En
sesión de trabajo también se manifestó a favor de la iniciativa para que la
Dirección de Comunicación esté a cargo de esta Comisión del Congreso
Emite
una opinión en sentido negativo a una propuesta para regular la comunicación
social que realizan los gobiernos estatal y municipal
Mexicali, B. C., martes
24 de junio de 2014.- En sesión de trabajo la Comisión de Comunicación del Congreso,
cuyo presidente es el diputado Francisco Barraza Chiquete, aprobó por
unanimidad emitir una opinión favorable hacia la iniciativa de decreto que
tiene el propósito de derogar diversos artículos que establecen los delitos de
difamación y calumnia, inscritos en el Código Penal de Baja California.
Se manifestaron a favor los
integrantes de dicho órgano de trabajo, legisladores Francisco Barraza
Chiquete, presidente; Juan Manuel Molina García, secretario; y los vocales Armando
Reyes Ledesma, Gustavo Sánchez Vázquez y Gerardo Álvarez Hernández, éste último
inicialista de la reforma. Cabe mencionar que este parecer en sentido positivo será
enviado a la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, la cual es la encargada de dictaminar al
respecto.
En segundo lugar fue analizada la
iniciativa de reforma al artículo 83 quinquies de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Baja California, presentada por los grupos parlamentarios del
PAN, PANAL, PEBC y PRD, que tiene la finalidad de proponer que el
funcionamiento administrativo de la Dirección de Comunicación del Congreso esté
a cargo de la Comisión de Comunicación, y no de la Junta de Coordinación
Política como sucede actualmente.
Al respecto se manifestaron 4 votos
a favor de los asambleístas Francisco Barraza, Juan Manuel Molina, Gustavo
Sánchez y Gerardo Álvarez; y uno en contra del diputado Armando Reyes.
Por último se aprobó por unanimidad
dar una opinión en sentido negativo a la iniciativa que reforma el artículo 100
de la Constitución del Estado, presentada ante el Pleno por el diputado Fausto
Gallardo García, la cual intenta regular la comunicación social de las diversas
dependencias gubernamentales a nivel estatal y municipal, así como establecer
los lineamientos de publicidad, imagen institucional y simbología a la que
deberán sujetarse las instituciones públicas y sus respectivos funcionarios.
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