Por : Gilberto LAVENANT
Hay personas, que no entienden, y
por lo tanto se niegan a reconocer, que cuando ostentan un cargo público, son
personas públicas, o sea, que lo que hacen o dicen, es de interés general. Que
no pueden tratar de deslindarse, del cargo que ostentan, y lo que ello implica,
argumentando que, lo que dicen o hacen, es como simples ciudadanos. Absurdo.
Esta confusión, o mal entendido,
ocasiona que muchos individuos, estando en la función pública, hagan, digan o
reaccionen, como lo harían siendo ciudadanos. Como Juan Pueblo, su conducta,
solamente interesa y afecta, su entorno personal. Como funcionario, su
comportamiento, se acentúa y destaca, precisamente por la relevancia o nivel
del cargo que ostenta.
Como persona, cada quien resuelve
o determina, si ante un agravio, de cualquier naturaleza, reacciona y reclama,
o simplemente se aguanta el coraje e incluso se conforma con una simple solicitud
de disculpa, de parte del agresor.
Pero, como funcionario público,
el agravio no afecta solamente a la persona, sino al cargo que ostenta. En tal
caso, no cabe la simple disculpa, porque se está afectando al puesto público,
que merece respeto, y, de resultar procedente, se deben hacer las reclamaciones
legales correspondientes.
El viernes 28 de febrero, el
Alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, sorprendió a muchos, cuando reveló
que desde que inició su gestión administrativa, empezó a ser hostigado, por el
Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, dos de los colaboradores de este, e
incluso el hermano de dicho funcionario, el empresario de las carteleras publicitarias,
Miguel Ledezma.
Señaló, que tales individuos, le
exigían el 50% de todos los negocios ilícitos, que habitualmente se manejan en
el municipio. “Hasta manejaron una cifra mágica : que en una administración
municipal, se manejan hasta 80 millones de dólares, de corrupción”, apuntó.
Franco, como es en su forma de
hablar, el primer edil manifestó que tenía información extraoficial, de los
cobros ilegales en áreas como administración urbana y alcoholes, antes de
asumir como alcalde. “Yo realmente pensaba que eran historias, que eran
cuentos, pero es una realidad”.
Tales revelaciones, desataron un
escándalo político. Se daba como un hecho, que el Alcalde denunciaría tales
hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado y que más de uno, de los
presuntos chantajistas, sin duda alguna, irían a parar a la cárcel.
No se duda, que Astiazarán estaba
hablando con la verdad. Que efectivamente había sido hostigado en tales términos
y que el intento de chantaje o extorsión, realmente ocurrió. Que no lo estaba
inventando.
Sin embargo, todo quedó en
entredicho, cuando se supo que el Alcalde no tenía intenciones de hacer una
denuncia formal, respecto a tales hechos. Con todo y que insistió en externar
tal malestar, al ser cuestionado por los periodistas, cuando el Síndico
Procurador declaró que Astiazarán debería probar su dicho o retractarse y
limpiar el nombre de los Ledezma. La respuesta del primer edil, fue contundente
: “lo digo y lo sostengo”.
Sin embargo, al cuestionarle
sobre la fecha de presentación de la denuncia, salió con que ya lo había hecho
públicamente y que, por lo tanto, la Procuraduría de Justicia debería de
iniciar de oficio la indagatoria. Acosados por los periodistas, funcionarios de
tal institución, observaron que no actuarían de oficio.
Total, pasaron los días, y al Dr.
Astiazarán también se le pasó el coraje que lo hizo estallar, se empezaron a
suavizar las cosas con los Ledezma, y se convino, según parece, en darle “carpetazo”
al asunto. Incluso, ante la gravedad de tales hechos, se constituyó una comisión
especial, por parte de los regidores, pero también con una evidente intención
de aminorar la tensión, darle largas al asunto, hasta que se diluyera y
olvidara.
Sin embargo, tratándose de cosas
públicas, sumamente graves, esto no podía terminar, por meros convenios entre
los protagonistas. Cual si hubiesen sido, agravios personales. Esto, no es tan
sencillo. El Dr. Astiazarán, según lo denunció, fue víctima de presunto
chantaje o extorsión, como Alcalde de Tijuana, no como un simple ciudadano. Por
lo tanto, no le asiste derecho alguno, para omitir el reclamo.
No menos grave, lo fue el
supuesto de que le exigían el 50% de los ingresos indebidos del gobierno
municipal, estimados en 80 millones de dólares. Esto, por sí solo, obligaba a
acudir a las instancias de procuración de justicia, para reclamar que se
iniciara la indagatoria correspondiente, pues, de no hacerlo, quedaría la duda,
casi la certeza, de que la corrupción, en el gobierno de Tijuana, es un
fructífero negocio para quienes la ejercen.
Como el Alcalde, no se decidía a
denunciar tales hechos, y los supuestos
chantajistas, tampoco reclamaron la presunta comisión de delitos de calumnia y
difamación, en agravio de ellos, un tercero, como simple ciudadano, decidió “darles
una manita”, presentando denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio
Público del Fuero Común.
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