Por : Gilberto LAVENANT
Esto es casi el caos. Que si es obligatoria, que no lo es, que es ineficiente porque tan solo se exige a los autos regulares, que son muchos más los “chocolates”, que es simplemente un programa con fines recaudatorios. En fin, cada quien, de acuerdo a su filiación e interés partidista o económico, da una versión sobre este tema.
Es el asunto de la mentada verificación vehicular, que muchos tienen sospechas fundadas de que se trata de un simple negocio. Un negocio de políticos y por lo tanto se ha convertido en la manzana de la discordia en Baja California. Porque, es obvio, ningún político está dispuesto a permitir que otro político, y no ellos, haga negocios a la sombra o amparo del gobierno. Faltaba más.
Esto no es cualquier cosa. De ningún a manera. Se trata de obligar, a los propietarios de todos y cada uno de 1 millón de vehículos automotor, que circulan en la entidad, como requisito previo, para poder canjear placas o tarjetas de circulación. A un costo promedio de 250.00 pesos, representan de 250 a 300 millones de pesos, anualmente. Con 16 talleres mecánicos, dotados de equipo obsoleto, desechado en el Distrito Federal. No está nada mal el negocio.
Desde hace unos 3 años, cuando se empezaba a hablar sobre este tema, trascendió que la concesión para prestar este servicio, fue otorgada por el PAN a Jorge Kawaghi, entonces dirigente del Partido Nueva Alianza, de la maestra Elba Esther Gordillo. Los panistas bajacalifornianos lo niegan, pero el propio ahijado de la exlíder magisterial se encargó de pregonarlo.
Se recuerda que el 28 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Estado de Baja California, que en principio estaría vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Con dicha norma, se establecía la obligatoriedad para los propietarios de vehículos automotor en la entidad, de llevarlos a revisión, para verificar que no producían emisiones contaminantes.
Suponían que no habría oposición, porque los bajacalifornianos saben perfectamente que en la Unión Americana, los vehículos que no sean sometidos a dicha revisión, no pueden circular. Es más, no pueden renovar sus documentos para ello.
Sin embargo, lo que no advirtieron, fue que la mayoría de los vehículos que circulan en Baja California, son introducidos a territorio mexicano, precisamente porque ya no pueden circular en California, pues debido a sus condiciones mecánicas, están impedidos para actualizar su documentación para circular.
Aunado a eso, cabe observar que a muchos de esos vehículos, en el lado mexicano, se les retira o cancela el sistema antismog, porque cuando ya es viejo, se bloquea y altera el funcionamiento del motor, lo que no representaba ningún problema, pues no era obligatorio llevarlos a verificar el grado de contaminación ambiental que producían.
Sin embargo, las cosas cambian. Con eso del calentamiento global, en México se han tenido que adoptar lineamientos anticontaminantes. A fin de vencer la resistencia a este sistema, las autoridades locales empezaron a exagerar con los niveles de contaminación y a asegurar que todo se debía a los contaminantes expedidos por los automotores.
Finalmente, la obligación se empezó a aplicar el 1 de agosto del 2013. Inicialmente no fue general, pues sólo se aplicaba en casos de cambio de propietario o de vehículos de reciente importación. Se habían instalado 16 establecimientos para ello.
El 24 de diciembre del 2013, al ser aprobado la Ley de Ingresos del gobierno estatal y presupuesto de egresos 2014, se discutió este tema. Algunos diputados, opositores al PAN, pretendían que se eliminara la obligatoriedad de la verificación, argumentando su ineficacia, así como el impacto económico, en una época tan difícil.
Según el comunicado 147 de la Legislatura Estatal, “fue avalada la reforma a la ley que regula los servicios de control vehicular, leída por el Diputado José Alberto Martínez Carrillo, por lo cual queda establecido que los verificentros cobrarán durante el 2014 la mitad de la tarifa el año anterior y que no se necesitará la verificación para tramitar placas”.
El caso es que, apenas iniciado el mes de enero, se abren al público los verificentros y se anuncia que se pagará el 100% del costo y que la revisión será obligatoria, como requisito previo para el canje de tarjetas de circulación y placas.
El Diputado del PRD, Roberto Dávalos, mediante boletín de prensa, “puso el grito en el cielo”, señalando, entre otras cosas, lo siguiente : “Ni la gente manda y tampoco hay mucho corazón en el Gobierno del Estado, toda vez que sin miramiento alguno exige de manera obligatoria el documento de verificación vehicular como requisito para que los ciudadanos hagan el canje de placas 2014, cuando el Congreso aprobó otra cosa”.
Sin embargo, el día de ayer, las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PT, presentaron iniciativa de reforma, para eliminar la obligación de verificación vehicular. Aunque Dávalos no lo reconoció, se evidencia que en el pleno del 24 de diciembre pasado, quizás el cansancio, pues concluyó en la madrugada, no se percató que no aprobaron la cancelación de la verificación. Que la crítica Kiko, fue una “volada”.
Total, esto es un relajo. Unos dicen que sí, otros que no, pero nadie ha podido impedir que operen los verificentros, negocio de Kawhagi, de osuna Millán, de Ramos o de quien sea. Un negocio de políticos que produce unos 300 millones de pesos anualmente.
Esa es la manzana de la discordia. La contaminación ambiental, es simplemente una “cortina de humo”, para que nadie les sorprenda retacándose los bolsillos de dinero. Lo primero es el negocio. Lo segundo, la salud de los bajacalifornianos.
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