Por : Gilberto LAVENANT
Un intenso
sismo –figurativamente, por supuesto- cimbró las clases políticas y sociales de
Baja California, y en especial de Mexicali, generado por la noticia sobre la suspensión
de un magistrado, un juez y 5 secretarios de acuerdos, del Poder Judicial
Federal, por presuntos actos de corrupción.
Estuvo
tan fuerte el impacto, que alcanzó a un Magistrado del Poder Judicial del
Estado, el Lic. Carlos Cataño González, integrante de la Quinta Sala Penal, por
sus actuaciones como Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito,
con sede en Mexicali.
Esto, en
relación a los amparos concedidos de manera irregular, para la importación de
autos usados. De ahí que el asunto puede ser conocido como el de los “amparos chocolates”.
La
noticia surgió en la capital del país. Hubo quienes la conocieron, a través del
Canal Judicial. Otros, a través de las ediciones digitales de los diversos
periódicos capitalinos como Excelsior y El Universal.
La
noticia indicaba que, por existir sospechas de actos de corrupción, el Consejo
de la Judicatura Federal suspendió de sus funciones a 7 funcionarios, entre
ellos, un magistrado, un juez y 5 secretarios de acuerdos.
La orden
de suspensión –en tanto se resuelve en definitiva el procedimiento
administrativo- fue en contra de Juan
Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito,
de la Quinta Región, con residencia en La paz, Baja California Sur, por
probables irregularidades cometidas en la tramitación de diversos amparos, en
beneficio de empresas que se dedican a la importación de autos usados.
Así
mismo, por razones similares, fue suspendido José Neals André Nalda, actual Juez
Décimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero.
La orden
de suspensión alcanzó a Patricia Avalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez,
Armando Ochoa Loza, Martín Leopoldo Salcido García y Carlos Cataño González,
quienes, de una u otra forma, participaron en la tramitación y resoluciones irregulares
de dichos amparos.
Mención especial
debe hacerse de Cataño González, pues el 7 de diciembre de 2012, fue electo
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, junto con
las Magistradas Sonia Mireya Beltrán Almada y Miriam Niebla Arámburo, quienes
integran la Quinta Sala Penal.
Conocedores
de estos asuntos, afirman que Cataño González se retiró del Poder Judicial
Federal, cuando estalló el asunto de los “amparos chocolates”, y teniendo como “padrino”
a Joel Ayala, líder nacional de la FSTSE –aquel que regaló autos a los
legisladores locales, recién asumieron el cargo- logró integrarse como
Magistrado al Poder Judicial del Estado. Cargo que ocupa actualmente, pero que
tendría que abandonar si es inhabilitado por la federación. O algo peor, si se
ejerce acción penal en su contra.
A
mediados de junio del presente año, trascendió que el Consejo de la Judicatura
Federal, había iniciado un proceso de investigación administrativa, después de
analizar quejas recibidas en contra de al menos 5 jueces federales, quienes
otorgaron amparos a favor de empresas dedicadas a la importación y comercialización
de autos usados, conocidos comúnmente como “chocolates”.
Entonces se
dijo, que se guardaría en reserva los nombres de los funcionarios judiciales,
bajo investigación, para evitar que alteraran los expedientes y destruyeran las
pruebas. Cinco meses después, se decide suspender a varios de ellos.
Al inicio
de la investigación, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la destitución,
por tiempo indefinido y sin goce de sueldo, del juez federal Daniel José
González Vargas, así como el Secretario de Acuerdos, Ricardo Arreola
Villanueva, quienes fueron adscritos, de Baja California a Veracruz, pues se
detectaron posibles irregularidades en el otorgamiento de suspensiones de
amparo a empresas dedicadas a la importación de autos usados.
El
gobierno federal emitió decreto que restringía la importación de autos usados,
principalmente por cuanto a la antigüedad de los mismos, por lo que se hizo
prácticamente imposible su legal internación a territorio mexicano. Hasta que
alguien, presuntamente muy influyente, logró el primer amparo favorable. A
partir de entonces, Mexicali se convirtió en la “aduana favorita” para la
importación de autos usados.
El
problema es que exageraron en las importaciones, de tal manera que no pudieron pasar
desapercibidos, ni para los comerciantes de autos del resto del país, ni para
las diversas instancias federales, relacionadas con la comercialización de
vehículos de importación.
En junio
pasado, Eduardo Solís, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, dijo que dos jueces federales han otorgado 80% de los amparos para
la importación de autos chatarra, cuyo número ascendió a 644 mil en el 2013.
Los
beneficiados por dichos amparos irregulares, son cinco empresas. De los 22 millones
de vehículos que circulan en el país, 7.5 millones son de importación, usados.
El tema
de los “amparos chocolates”, no es nuevo. Con frecuencia se relaciona al mismo
a personajes de la política, que presumen las enormes cantidades de dinero que
han logrado hacer con este negociazo. Pero al parecer, ya se les acabó la “suerte”.
En esta
ocasión, el Consejo de la Judicatura Federal reveló, no solamente los nombres
de los funcionarios judiciales, presuntamente involucrados, sino también los
números de los expedientes en los que se detectaron irregularidades, así como
los tribunales federales.
Falta,
que trasciendan los nombres de las empresas o particulares beneficiados con
dicho negocio y que además se determine la presunta responsabilidad y sanciones
a los que se han hecho acreedores. Tal parece que, a los pillos, les darán “una
sopa de su propio chocolate”.
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