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jueves, 23 de mayo de 2013

CITAN DIPUTADOS A GARCÍA BURGOS PARA QUE EXPLIQUE CASO DE TRANSPORTE

·         El Secretario de Gobierno deberá comparecer ante el Congreso del Estado

Mexicali, B.C. jueves 23 de mayo de 2013.- El Congreso del Estado acordó citar a comparecer al Secretario General de Gobierno, para que explique el motivo de la cancelación de las concesiones de transporte urbano en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

La propuesta, que fue presentada por el Diputado David Jorge Lozano Pérez con el aval de los grupos parlamentarios del PRI, PVEM, PT y del Diputado independiente Marco Antonio Vizcarra Calderón, fue aprobada con dispensa de trámite, de manera unánime, por el Pleno de la Asamblea.
El Legislador expuso que apenas el pasado día tres de mayo del presente año, el Gobierno del Estado otorgó sendos permisos para prestar servicio de transporte urbano a las empresas Transportes Urbanos y Suburbanos Calafia; Transportes Integrales y Transportes Metropolitanos de Tijuana.
Dichos permisos fueron autorizados por parte del Ejecutivo Estatal, pero hasta el momento no se ha encontrado algún documento que demuestre el haber consultado y aún menos acordado con los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, a efecto de otorgar las concesiones a las referidas empresas transportistas.
Lo anterior, explicó el Diputado Lozano, en virtud de que el Ejecutivo está facultado por la Ley General de Transporte Público a “establecer sistemas o autorizar rutas, itinerarios y tarifas y expedir los permisos y concesiones respecto del transporte público intermunicipal, cuando no existan convenios entre municipios conurbados”.
Es por eso que se solicita la presencia del Secretario General de Gobierno Francisco Antonio García Burgos, para que explique el procedimiento llevado a cabo para otorgar las concesiones y el motivo de la posterior cancelación.
El Diputado Jorge Lozano agregó que “este infortunado, cuanto desaseado proceso de concesión y posterior cancelación, ha traído, además de la inconformidad de los transportistas, un daño patrimonial reclamable hasta por 40 millones de dólares.
Este monto –precisó- es producto de la inversión en equipo e infraestructura realizada para cumplir con los términos de la frustrada concesión.
La propuesta fue aprobada con dispensa de trámite, pero será en los próximos días cuando se determine la fecha para que comparezca el funcionario estatal ante el Pleno de la Vigésima Legislatura.

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