Por
parte de policías y del titular de la Dirección de Seguridad Pública del pasado
Ayuntamiento de Playas de Rosarito
Solicitó
a sus compañeros legisladores revisar el marco normativo que envuelve a la
libertad de expresión y la libertad de prensa
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Mexicali,
B. C., jueves 5 de junio de 2014.- El presidente de la Comisión de Comunicación
Social del Congreso local, diputado Francisco Barraza Chiquete, presentó ante
el Pleno un posicionamiento para dar a conocer y que se revisen las agresiones
y las intimidaciones sufridas por la periodista Carmen Olsen debido a su labor
informativa, de parte de elementos policíacos y del titular de la Dirección de
Seguridad Pública del pasado Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
Dicho posicionamiento recibió el
apoyo de los diputados Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, Armando Reyes Ledesma,
Julio César Vázquez Castillo, Rosalba López Regalado, Mónica Bedoya Serna y Gerardo
Álvarez Hernández, así como de Marco Antonio Novelo Osuna, Roberto Dávalos
Flores y Juan Manuel Molina García.
Barraza Chiquete relató que el
viernes 4 de enero de 2013, la periodista circulaba en su vehículo por el boulevard
Benito Juárez del mencionado municipio, y observó que una patrulla iba a exceso
de velocidad. La siguió hasta la tienda de telas “La Parisina” y vio como un
policía pateaba a un joven.
“Quiso tomar una fotografía, pero no podía
llegar hasta el lugar porque una de las unidades de policía estaba en la
entrada del estacionamiento. Carmen tocó el claxon para ver si se movían un
poco. Un agente se acercó lámpara en mano y le echó la luz en la cara. Carmen
se identificó como periodista; además, portaba su gafete. El policía siguió impidiendo
que continuara su labor. Después vio que dos policías corrían hacia ella armas
en mano, por lo que entró en su vehículo y cerró la puerta”, continúo relatando
el legislador.
Después de lo anterior, prosiguió Francisco
Barraza, “engancharon el vehículo de la periodista a una grúa y la tuvieron
elevada en el aire durante tres horas y media, hasta que los policías ordenaron
llevarla detenida a la delegación. Tres unidades con sirenas y luces encendidas
escoltaron la grúa que llevó el auto de Carmen por la avenida principal de la
ciudad. Al final la dejaron en libertad, no la entregaron a las autoridades
competentes”.
Por lo sucedido, la periodista hizo una
denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR. En ella acusó de
privación ilegal de la libertad, daño físico y amenazas a los policías
municipales, así como al entonces director de la policía, quien avaló la acción
de los agentes al firmar el parte policiaco de la detención.
El representante popular por el Partido
Estatal de Baja California dijo que a pesar de que la periodista se incorporó
al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, las agresiones y el hostigamiento
hacia ella continuaron.
Comentó que la noche del 14 de septiembre de
2013 fue golpeada por un hombre y una mujer, además de ser blanco de una
campaña de desprestigio y difamación a través de redes sociales y planfletos
repartidos en la calle, en agosto de ese mismo año.
Por otro lado, previo a una audiencia
judicial del caso, Carmen Olsen fue detenida por policías municipales cuando se
dirigía al juzgado. Una patrulla sin números ni placas le cerró el paso con el
pretexto de hacerle una revisión. En ese contexto, se enteró que existían
denuncias penales en su contra y el 24 de septiembre la citaron a declarar ante
el Ministerio Público local por una investigación de difamación y calumnias, lo
cual resulta grave ya que pasó de víctima a indiciada.
El
diputado Francisco Barraza subrayó que las agresiones contra la periodista son
una violación directa a la libertad de expresión, pero también de sus derechos
a la integridad y libertad personales; esto ante la falta de una respuesta eficiente
por parte del estado mexicano.
Al
final de su intervención, invitó a sus compañeros legisladores y legisladoras a
que en los próximos días se revise el marco normativo que envuelve a la
libertad de expresión y la libertad de prensa, así como el que regula el
derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos de Baja
California, para que casos como el narrado de la periodista Carmen Olsen y de
cualquier otro residente bajacaliforniano, no sucedan más.
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