atraer el capital humano
necesario para su actividad.
Considerando que en términos de productividad laboral el
promedio nacional no es muy positivo a la luz de los estándares internacionales,
el hecho de que 3 de las 6 entidades federativas de las ZEE (Michoacán, Oaxaca
y Guerrero) estén en los últimos lugares a nivel nacional es preocupante.
Asimismo, es importante mencionar la disparidad que existe entre las entidades
de las zonas, pues siempre podría existir el riesgo de promover la migración
interestatal y que no se detone el desarrollo del capital humano local. Por
ejemplo, de acuerdo con los Censos Económicos 2014, un veracruzano produce
cinco veces lo que un guerrerense y cuatro veces lo que un michoacano. Por su
parte, un trabajador de Chiapas puede producir poco más de dos veces lo que un
trabajador oaxaqueño.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) para el primer trimestre de 2015[4], las regiones cuentan con
una tasa de informalidad superior al promedio nacional. En Chiapas la
informalidad laboral es del 79.2%, en Michoacán del 71.1%, en Oaxaca del 80.4%,
en Guerrero del 78.7%, en Tabasco del 61.4% y en Veracruz del 68.8%. Estas cifras
demuestran cómo la mayoría de la mano de obra no considera el trabajo formal
como una opción viable para obtener un ingreso -tal vez por la escasez de
ofertas atractivas en el sector formal o porque los beneficios del mercado
informal son mayores. En virtud de ello, las nuevas inversiones deberán de ser
capaces de incorporar mano de obra del mercado informal a esquemas laborales
estructurados y atados a una lógica de incorporación a la población formal.
Las ZEE no son, ni serán la “bala de plata” del desarrollo.
Es evidente que el
establecimiento de las Zonas Económicas Estratégicas es la gran apuesta
económica del gobierno federal para el resto del sexenio, y si bien éstas
suelen ser una alternativa para detonar el crecimiento económico de las regiones,
es importante tener en cuenta que crecimiento no equivale a desarrollo
económico sostenible. Además, ofrecer incentivos fiscales puede hacer una zona
despegar pero no será suficiente para garantizar su viabilidad a largo plazo.
Para lograr el crecimiento sostenido y, sobre todo, para transitar de un modelo
de crecimiento enfocado únicamente en lo “hecho en México” hacia lo “diseñado
en México” e “inventado en México” -y que propicie no sólo las ganancias vía
inversión y producción, sino por medio de transferencia de tecnología y
agregación de valor- es necesario atender carencias en variables estructurales
de establecimiento de un Estado de derecho, seguridad, capital humano y
productividad laboral. La respuesta del gobierno federal ante estos retos determinará
si la creación e impulso de las ZEE será un proyecto económico de largo plazo o
se quedará únicamente como un proyecto de corte político que puede generar
dividendos hacia 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario