Por : Gilberto LAVENANT
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 31, Fracción IV, establece que es obligación de todos los mexicanos, contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residen, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Siendo la contributiva, una obligación constitucional, o sea el pagar impuestos, y bajo el principio aquel de que el que es buen juez, por su casa empieza, cualquiera podría suponer que los funcionarios públicos, de designación, como de elección popular, deben ser los más cumplidores en el pago de impuestos.
Resulta absurdo, que sus ingresos provengan de recursos públicos, y evadan o eludan pagar impuestos. Quien así actúe, definitivamente, carece de calidad moral. En la medida en que los mexicanos pagan impuestos, conforme lo disponen las leyes fiscales, el gobierno tiene capacidad para cubrir el costo de operación de las instancias gubernamentales y el costo de los servicios públicos.
Dada la trascendencia del cumplimiento de las obligaciones fiscales, un tema de trascendental importancia cuando los legisladores federales, de manera “responsable”, levantan la mano en señal de aprobación de la propuesta hacendaria del Presidente Peña Nieto, que implica que los bajacalifornianos paguen más IVA, es aberrante que los legisladores locales omitan pagar impuestos.
Este es un tema sumamente interesante. De enorme trascendencia. Con fecha 23 de septiembre del año en curso, una organización mexicalense, denominada Observatorio Ciudadano de Baja California, en base a los resultados de una ardua investigación, denunció formalmente, como evasores fiscales, a los diputados, de todos los partidos políticos, integrantes de la XX Legislatura Estatal.
La denuncia fue presentada ante la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, del Servicio de Administración Tributaria, “con el objeto de que esta autoridad ejerza la facultad de fiscalización y comprobación de la presunta omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, respecto de las retribuciones, salarios, prestaciones que en realidad percibieron los diputados durante el ejercicio de su encargo como tales y se determine el monto de lo que se debe estimar como su ingreso gravable, conforme a la legislación fiscal aplicable”.
Esto no es una especulación o “volada”. Bajo la proclama de : ¡Estamos hartos de gobernantes sin escrúpulos! Y el lema de : “Somos más los que queremos un México mejor”, el OBSERBC, A.C. da a conocer los detalles de la investigación. Además, cita los nombres de todos y cada uno de los flamantes diputados, que ubica en la categoría de evasores fiscales.
La lista es de 27, aunque la legislatura la integran solamente 25, pero incluye a Rosendo Colorado García, suplente de Rosana Soto Agüero, designada delegada del programa Oportunidades y a María Elia Cabañas Aparicio, suplente del fallecido Gregorio Barreto.
Nadie se escapa del señalamiento. Alfonso Garzón Zataráin, Arcelia Galarza Villarino, Carlos Murguía Mejía, Claudia Josefina Agatón Muñiz, David Jorge Lozano Pérez, Blanca Margarita Avilés Covarrubias, Fausto Zárate Zepeda, Virginia Noriega Rios, Eli Topete Robles, Elisa Rosana Soto Agüero, Francisco Javier Sánchez Corona, Gregorio Carranza Hernández, Gustavo Magallanes Cortés, José Máximo García Pérez, Juan Bautista Montejano de la Torre, Juan Vargas Rodríguez, Julio Felipe García Muñoz, Laurencio Dado Alatorre, Marco Antonio Vizcarra Calderón, María del Rosario Rodríguez Rubio, Lizbeth Mata Lozano, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Ricardo Magaña Mosqueda, Rubén Alanís Quintero y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. Advierte que muchos de ellos, ni siquiera cuentan con registro federal de contribuyentes.
Los directivos de esta organización, el 4 de noviembre de 2011, presentaron una solicitud de información al Congreso del Estado, con el objeto de que les informara, entre otras cosas, el monto mensual, desglosado, de todas las percepciones, remuneraciones o prerrogativas económicas de cada diputado, que especificara la clase y monto mensual de impuestos que efectivamente pagan, y por cuales incumplen con el pago de impuestos.
La Unidad de Transparencia del Congreso, al contestar, dió información falsa e indicó que cada diputado percibía, por concepto de sueldo, $ 60,949.49 pesos, y, por concepto de dieta, $ 49,500.00 pesos, sumando un total de $ 110,449.49 pesos. Pero se negó a informar las cuestiones fiscales.
No conformes con tales respuestas, acudieron al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según expediente RR/024/2011, obteniendo respuesta el 10 de diciembre del 2012, o sea poco más de un año después, precisando que en lugar de los $ 110,449.49 pesos, que informó inicialmente, cada diputado percibía mensualmente $ 154,449.49 pesos, de los cuales $ 60,949.49 pesos, fueron por concepto de sueldo, $ 49,500.00 pesos, por concepto de dieta y $ 44,000.00 pesos, por gestoría social. De lo fiscal, nada.
¿Pero quienes fueron capaces de hacer esto ? Pues un grupo de mexicalenses, cuyo Consejo Directivo integran, Eduardo Manuel Martínez Palomera, Presidente, José Federico Díaz Gallegos, Tesorero y José Luis Huape Rodríguez, Secretario.
Entre los asociados, María del Socorro Carreras Castro, Víctor Hermosillo Celada, Leonor Maldonado meza, Fernando González Reynoso, Valentín Aguirre Delgado, Mario Antonio Hurtado de Mendoza Ruiz y Jorge Ignacio Gallegos Salas.
De esto se desprende y acredita, que los políticos, de todos los partidos, son de doble moral. Por una parte proclaman que todos los mexicanos deben pagar impuestos y los señores diputados, sin rubor alguno, son evasores fiscales, o sea, presuntos delincuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario