Palco de Prensa: Los mercantilistas.

                                          Por : Gilberto LAVENANT

El asunto de los verificentros, no hay deuda de eso, sirvió para exhibir, de cuerpo entero, a los flamantes legisladores locales. Unos, como siempre, “fieles al patrón”. Otros, con un sentido netamente mercantilista. Pocos, muy pocos realmente, con sentido social.

El tema está harto manoseado, si es cierto. Desde antes de que se expidiera la ley relativa a este programa, se hablaba de que, por negociaciones de carácter electoral, los gobernantes panistas de Baja California, “regalaron” al entonces líder del Panal, Jorge Kawaghi, la concesión para operar los verificentros en la entidad, que, por cierto, se dice que operan con equipo obsoleto.

La intención, supuestamente, es abatir los altos niveles de contaminación en la región, en especial en Mexicali, que se dice es la segunda ciudad más contaminada en el país. Las autoridades estatales emprendieron una campaña mediática, para ubicar las emisiones de los vehículos automotores, como la principal causa de dicha contaminación.

En días pasados, el diputado perredista, Roberto Dávalos, dijo que los números fueron falseados por las autoridades locales, pues no son los automotores. Sabido es que en Mexicali, existen innumerables vialidades con simple terracería, lo que aunado a los climas extremosos y los fuertes vientos, la mantienen en condiciones polvorientas.

Sin embargo, primera parte, los flamantes diputados, que se suponen son representantes populares, no han hecho nada para conocer la identidad de los concesionarios de los verificentros. Y, sobre todo, para saber “cómo es que se hizo de mulas Pedro”, digo Kawghi. Tampoco le han hecho la lucha, para verificar y hacer constar, la calidad y efectividad de los equipos con los que se efectúan las verificaciones vehiculares.

Así mismo, no han tenido la iniciativa, audacia o voluntad, para exigir se realice un estudio serio, a fin de determinar, cuál es el porcentaje de contaminación que producen las emisiones de los vehículos automotores.

Ni siquiera han determinado cuál es el total del parque vehicular en la entidad. Cuantas unidades corresponde al transporte público. Cuantas son propiedad de los tres niveles de gobierno, cuantas a particulares y cuál es el número de vehículos “chocolates”, “chuecos” o ilegales.

De paso, los señores legisladores, no tienen palabra. Como hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. No tienen ninguna seriedad. Por ello se evidencia que el perfil, de la mayoría de ellos, es simplemente mercantilista. El voto, tiene precio, según la materia y las circunstancias. El martes 24 de diciembre del 2013, cuando se sometió a votación la ley de ingresos del gobierno estatal, para el 2014, trascendió que hubo ofrecimientos y solicitudes, para votar a favor, por un monto de 10 millones de pesos, por cada voto.

Quien sabe cuál sería el “arreglo” final, lo cierto es que los flamantes legisladores aprobaron, además de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos por un monto de 39 mil 623 millones 199 pesos, así como la autorización para que el gobierno de Kiko Vega, solicitara un crédito adicional por 2 mil 885 millones de pesos. La votación, en lo general, fue de 24 votos a favor y sólo uno en contra. Este último, el del perredista Roberto Dávalos.

Por cierto, en esa ocasión, se acordó, reducir al 50% el costo de la verificación, sin necesidad de nuevo pago, en caso de que no la pasaran en primera ocasión. Al iniciar Enero del 2014, los verificentros empezaron a operar y a cobrar el 100% del costo, y se atiborraron de automovilistas, no porque estuviesen convencidos de la necesidad del programa, sino porque al cruzar frecuentemente la línea internacional, requieren que placas y tarjeta de circulación estén vigentes, para evitar fuertes sanciones.

El perredista Dávalos, como que se quedó con la idea, de que el 24 de diciembre prácticamente eliminaron el trámite de la verificación, y su cobro, pues el viernes 3 de enero, mediante boletín de prensa, señaló que : “Ni la gente manda y tampoco hay mucho corazón en el gobierno del Estado”, en alusión a las frases electoreras de Kiko Vega.

Así mismo, dijo que : “sin miramiento alguno, exige de manera obligatoria el documento de verificación vehicular como requisito para que los ciudadanos hagan el canje de placas 2014, cuando el Congreso aprobó otra cosa”.

Como para calentar un poco más el ambiente político, decenas de automovilistas se atiborraron en los verificentros, formando enormes filas y con demoras de varias horas. Entonces, el jueves 9 de enero, las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PT, presentaron una iniciativa, para reformar la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado, a fin de omitir la verificación, como requisito previo para renovar tarjeta de circulación. Nació la esperanza, de que se eliminaría tan engorroso trámite.

Seis días después, la propuesta fue sometida a discusión por las comisiones unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Protección al Ambiente, resultando aprobada con 7 votos a favor, de las fracciones del PRD, Roberto Dávalos Flores, del PRI, René Mendívil, Laura Torres, Miriam Ayón, del PVEM, Fausto Gallardo, del PEBC, Francisco Barraza y Felipe Mayoral y dos abstenciones, la del panista Cuauhtémoc Cardona y la de Alberto Martínez, del Panal.

Al día siguiente, habría de subirse al pleno. Se daba casi como un hecho, que la verificación quedaría eliminada como requisito para canje de placas. Pero no fue así, lo único que se aprobó fue otorgar un período “de gracia” de 100 días sin esa exigencia. Avalada con 18 votos a favor, de los diputados del PAN, PANAL, MC, PRI, PVEM y PES. En contra, el del PRD y 2 del PT y dos abstenciones del PEBC.

¿Porqué cambiaron de parecer, de un día para otro?, ¿Cuánto costó cada voto?, ¿Pudo más el perfil mercantilista, que el sentido social?, ¿Esos son nuestros representantes populares?  

Si lo son, entonces traicionaron a sus representados.