Por : Gilberto LAVENANT
Quienes
laboran o prestan servicios en la administración pública, o sea en el gobierno,
deben ser individuos con una conducta prácticamente intachable. Tanto en su
vida privada, como pública. Lo mejorcito, pues.
Bueno,
así debería ser.
Por ello,
se les exige carta de no antecedentes penales.
Aunque el
sistema no es tan efectivo. Prueba de ello, en días pasados, mediante denuncia anónima, se descubrió que
Daniel Corral, falsificó la carta de no antecedentes penales, que presentó para
ingresar al gobierno municipal de Tijuana, a ocupar el cargo de Secretario de
la Delegación Municipal La Presa Este.
Esto
salió a relucir, cuando el titular de dicha delegación, Jehú Sánchez Reyes, fue
inhabilitado por haber sido detenido en operativo de alcoholímetros, por conducir
un vehículo oficial, con aliento alcohólico.
Corral
calentó la silla del Delegado, como encargado de la delegación, pero ni alcanzó
a presumir la función, pues de pronto se reveló que la Sindicatura Procuradora
lo estaba investigando, precisamente por lo de la falsificación de la Carta de
No Antecedentes Penales. Y conste, se presume que no es el único caso. Que
pronto saldrán más.
No se ha
dicho, si el tal Corral, realmente cuenta con antecedentes penales y que por
ello tuvo que recurrir a la falsificación.
Dos casos,
de conductas irregulares, en una misma dependencia, sí que es preocupante.
No es
precisamente necesario, que los funcionarios públicos, sean hermanas de la
caridad. Pero al menos, que acrediten ser personas honestas, sensibles,
dispuestas a servir.
Sobre
todo, que sean sensatas, sencillas. Porque suele ocurrir, que a la mayoría de
quienes ocupan un cargo público, les afecta seriamente el “síndrome del ladrillo”.
Por modesto que sea el cargo público, de inmediato les brota la soberbia, lo
prepotencia, la voracidad.
Hay
quienes consideran, que a los funcionarios públicos en general, se les debería
someter a exámenes de confianza. Esos que les aplican a los policías y
funcionarios de las corporaciones policiacas. No son 100% efectivas, pero
representan un buen principio.
Lo ideal
sería, que existiera un archivo con la información suficiente, incluyendo
fotografías y huellas dactilares, de todo funcionario público o aspirantes a
serlo.
Esto,
para consultarlo, a fin de verificar que en el expediente de determinada
persona, no hay malos antecedentes. Y no solamente los de carácter penal, sino también
los sociales y morales en general, que resulten denigrantes o reflejen aspectos
negativos y que por lo tanto pueden reflejarse en la función pública.
Porque,
se debe partir de la base, que muchos individuos son deshonestos y, por lo
tanto, ocultan, disimulan o niegan, sus vulgaridades y deshonestidades. Con
mayor razón, sus antecedentes delictivos.
Indudablemente,
el caso del delegado municipal y del secretario que habría de sustituirlos, no
son los únicos en el gobierno municipal de Tijuana, con irregularidades.
El
columnista recibió, en forma anónima, copias de constancias de otro funcionario
municipal, que obviamente no debería estar laborando en la administración pública.
Su
nombre, Manuel Ramón Macías Abaroa. Apenas el pasado 8 de septiembre, tomó
posesión de la Subdelegación Insurgentes de la Delegación Municipal Cerro
Colorado. Ya antes fue Subdelegado en Sánchez Taboada.
Por
cierto, en el boletín de prensa, relativo al acto de su toma de posesión, el
titular de la Delegación Municipal, el Arq. Pablo Gerardo Sánchez, le dió la
bienvenida.
En
especial, le dijo que directamente el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, le dió la
noticia de su designación como subdelegado, refiriendo que lo conoce “por su
gran humanismo y ganas de servir a la gente, con una propuesta fresca y juvenil
para apoyar a los más vulnerables”.
Las
constancias recibidas por el columnista, indican que Macías Abaroa, no es
precisamente humanista, dispuesto a servir a la gente, ni mucho menos para
apoyar a los más vulnerables.
Por el
contrario, ha incumplido en las obligaciones de derecho de familia, en
perjuicios de dos hijos. Los hechos constan en el Expediente 1550/2009, relativo
al Juicio Sumario de Alimentos, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar,
del Partido Judicial de Tijuana.
En dicho
asunto, se estableció que debería otorgar, provisionalmente, pensión
alimenticia a favor de sus hijos. Lo hizo parcialmente, pero luego incumplió,
lo que dió lugar a que fuese denunciado, toda vez que esto es constitutivo de
delito, previsto en el Artículo 235 del Código Penal vigente, y que es
sancionado con prisión de 3 meses a 4 años y de 10 a 50 días de multa, así como
privación de los derechos de familia, en relación con la víctima o el ofendido.
Esto dió lugar
a la integración de la Causa Penal 391/2012, dentro de la que se le dictó auto
de formal prisión y por lo tanto se inició proceso en su contra, siendo recluído
en el penal de La Mesa. La ficha de ingreso es del 15 de octubre del 2014 y en
la misma se anotó, como su ocupación : servidor público. Actualmente está en
libertad bajo fianza.
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