¿Qué debió informar Kiko Vega en seguridad y justicia? Indudablemente los resultados del período que es lo que más les afecta e interesa a los ciudadanos. Si la delincuencia va a la alza es irrelevante conocer cuántos cursos se impartieron, cuántos edificios se remodelaron o construyeron, cuántas patrullas se compraron, o qué otros recursos materiales se adquirieron para las corporaciones policiales del estado aún en lo referente a los servicios periciales. La lógica elemental indica que lo primero que se debe informar es cuántos delitos se cometieron y cuantos delincuentes se capturaron. No informar al respecto es ocultar la realidad para tratar de esconder bajo la alfombra los malos resultados. Es entonces cuando hay que escudriñar la información para descubrir lo que se trató de ocultar.

Para comenzar, en cuanto a las escuetas y convenientes cifras que en el rubro “Seguridad Integral y Estado de Derecho” le escribieron al gobernador, debe precisarse que se comieron 30 días de informe pues el primero correspondió del 1º de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014 (pag. 397) y el 2º de octubre de 2014 a agosto de 2015 (pag. 357), por lo que habremos de asumir que será del día 1º al día 30, respectivamente.
Ya habíamos visto que en 2013 se cometieron en el estado 104 mil 029 delitos, 107 mil 284 en 2014, y en 2015, de continuar la tendencia, el año cerraría con 109 mil 393 delitos, lo que significa un incremento en el índice delictivo anual de cuando menos 5.2 por ciento en comparación con 2013 y, preocupantemente, la cifra más elevada desde 2011. Así pues, ¿cómo se va a medir la efectividad en el combate a la delincuencia? La regla básica y fundamental es confrontar la cifra de delitos cometidos contra la de procesos penales iniciados en el mismo período. Decía también en el artículo anterior que en 2014, de los más de 107 mil delitos cometidos, el Poder Judicial inició 12 mil procesos, lo que equivale al 88 por ciento de impunidad al quedarse en el olvido –porque eso es el rezago o la reserva o archivo provisional- más de 95 mil. Y en 2013 fue similar porque de los más de 104 mil cometidos sólo llegaron a proceso 14 mil, quedando más de 90 mil en el olvido generando un 86 por ciento de impunidad. Esto significa que en sólo dos años de gobierno más de 185 mil delitos han quedado sin resolver, sin considerar los que se han cometido en el presente año y… los que se sigan cometiendo.
De estas caóticas cifras se desprende que en los años 2014 y 2015 se han robado casi 30 mil vehículos, que han habido más de 112 mil robos en diversas modalidades –a casa, a comercio, de vehículos, en vía pública, etc.-, que se han cometido 1 mil 488 homicidios dolosos, que el secuestro ha crecido casi un 30 por ciento –los denunciados, claro-, al pasar de 33 a 41, y la violación 17 por ciento –entre otros-. Y si bien el Poder Judicial indica que sumados ambos años se han iniciado alrededor de 26 mil procesos penales, no existe ningún indicador que permita conocer cuáles delitos cometidos son los que han llegado a juzgado, esto es, se sabe de la cifra pero no el delito cometido. Entonces cabe preguntarse ¿cuántos de esos robos, secuestros, homicidios, violaciones, etcétera, se han esclarecido? Seguramente que muy pocos, porque contrario a que la población penitenciaria se haya incrementado, ha habido un descenso constante entre la que se contabilizaba en el último año de gobierno de Osuna Millán y la actual. Debe hacerse en este punto una acotación para aquellos quienes podrían desviar el análisis en relación con este tema, en cuanto a que ‘no se trata de encarcelar sino de conceder tratamientos en libertad y que bla bla bla’ puesto que el sistema tradicional aún vigente excepto en Mexicali, tiene una regla muy clara al respecto: a delito grave, prisión forzosa. Entonces, otro ángulo de medición de la efectividad del combate a la delincuencia lo será a partir de la población recluida en los años que se analizan.
Al cierre de gobierno de Osuna Millán habían 17 mil 589 reclusos en el estado, de los que el 81 por ciento correspondían al fuero común; en 2014 la cantidad bajó a 17 mil 341 internos de los que el 80 por ciento eran del fuero común y, para este año, la cifra bajó a 16 mil 758 con un 81 por ciento correspondiente a reos estatales; esto demuestra que en los últimos dos años la población interna en los diversos reclusorios del estado ha disminuido, y entonces la ineficiencia salta a la vista, pues si hay más delitos cometidos y hay en contraste menos internos, sumado al hecho de que son pocos los procesos penales iniciados con una impunidad promedio superior al 90 por ciento –incluyendo los diez meses de 2015-  significa que la PGJE no funciona y que está fallando.
Pero si bien nada justifica la mediocridad de la PGJE, los delitos en el estado han aumentado porque la prevención a cargo de los ayuntamientos y del propio estado no está funcionando; por el lado estatal la Policía Estatal Preventiva –PEP- es una corporación policial descompuesta e infectada en su corta existencia a partir de noviembre de 2001 y que, por lo que se ha visto a lo largo de estos pocos años, en nada ha venido a contribuir en la inhibición de la delincuencia. No por nada la PEP es, a la fecha, la corporación policíaca con más quejas en su contra por abusos diversos. Por el lado de los municipios los resultados también saltan a la vista. Continuará.
APARTE: Está por iniciar la glosa al informe por parte de los diputados, y los caóticos resultados imponen el deber que sean citados los funcionarios responsables de las áreas de seguridad y justicia ante el Pleno. Pero aún compareciendo en Comisiones –Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos- ¿sabrán qué preguntar al respecto? ¿Tendrán interés en conocer el porqué de los ínfimos resultados y del crecimiento de la delincuencia? ¿Podrán contribuir a reordenar la errónea política de seguridad en el estado? ¿Sabrán escudriñar las causas de porqué hay tantos delitos impunes? ¿Serán sus cuestionamientos o posicionamientos más políticos y mediáticos que expertos y certeros? ¿Habrán de preferir, entonces, las preguntas ‘barco’ para no perder concesiones, que se traducen en plazas laborales y canonjías? ¿Qué le dirán a los cientos de miles de ciudadanos agraviados por la delincuencia, a quienes la justicia no les ha tocado la puerta? Ahora que si lo que ocupan es acordeón, pues… (también continuará).