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lunes, 6 de enero de 2014

DISTRIBUIDOR DE PASTILLAS SICOTRÓPICAS OPERABA A TRAVÉS DE FARMACIA

Fue detenido por agentes de la PEP en atención a una llamada de emergencia al 066, ya que el sujeto había sido herido por arma de fuego

TIJUANA, B.C, Lunes 06 de Enero de 2013.- Un presunto distribuidor de sicotrópicos y propietario de una farmacia ubicada en la plaza comercial Viva Tijuana, fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al incautarle 217 pastillas de medicamento controlado, además de confesar que se dedicaba a la compra y venta ilegal de medicamento controlado.
Marco Antonio Montoya Gómez, Director de la PEP, informó que fue en atención a una llamada de emergencia al número 066, que un grupo de policías estatales preventivos se trasladaron a la calle Vista Palmeras de la colonia Los Laureles, lugar en donde al parecer había una persona lesionada por arma de fuego.  

A dicho sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron al herido a las instalaciones de la benemérita institución, por lo que los policías se dirigieron al nosocomio para entrevistar al lesionado.
El herido dijo llamarse Homero Castillo Camacho, de 45 años de edad, originario del Estado de Michoacán, quien manifestó ser el propietario de una farmacia ubicada en la plaza comercial Viva Tijuana, así como dedicarse a la compra y venta ilegal de medicamento controlado, motivo por el cual hace aproximadamente cuatro meses había recibido amenazas de muerte, por lo que piensa fue el motivo de la agresión en su contra.
Homero Castillo Camacho sacó de la bolsa de su pantalón 29 pastillas sicotrópicas y se las entregó a los uniformados, y manifestó que no quería tener problemas.
Luego de ser dado de alta de la Cruz Roja, Castillo Camacho acompañó a los estatales preventivos a la farmacia en la cual laboraba, de donde sustrajo un recipiente cilíndrico que contenía 188 pastillas sicotrópicas, motivo por el cual fue puesto bajo arresto.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para rendir su declaración respecto al atentado en su contra, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal por delitos contra la salud.

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