Por : Gilberto LAVENANT
El escándalo
político, suscitado al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre la
sindicatura y el gabinete del Alcalde Jorge Astiazarán, va para largo. Como las
telenovelas, que se prolongan, mientras tienen un alto “rating”, pues cada día
le agregan detalles e involucran nuevos personajes.
Sin embargo,
cabe la observación, hay pasajes en los que parece que están en idioma
extranjero, pues los actores dicen cosas, poco entendibles, que no son tan
explícitas como debiera ser. Por ello, han surgido múltiples interrogantes que
exigen una respuesta clara y convincente. Como que hacen falta traductores o
intérpretes.
Para
empezar, se suponía que el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, venía con
la “espada desenvainada”, para hacer trizas al exalcalde Carlos Bustamante, determinando
responsabilidades y sanciones, por las presuntas irregularidades en que haya
incurrido en su gestión, que tantas “leyendas populares” generó.
Sin
embargo, se agotó el plazo de 90 días que tenía para ello y ni pío dijo
respecto a las inconsistencias del XX Ayuntamiento. Porque de que las hubo, las
hubo. Todos los funcionarios del XXI
Ayuntamiento, reportaron a Sindicatura las presuntas irregularidades que detectaron
en sus respectivas áreas.
En
atención al escándalo político, que ha captado tantos reflectores, en el que
salió a relucir que los hermanos Ledezma, Arturo y Miguel, exigían al Alcalde
Astiazarán, que se “mochara” y les diera el 50% de los ingresos ilícitos,
resulta lógico preguntar : ¿Acaso Bustamante se “mochó” con ellos y por eso lo
dejaron en paz, al grado de que hasta resentimientos olvidaron? Tal parece.
Y si el
Síndico Procurador, ha sido omiso en determinar responsabilidades y posibles
sanciones, ante presuntas o supuestas irregularidades de la administración de
Bustamante ¿Por qué el Cabildo no lo ha llamado a cuentas, si el Síndico forma
parte del mismo y no es precisamente autónomo? ¿Qué acaso el Síndico Procurador,
tiene más poder que el Alcalde y todos los regidores juntos?
Lo más
grave, es lo revelado por Astiazarán, en el sentido de que desde el primero de
diciembre en que tomó posesión, fue hostigado por los Ledezma Romo, para que
les diera la mitad de los ingresos ilícitos, que estimaron en unos 80 millones
de dólares.
¿De dónde
sacaron esa estimación? ¿Si exigían “mochada”, significa que sí hay ingresos
ilícitos? ¿Acaso fueron “asesorados” por el exalcalde Bustamante?
Lo interesante,
fueron las expresiones del actual Alcalde, al respecto. Dijo que tenía información, extraoficial, de
ingresos ilegales, en áreas como administración urbana y alcoholes, antes de
sumir la alcaldía. "Yo realmente pensaba que eran historias, que eran
cuentos, pero es una realidad", subrayó. ¿Realidad ? ¿Antes, o ahora?
¿Esto
significa que es cierto, que en cada administración municipal, quienes están al
frente de la misma, se echan a la bolsa unos 80 millones de dólares, por cobros
indebidos ?
¿Entonces,
por qué, ningún Alcalde investiga a su antecesor, aún a sabiendas de tales
irregularidades ? ¿Será acaso que simplemente
las consideran “normales”, o que ellos harán lo mismo ?
Dice el
Doctor Astiazarán, que sufrió hostigamiento y exigencias de parte de los
Ledezma Romo, desde el día en que tomó posesión. ¿Por qué no lo denunció antes,
sino hasta los 3 meses y luego de que la Sindicatura, como una muestra de
presión, suspendió a Bernardo Padilla, Secretario General del Ayuntamiento?
¿Qué habría
pasado, si el Alcalde accede a otorgar el “moche” exigido? No se puede dar el
50% de ingresos indebidos, si no hay tales.
Durante 3
meses, Astiazarán soportó la incomodidad de las presiones. ¿Qué acaso se le
olvidó, que el gobierno municipal, es un órgano colegiado, integrado también por
los regidores y el propio Síndico? Si hubiese revelado las presiones,
oportunamente.
¿Dada la
gravedad y el escándalo, no era obligación del Alcalde, dar a conocer tales
hechos, al Cabildo en pleno, y en pleno tomar decisiones al respecto?
¿Qué es
lo que sigue ?
El
Alcalde Astiazarán, debe presentar, ante los miembros del Cabildo, una
relatoría detallada, sobre el hostigamiento y exigencias de los Ledezma Romo.
Con pelos y señales. Aunque dice que no tiene pruebas, que es “palabra contra
palabra”, la palabra de Alcalde, tiene un enorme valor. La del Síndico, ni
valor tiene.
En
materia legal, los testigos, los indicios, las acciones colaterales, son
factores importantes.
Así
mismo, debe formular, formalmente, una denuncia de hechos ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado, contra los Ledezma, y quienes resulten
responsables, por los delitos que pudiesen resultar, de todo esto. Esto, es una
obligación del Alcalde.
Cabe
observar que, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja California, en este caso procede el juicio político
en contra del Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, y funcionarios de Sindicatura
que resulten involucrados. ¿Qué acaso se pretende simplemente agotar el aspecto
mediático?
Urgen las
respuestas a estas y a otras muchas interrogantes.
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