Por : Gilberto LAVENANT
En días
pasados, el columnista, autor de Palco de Prensa, se comprometió a no volver a
abordar el tema del escándalo político que se suscitó al interior del Palacio
Municipal de Tijuana, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador
Arturo Ledezma Romo, por el supuesto chantaje o extorsión, al reclamar del edil
el 50% de los ingresos indebidos.
La
intención del columnista, en ese sentido, fue porque resultaba evidente que las
cosas se estaban convirtiendo en una especie de “pleito de comadres”, en el que
ninguna de ambas partes parecían tener la intención de darle formalidad, ante
las instancias legales correspondientes.
Se sabe,
que la denuncia del Alcalde, no surgió de una crisis de personalidad, que
pudiese haberle llevado a referir situaciones tan delicadas, o como un mero desahogo. Porque el escenario que
planteó, en momentos en que es algo común “el cobro de piso” o “los secuestros
virtuales”, no es nada remoto que haya ocurrido lo que describió.
Muchos
tijuanenses, consideran que Astiazarán estaba hablando con la verdad, cuando
reveló que estaba siendo objeto de chantaje o extorsión, exigiéndole el 50% de
los supuestos ingresos indebidos del gobierno municipal y en donde aparecían
como actores principales, los hermanos Miguel y Arturo, ambos de apellidos
Ledesma Romo, y dos funcionarios de sindicatura.
Tan
fueron ciertos, que el Síndico, pidió y recibió las “renuncias voluntarias” de
sus colaboradores : Joel Guardado, Contralor, y Rubén Salazar, asesor general. Lo
sano, lo ideal, lo necesario, era que el Alcalde formalizara la denuncia ante
la Agencia del Ministerio Público y que se abriera la indagatoria
correspondiente, contra quienes resultaran responsables. Al no hacerlo, queda
la duda, respecto a la certeza de tales hechos y a su vez la imagen de la
sindicatura quedó sumamente manchada y por lo tanto sin credibilidad alguna.
En un
último roce, que parecieron algo así como “patadas de ahogado”, el Síndico
reclamó que el Alcalde debería probar las acusaciones en su contra o limpiar la
imagen de él y de su familia. El edil simplemente respondió que lo repetía y lo
ratificaba.
Sin embargo,
las relaciones entre ambas partes, parecieron empezarse a normalizar. El
Síndico empezó a participar en los eventos convocados por el Alcalde,
comportándose como si nada hubiese ocurrido entre ellos.
A esto se
agrega, que “alguien”, nadie sabe con precisión si el hermano Eduardo “`pochongo”
Ledezma, Delegado de Conagua, o Miguel,
el empresario de las carteleras, decidió “blindar” a su hermano el Síndico, incrustrando
en la dependencia a nuevos funcionarios. La primera en aparecer en escena,
Dorita Pesqueira, para atender el área de relaciones públicas. Luego se habló
del periodista Victor Manuel Hernández, para atención a medios de comunicación.
Ayer se anunció, que las vacantes que dejaron los “renunciados”, Guardado y Salazar,
serían ocupados por el exregidor Mariano San Román, militante del Partido Verde,
con el carácter de contralor, y Javier Oropeza, asesor general.
Dicho con
todo respeto, la integración de dichas personas, no fortalece, para nada, a la
Sindicatura, en sus áreas básicas, como lo es la vigilancia y preservación del
buen uso y destino adecuado de los recursos públicos. Es eminentemente técnica.
Las cuestiones de imagen o relaciones públicas, son secundarias, no
prioritarias. Están confundidos.
Seguramente
la institución mejorará en sus relaciones públicas, en su proyección ante los
medios periodísticos y en las atenciones interinstitucionales. Dejará de ser
una institución conflictiva, en que se había convertido en días pasados.
Cuentan, que empleados y funcionarios de Sindicatura, recorrían las oficinas de
todas las dependencias municipales, en busca de supuestas o presuntas
irregularidades, para iniciar nuevas indagatorias, con las que responderían las
acusaciones de Astiazarán.
Ahora, se
presume, funcionará sin fines revanchistas o malévolas intenciones de amolar al
prójimo. En varias áreas se estaba distorsionando o descuidando el trabajo, por
estarse cuidando, previendo posibles acciones de parte de la Sindicatura. No
sabían, ni por donde les iban a llegar.
Pero si
era lamentable, que de dicha dependencia surgieran presuntas acciones ilegales,
o muestras de abusos de poder, también es lamentable que ahora se convierta en
una institución “chimuela”, tan mansa, que soslaye los actos indebidos de los
funcionarios.
Que
cumpla con sus funciones, conforme a las leyes que le regulan. Porque tiene
muchos pendientes, respecto de los cuales no ha dicho nada, como lo son las
numerosas irregularidades o inconsistencias, relativas a la administración del
XX Ayuntamiento de Tijuana, que encabezó el empresario priísta Carlos
Bustamante Anchondo.
Como el
caso de las carteleras, que autorizó en sus últimas días como Alcalde, beneficiándose
el propio Bustamante y de paso al Micky Ledesma, e incluso al propio Síndico
Procurador, al autorizarles un buen número de concesiones para instalar
carteleras en la vía pública.
De manera
especial, el asunto de las luminarias, tan burdamente manejado, y que podría
ser considerado como un megafraude. En especial ahora que ha trascendido que
dichas “lucecitas” nunca las compró el Ayuntamiento, sino que simplemente las
rentó, aunque las pagó a precio de compra.
Está
bien, que ya no haya pleito con el Alcalde, pero no se trata de simplemente “dar
la vuelta a la hoja”. Que la Sindicatura cumpla con sus verdaderas funciones. El
ser tapadera de funcionarios o exfuncionarios, no es lo suyo.
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