Por : Gilberto LAVENANT
El mal mayor del mundo entero, y
en especial de la sociedad mexicana, es la corrupción. Es algo peor que el cáncer.
Se parece a los vicios crónicos, como la adicción a las drogas tóxicas, porque es
alucinante.
La corrupción seduce, pues
plantea la posibilidad de obtener ingresos, muy por arriba de lo que se
percibiría con un trabajo normal y legal. Como ejemplos de ello, sumamente
nocivos, hay tantos corruptos, en su gran mayoría cual si fuesen exitosos empresarios,
autores de infinidad de latrocinios, y, sin embargo, en lugar de estar en
prisión, siguen operando, para ocupar puestos políticos, que les permitan incrementar
sus riquezas, mal habidas.
Hay una sentencia popular, que
advierte : “en arca abierta, hasta el más santo peca”. La codicia enajena a
cualquiera. Imaginarse la diferencia, entre el inicio y el final, de una
gestión administrativa, municipal o estatal, de tres o seis años, según
corresponda, empezando con los bolsillos casi vacíos, con una mano en frente y
otra atrás, como suele decirse, y concluir convertido en millonario. Cualquiera
cae.
Hasta el más honesto de los
individuos, no resiste la tentación. Y no es para menos, en el escándalo político,
suscitado al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre el Alcalde Jorge
Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador Arturo Ledezma Romo, y compañía, salió a
relucir, que los ingresos indebidos del gobierno municipal, ascienden a unos 80
millones de dólares. Cierto o falso, seguramente, esta revelación, ocasionará
que ahora sean muchos más los que se interesen por la política. Pueden pensar,
que la política es sucia, repugnante, pero sumamente redituable.
Viene al caso,
comentar esto, porque lo que se suponía que eran simples “leyendas urbanas”, sobre
el grado de corrupción en la administración pública, en particular en el
gobierno municipal de Tijuana, superan todas las presunciones al respecto. Lo
dijo el Alcalde Astiazarán, cuando estalló, ante la supuesta extorsión o chantaje
de que fue objeto, por los Ledezma Romo y colaboradores : “yo creía que eran
simples historias, pero es una realidad”.
Sin embargo, ¿por qué
“florece” la corrupción en la administración pública? ¿por qué, durante la
gestión administrativa, los actos de corrupción pasan desapercibidos? ¿Entonces,
para qué sirve la Contraloría del Gobierno Estatal o las Sindicaturas de los
Ayuntamientos? o, en su caso, ¿para qué sirve el órgano de fiscalización de la legislatura
estatal, conocido como Orfis?
Por principio, habría
qué reconocer, que la corrupción es tan común, que ya casi nadie se sorprende.
La ven casi como algo natural y muchos contribuyen a ella. En lugar de
frenarla, rechazarla o denunciarla, la soslayan, la solapan o hasta la
propician. Irónicamente, en la administración pública, los individuos honestos,
parecen apestados. Nadie quiere tener trato con ellos.
A nivel gubernatura,
basta que se diga que son instrucciones del gobernador en turno, para vencer
cualesquier resistencia. A nivel municipal, siendo el Ayuntamiento un órgano de
gobierno colegiado, las mayorías pasan por encima de las minorías que cuestionan.
Sobran pretextos o argumentos, para tratar de justificar la aprobación o tolerancia
de movimientos o acciones sucias.
Parece que los
órganos de control del gasto público, padecen de los mismos males : miopía,
negligencia, codicia, frivolidad, amor irrefrenable por el dinero, falta de
ética y ausencia de moralidad, además de que están en manos de individuos, proclives
al dinero fácil.
Tan mal andan las
cosas, que a fin de presumir que se combatirán, se habla de la creación de figuras
anticorrupción. A nivel federal, una de las propuestas de Peña Nieto, fue en
ese sentido : crear el zar anticorrupción. Los órganos de control de las dependencias
federales, fueron rebasados. La Secretaría de la Función Pública, es solamente
como un “espantapájaros”.
A nivel estatal, la
Contraloría del gobierno del Estado, no atrapa ni siquiera ratoncitos. El órgano
de fiscalización superior, de la Legislatura Estatal, el llamado Orfis, parece
fue creado para validar irregularidades. A nivel municipal, los Síndicos
Procuradores, suelen ser cómplices, de
los funcionarios corruptos.
De manera absurda,
dizque para hacer constar la legalidad de los actos jurídicos, por ejemplo en
el caso de Tijuana, el Síndico Procurador forma parte del cabildo y levanta su
manita, en señal de aprobación de una propuesta.
En el asunto de las luminarias
de Tijuana, la Síndico Yolanda Enríquez, también suscribió el contrato de
arrendamiento, de forma tal que sería corresponsable de los ilícitos que se configuren
con tales hechos, en caso de que lleguen al ámbito judicial.
Esta semana,
integrantes del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, en reunión
con el diputado perredista, Roberto Dávalos, le propusieron la creación de una
Secretaría de Desempeño Gubernamental y Anticorrupción del Estado de Baja
California. Una carga más en el gobierno.
Lo que se requiere,
no son nuevas leyes o instituciones encargadas de combatir la corrupción. Se
requiere voluntad política de los gobernantes, para ser vigilantes del buen uso
y destino de los recursos públicos. Se requiere, acabar la impunidad y aplicar
la ley a secas. Se requiere tener vergüenza. Se requiere llevar un registro
fiel de corruptelas y de personajes involucrados en actos de corrupción. Basta
ya de meras simulaciones.
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