Palco de Prensa: Las irregularidades.

                                          Por : Gilberto LAVENANT

Aunque en noviembre del 2013, concluyó la gestión administrativa del XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el empresario priísta, Carlos Walterio Bustamante Anchondo, cabe observar que el Organo de Fiscalización Superior del Estado, el llamado Orfis de la Legislatura Estatal, al revisar las cuentas públicas correspondientes al 2011, le señaló un gran número de irregularidades.

Las refrencias están publicadas en la Gaceta Legislativa, y forman parte del Dictamen 287, de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, de la Legislatura Estatal, que presidía el diputado Juan Vargas Rodríguez, presentado en la sesión ordinaria del martes 19 de febrero del 2013. Páginas 73 a 113.

 En dicho dictamen, se hace una detallada relación de todas las irregularidades detectadas. No menos numerosas, son las detectadas al revisar la Cuenta Pública del 2012. Quizás sean mayores, al revisar las del 2013. El exalcalde afirma que “son chismes”.

Son tantas, las irregularidades, que habrá mucho qué comentar al respecto. Esto, en cumplimiento del compromiso, que el columnista hizo personalmente con el exalcalde priísta, en atención al reclamo que le hizo, en el sentido de que no escribiera mentiras sobre su gestión. Con dicho documento, ni necesidad hay de mentir.

De los múltiples temas o asuntos, en relación a los cuales el Orfis detectó irregularidades, se encuentra el de la demolición de la edificación que existía en la esquina de Avenida Constitución y Calle Octava, donde operaba la comandancia de la policía municipal, la cárcel preventiva, la central de bomberos e incluso los talleres municipales.

Se recuerda que, en sesión ordinaria, de fecha 24 de diciembre de 2011, el Cabildo aprobó desincorporar del patrimonio del dominio público del Ayuntamiento de Tijuana, e incorporar al patrimonio del dominio privado, el inmueble en que funcionaba la comandancia de policía y la cárcel preventiva, determinando un valor de 20 millones 962 mil 100 pesos, comprendiendo el terreno, construcciones y obras complementarias.

Así mismo, se autorizó que, el total de la venta, se destinara a la constitución de un Fideicomiso para la Reactivación Económica de la Zona Centro de Tijuana.

De acuerdo a avalúo, practicado con fecha 22 de marzo de 2011, por la Comisión Estatal de Avalúos, se determinó que el valor del inmueble, por casi 30 millones de pesos, se integraba por 12 millones 32 mil pesos, por el terreno, 7 millones 423 mil 100 pesos, por la construcción y 1 millón 507 mil pesos por las obras complementarias.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2011, o sea cinco días después de que el Cabildo aprobó la desincorporación del inmueble, del dominio público, para incorporarlo al dominio privado del Ayuntamiento, para su venta, se procedió a demoler las estructuras del inmueble.

El Orfis señala, que el Ayuntamiento dispuso del patrimonio municipal, sin contar con la autorización de Cabildo, presumiendo un daño patrimonial por un monto de 12 millones 92 mil 740 pesos, el cual se integra por el valor de la construcción y obras complementarias, que suman un monto de 8 millones 930 mil pesos, y además por pagar 3 millones 162 mil 640 pesos, por la demolición, pues la autorización del Cabildo fue para la venta de todo el inmueble, o sea terreno y construcciones.

Destaca también, que el dictamen técnico que se emitió y sirvió de base para la desincorporación, no determina, ni justifica, en forma literal, que dicho bien hubiese dejado de ser útil para la prestación de un servicio público, o que no hubiese sido factible utilizarlo para algún otro aprovechamiento, en beneficio de la comunidad. Hubo quienes reclamaban que fuese museo del policía o para actividades culturales.

Esto evidencia que los gobernantes, siguen actuando en lo oscurito, de manera totalmente irregular, y cuando se les hacen señalamientos, o se les cuestiona, simplemente lo niegan y afirman que se trata de meras “leyendas urbanas”.

Algo más, sobre este asunto, y las demás irregularidades del XX Ayuntamiento de Tijuana, la Legislatura Estatal, no obstante de observar tales inconsistencias y presuntas ilegalidades, acostumbra aprobar las cuentas públicas, sin determinar posibles responsabilidades en que hayan incurrido los funcionarios a cargo de dichas gestiones irregulares.

Lo más que hace, la Legislatura, es girar oficio a la Sindicatura municipal, para que en un plazo, que no exceda de 60 días, “se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se ejerciten las acciones legales a que haya lugar y las procedentes para el resarcimiento del daño patrimonial que en su caso se hubiese ocasionado, informando al Congreso del Estado para los efectos legales conducentes”. Meras simulaciones.

Fueron en total 118 observaciones, hechas a las cuentas públicas del 2011, del Ayuntamiento que encabezó el empresario priísta Carlos Walterio Bustamante Anchondo. Que se sepa, la Síndico Procuradora, Yolanda Enríquez, salvo prueba en contrario, nunca aplicó las medidas correctivas, ni ejercitó acción legal alguna, para el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al gobierno municipal de Tijuana.

Y no lo hizo, por la simple y sencilla razón, que en la mayoría de tales irregularidades, la Síndico fue co-partícipe. Como parte del Cabildo, levantaba la mano, en señal de aprobación, cuantas veces se planteó alguna propuesta, aunque fuese improcedente. Como ocurrió en el asunto del arrendamiento de las luminarias, que también ella suscribió. Como dicen, “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.